El régimen cubano prepara un anteproyecto de nueva Ley de Educación con 243 artículos que sustituiría la Ley 680 vigente desde 1959, pero el texto llega en medio de una crisis escolar sin precedentes: cerca de 24,000 plazas docentes vacías, más de 380,000 alumnos sin maestro titular y salarios que no alcanzan los 12 dólares mensuales.
El documento, puesto a consulta pública el 21 de octubre y cuya presentación ante la Asamblea Nacional está prevista para diciembre, fue elaborado con la participación de más de 25 organismos bajo la coordinación de los ministerios de Educación y Educación Superior.
La contradicción más llamativa del texto aparece entre sus primeros artículos: el artículo 11 reconoce a los estudiantes el derecho a «expresar libremente sus opiniones» y participar en las decisiones que los afectan, mientras el artículo 12 les impone el deber de «defender los principios de la Revolución, preservando la independencia y seguridad nacional».
El anteproyecto no explica cómo se resolvería un conflicto entre ambas disposiciones, ni qué ocurriría con un alumno que expresara posiciones políticas contrarias al socialismo.
La carga ideológica no se detiene en los estudiantes. El artículo 14 exige al personal docente y no docente «defender la Patria Socialista, los principios de la Revolución y los valores de la sociedad cubana», mantener una preparación político-ideológica permanente y observar un comportamiento ético en redes sociales, sin que el texto defina qué significa eso en la práctica.
El artículo 6 establece que la educación promoverá valores sobre la base del pensamiento «martiano, fidelista, marxista y leninista», y el artículo 50 subordina determinadas instituciones universitarias al Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Mientras el régimen legisla sobre ideología en las aulas, la realidad del curso 2026-2027 es otra. Al arrancar las clases el 1 de septiembre, la cobertura docente nacional apenas rozaba el 73%, con unas 24,000 plazas sin cubrir y más de 380,000 alumnos sin maestro titular, según un balance publicado por el diario estatal Granma.
Camagüey, Holguín, Matanzas y Sancti Spíritus concentraron las mayores carencias. Para tapar el hueco, el Ministerio de Educación recurrió a universitarios en formación, jubilados reincorporados y profesionales de otros sectores.
La causa estructural del éxodo docente es el salario. La Resolución 18/2026, vigente desde el 1 de julio, fijó la escala entre 6,130 y 7,735 pesos cubanos mensuales, equivalentes a menos de 12 dólares al cambio informal, frente a una canasta básica estimada entre 25,000 y 50,000 CUP.
La propia ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, admitió ante la agencia EFE que «los ingresos son un tema importante porque a veces es verdad que tenemos movilidad porque los salarios no satisfacen las necesidades de nuestros profesionales».
Los apagones agravan el cuadro. Al inicio del curso, la Unión Eléctrica pronosticó un déficit de hasta 2,310 MW en el horario pico, con cortes que afectaban al 70% del territorio.
Una escuela primaria de Matanzas acumuló más de 23 días sin electricidad en las primeras semanas del curso.
Ante el colapso, el sector privado tuvo que suplir al Estado. La ministra Trujillo reconoció el 18 de octubre que mipymes y empresas no estatales aportaron alimentos, calzado, ropa y rutas de transporte para los estudiantes, algo que la propia ministra calificó de respuesta significativa.
El anteproyecto recoge esa realidad de forma oblicua: el artículo 239 habilita a los organismos educativos a generar ingresos complementarios mediante fundaciones, empresas interfaz y mipymes, aunque sin abrir la puerta a colegios privados independientes.
La viceministra Marlen Triana Mederos lo explicó así al diario Granma: «Seguimos siendo presupuestados, pero vamos a poder hacer uso de financiamiento complementario para continuar favoreciendo los procesos educativos».
A mediados de octubre, la cobertura docente había subido al 86%, pero 11,000 estudiantes seguían sin asistir regularmente a clases y solo el 49% del grupo prioritario contaba con uniforme escolar.
La UNESCO advirtió en mayo de 2026 que la educación cubana está «en riesgo», con más de 2,000 escuelas necesitando apoyo urgente y más de 400,000 estudiantes con jornadas reducidas.
Vídeos relacionados:
Archivado en: