
La administración del presidente Donald Trump presentó una propuesta para endurecer los requisitos que deben cumplir las empresas estadounidenses cuando patrocinan a trabajadores extranjeros para obtener la residencia permanente o green card (tarjeta de residencia).
La reforma podría afectar a cubanos que buscan legalizar su situación migratoria mediante una oferta de empleo, incluidos profesionales, trabajadores especializados y personas que aspiran a puestos que no requieren títulos universitarios.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció la propuesta el lunes y su texto completo fue publicado este martes en el Registro Federal.
Se trata de una reforma del programa de certificación laboral permanente, conocido como PERM, que constituye un paso previo para la mayoría de las solicitudes de residencia patrocinadas por empleadores bajo las categorías EB-2 y EB-3.
La propuesta todavía no cambia las reglas vigentes ni suspende las solicitudes en trámite. El Gobierno abrió un período de comentarios públicos que finalizará el 19 de enero de 2027.
Después deberá evaluar las observaciones recibidas antes de decidir si adopta una norma definitiva y en qué términos.
El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, defendió la reforma al afirmar que los trabajadores estadounidenses merecen tener prioridad en las oportunidades laborales.
Según expresó en el comunicado oficial, el cambio busca que los ciudadanos y demás trabajadores protegidos por las normas de contratación sean los primeros considerados para empleos especializados y bien remunerados.
La iniciativa, que recibió la revisión de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca el 23 de octubre, representa el intento más amplio de modificar las reglas del programa PERM en casi dos décadas.
¿Qué cambiaría para conseguir una residencia por trabajo?
Actualmente, cuando una empresa desea patrocinar a un trabajador extranjero mediante una categoría que requiere PERM, debe demostrar que no dispone de trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos y cualificados para ocupar el puesto ofrecido, y que la contratación no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de otros empleados similares.
La empresa es la responsable de realizar el proceso de reclutamiento y presentar la solicitud de certificación laboral. Una vez aprobada, normalmente puede continuar con una petición de inmigrante I-140 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La certificación PERM, por sí sola, no concede residencia ni autoriza automáticamente a trabajar.
La nueva propuesta obligaría a los empleadores a realizar campañas de contratación más amplias, con un período mínimo de reclutamiento de 90 días.
También sustituiría determinados anuncios tradicionales en periódicos por métodos digitales, como sitios web de empresas, portales de empleo y redes sociales, según las prácticas habituales de contratación de cada negocio.
Además, las empresas tendrían que documentar con mayor detalle cómo buscaron candidatos, quiénes solicitaron el puesto y por qué fueron descartados los aspirantes estadounidenses que reunían los requisitos.
Otro cambio importante afectaría a las compañías que han despedido trabajadores. La propuesta impediría presentar nuevas solicitudes PERM cuando el empleador hubiera despedido, durante los dos años anteriores, a trabajadores estadounidenses que desempeñaban funciones iguales o similares en la misma zona laboral.
Las empresas también tendrían nuevas obligaciones de notificación si realizan despidos durante la tramitación de una certificación laboral o de la correspondiente petición de inmigrante.
Uno de los sectores que podría enfrentar cambios especialmente importantes es el sanitario. El Departamento de Trabajo propone eliminar la llamada Schedule A (Lista A), una excepción que actualmente permite a las empresas patrocinar a determinados enfermeros profesionales, fisioterapeutas y personas con capacidades excepcionales sin completar el procedimiento ordinario de reclutamiento PERM.
Si se aprueba la eliminación de esa excepción, los empleadores que patrocinen a esos profesionales tendrían que realizar el proceso de certificación laboral correspondiente.
La propuesta no significa que todas las solicitudes EB-2 estén obligadas a utilizar PERM: continuarían existiendo categorías y excepciones establecidas por la legislación migratoria, como determinadas peticiones de exención por interés nacional.
¿Qué ocurre con las solicitudes que ya están en marcha?
El proyecto publicado este martes incluye disposiciones para evitar que una eventual reforma se aplique indiscriminadamente a las certificaciones presentadas bajo las reglas anteriores.
El Departamento de Trabajo propone utilizar la fecha de presentación de la solicitud PERM o de la determinación salarial correspondiente para establecer qué normativa debe aplicarse.
También plantea un período de transición de 90 días, contado a partir de la publicación de una futura regla definitiva: 60 días antes de su entrada en vigor y otros 30 para completar la adaptación.
Esto significa que los expedientes presentados antes de la fecha de transición prevista podrían continuar procesándose bajo la normativa anterior. No obstante, ese mecanismo también forma parte de la propuesta y sus detalles podrían modificarse antes de la aprobación definitiva.
Por ahora, quienes tengan una certificación PERM pendiente no necesitan presentar nuevamente su solicitud a causa de este anuncio. Tampoco existe una orden general que obligue a suspender los procesos de residencia por empleo.
Las personas que estén preparando una solicitud deberían revisar con su empleador y su abogado de inmigración qué etapa han completado, si cuentan con una determinación salarial vigente, cuándo corresponde realizar el reclutamiento y qué documentación deben conservar. Presentar precipitadamente un expediente incompleto podría ocasionar problemas distintos a los que pretende evitar la reforma.
Las empresas, incluidos los negocios cubanoamericanos que patrocinan trabajadores, también pueden examinar cómo les afectarían los requisitos propuestos, especialmente si han realizado despidos o dependen de contrataciones internacionales para cubrir determinados puestos.
Las observaciones públicas podrán enviarse hasta el 19 de enero de 2027 mediante Regulations.gov, en el expediente ETA-2026-0133. El texto definitivo, si llega a aprobarse, determinará cuándo y cómo entrarían en vigor los cambios.
¿Cómo afectaría a los cubanos que buscan una green card?
Para los cubanos que cuentan con una empresa dispuesta a patrocinarlos, la reforma podría traducirse en procesos de contratación más largos, mayores exigencias documentales y más dificultades para las compañías que hayan realizado despidos recientes.
La categoría EB-2 está dirigida principalmente a profesionales con títulos avanzados o personas que demuestren capacidades excepcionales, mientras que EB-3 incluye trabajadores especializados, profesionales y otros empleados que pueden desempeñar ocupaciones para las cuales no se exige necesariamente una carrera universitaria.
Así, un cubano que aspire a una residencia patrocinada por una empresa de construcción, un restaurante, un centro sanitario o una compañía tecnológica podría encontrarse con nuevas condiciones para que su empleador demuestre que intentó contratar primero a trabajadores estadounidenses.
El posible endurecimiento llega en un momento especialmente delicado para numerosos cubanos que no han logrado obtener la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
Este mismo martes, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito determinó que el formulario I-220A no equivale, por sí solo, a un parole (permiso de permanencia temporal) válido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
El fallo supone otro obstáculo para quienes fueron liberados bajo supervisión después de ingresar al país y esperaban obtener la residencia por esa vía.
Sin embargo, conseguir un patrocinador laboral tampoco resuelve automáticamente los problemas migratorios de una persona con I-220A.
Para ajustar su estatus dentro de Estados Unidos, el solicitante debe cumplir requisitos adicionales relacionados con su entrada al país, su historial migratorio y las excepciones legales que correspondan.
En otros casos, puede ser necesario recurrir a un trámite consular, cuyas posibilidades y riesgos dependen de cada situación.
En mayo de este año, USCIS también anunció una interpretación más restrictiva sobre el ajuste de estatus de determinados extranjeros con visas temporales, lo que provocó preocupación entre inmigrantes que esperaban obtener la residencia sin salir del territorio estadounidense.
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