
El régimen cubano impulsa una nueva Ley de Educación que incorpora el uso «crítico y ético» de la inteligencia artificial en las aulas, mientras el sistema escolar atraviesa la crisis más grave en décadas: 24,000 plazas docentes vacantes, apagones de más de 20 horas diarias y menos del 8% de los hogares con acceso a internet.
El anteproyecto de Ley de Educación, en su decimonovena versión y con 243 artículos distribuidos en diez títulos, se encuentra actualmente en consulta popular y será presentado a la Asamblea Nacional en diciembre para su aprobación. El texto derogaría la Ley No. 680 de Reforma Integral de la Enseñanza del 23 de diciembre de 1959, vigente desde los primeros días del castrismo.
El núcleo tecnológico del documento es su artículo 224, que establece que «el Sistema Nacional de Educación promueve la incorporación crítica y ética de tecnologías disruptivas en la gestión educativa, incluyendo inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada y análisis de datos».
Los objetivos declarados abarcan elevar la eficiencia institucional, reducir la brecha digital, garantizar la sostenibilidad ambiental y cumplir las normas de ciberseguridad vigentes.
Sin embargo, el propio texto reconoce en su artículo 223 la contradicción que subyace a toda esta ambición: la utilización de recursos digitales deberá acompañarse de «apoyos y alternativas que eviten la exclusión de estudiantes por falta de conectividad, dispositivos o condiciones de accesibilidad».
El documento no fija plazos, presupuestos concretos ni indicadores de cumplimiento para ninguna de estas disposiciones tecnológicas, y no menciona en ningún momento la crisis energética ni los apagones que paralizan el país.
La brecha entre el texto legal y la realidad material es abismal. Las autoridades han reconocido la complejidad de mantener las aulas abiertas por la crisis económica y energética. El curso 2026-2027 arrancó el pasado septiembre con apenas un 73% de cobertura docente y más de 380,000 alumnos sin maestro titular.
Los salarios docentes, fijados entre 6,130 y 7,735 pesos cubanos mensuales —menos de 12 dólares al cambio informal—, explican el éxodo del magisterio. La propia ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, admitió ante EFE que «los ingresos son un tema importante porque a veces es verdad que tenemos movilidad porque los salarios no satisfacen las necesidades de nuestros profesionales».
El anteproyecto también introduce cambios que reflejan el agotamiento del modelo estatal. Por primera vez, el Estado reconoce legalmente la participación del sector privado en el financiamiento educativo, habilitando a los organismos educativos a generar ingresos complementarios mediante fundaciones, empresas interfaz y pequeñas y medianas empresas.
Otra novedad es la legalización de los llamados «repasadores», los profesores particulares cuya actividad había sido expresamente prohibida para maestros en activo en 2022. Trujillo Barreto defendió la medida ante EFE: «al legalizarlo, el diálogo entre la escuela, la familia y el repasador es mucho más abierto. En esas figuras también tenemos que seguirnos respaldando».
El proceso de elaboración del texto se extendió entre 2023 y 2026, con la participación de 410 especialistas y 517 observaciones, de las cuales 462 fueron incorporadas al documento final.
La UNESCO advirtió en mayo de 2026 que la educación cubana está «en riesgo», con más de 2,000 centros necesitando apoyo urgente y más de 400,000 estudiantes con jornadas reducidas. Semanas atrás, las universidades de Cambridge y Nottingham suspendieron sus programas académicos en Cuba por el agravamiento de la crisis, una señal más del deterioro del sistema ante la comunidad internacional.
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