El régimen cubano publicó este lunes la ley que pone en marcha la reorganización de su aparato estatal, una reforma anunciada meses atrás que reduce de 27 a 21 los organismos centrales y contempla la redistribución de trabajadores y recursos entre ministerios.
La Ley 186 «De Organización de la Administración Central del Estado», publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria num. 90 del 2 de noviembre, entrará en vigor el próximo día 9 y concede hasta un año para completar los cambios administrativos.
¿Qué ministerios cambian con la nueva ley?
La reorganización contempla la integración de funciones anteriormente repartidas entre diferentes organismos estatales.
Entre las principales modificaciones figura el Ministerio de Agricultura y Alimentación, que concentrará competencias sobre agricultura, industria alimentaria, azúcar y pesca.
También se establece el Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de la planificación económica, las finanzas públicas, el presupuesto y la política tributaria.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos asumirá responsabilidades sobre vivienda, urbanismo, recursos hidráulicos y medio ambiente.
La reforma establece igualmente los ministerios de Educación Superior, Ciencia e Innovación; Industrias y la Construcción; e Información y Comunicación Social.
Este último tendrá competencias sobre la política estatal de comunicación social, la publicidad, el patrocinio y determinados procesos relacionados con la organización de los medios de comunicación.
¿Qué plazos establece la ley y qué pasará con los trabajadores?
La legislación dispone que los responsables de los organismos estatales tendrán hasta un año para realizar los movimientos organizativos correspondientes y traspasar los recursos humanos, materiales y financieros a las instituciones que asuman las nuevas competencias.
El texto no especifica qué ocurrirá individualmente con los empleados de las estructuras que desaparezcan o se fusionen.
La incertidumbre laboral adquiere especial relevancia después de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunciara en julio la eliminación de más de 92,000 cargos en los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación.
Según la versión oficial, se trataba principalmente de plazas administrativas vacantes, por lo que aquella cifra no equivale necesariamente al número de trabajadores que perderán su empleo como consecuencia de la reorganización.
Una reforma anunciada desde abril
La reducción del aparato estatal había sido adelantada en abril por Miguel Díaz-Canel, quien prometió disminuir la burocracia, eliminar estructuras intermedias y hacer más eficiente la administración pública.
En mayo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto que proponía pasar de 27 a 21 organismos centrales. Posteriormente, en junio, se dio a conocer la estructura de los 20 ministerios previstos, junto al Banco Central de Cuba.
La Asamblea Nacional aprobó finalmente la legislación el 30 de julio.
Sin embargo, la versión definitiva publicada este lunes introduce una modificación importante: la entrada en vigor se establece a los siete días de su publicación, frente a los 60 días contemplados en el proyecto divulgado en junio.
Los ministros tendrán, además, hasta 30 días naturales desde la entrada en vigor para presentar los cronogramas destinados a ejecutar los cambios.
Críticas a la reorganización del Estado
La reforma ha provocado cuestionamientos tanto entre especialistas como dentro de las instituciones afectadas.
En agosto, trabajadores y especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) denunciaron que la desaparición de ese organismo se decidió sin consultar suficientemente a sus empleados.
Entre ellos, el jefe del Servicio Sismológico Nacional, Enrique Diego Arango Arias, calificó la medida de «grave error» y cuestionó la falta de participación de los trabajadores en una decisión que afectaba directamente a su institución.
En junio, el economista cubano Pedro Monreal también criticó la estructura ministerial propuesta, especialmente la desaparición del Ministerio de Comercio Interior como organismo independiente y la distribución de las responsabilidades vinculadas a la construcción y la vivienda.
Asimismo, cuestionó la existencia de un ministerio dedicado específicamente a la información y la comunicación social.
La Ley 186 deroga disposiciones que regulaban la Administración Central del Estado desde 1983 y establece un nuevo marco organizativo para el Gobierno cubano.
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