
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (R-FL-27) anunció esta semana la incorporación de 16 nuevos copatrocinadores al proyecto de Ley DIGNIDAD (H.R. 4393), con lo que el respaldo a la iniciativa alcanza los 56 legisladores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Entre los nuevos apoyos destaca el congresista de origen cubano Carlos Giménez (R-FL-28), quien se incorporó formalmente el 9 de noviembre, según el registro del Congreso.
Los otros 15 nuevos copatrocinadores son demócratas, entre ellos Steven Horsford, Angie Craig, Seth Moulton, Raja Krishnamoorthi, Sharice Davids y Josh Gottheimer.
El anuncio supone un nuevo avance para una propuesta presentada en julio de 2025 por Salazar y la demócrata Verónica Escobar, cuyo respaldo ha pasado de 35 legisladores a principios de 2026 a los actuales 56.
«Dieciséis miembros más del Congreso se suman a una iniciativa que ha ido creciendo durante todo el año, tanto en el Capitolio como en todo el país. Esto demuestra que republicanos y demócratas aún pueden unirse para encontrar una solución a la crisis migratoria de Estados Unidos», declaró Salazar en su comunicado oficial.
La congresista defendió que su propuesta busca combinar el control migratorio con soluciones para los inmigrantes que llevan años establecidos en el país.
«Estamos construyendo una coalición en torno a un principio sencillo: Estados Unidos puede tener ley y orden, prosperidad económica y dignidad humana. No tenemos que elegir», afirmó.
Carlos Giménez se suma a una propuesta con implicaciones para los cubanos
La incorporación de Giménez resulta especialmente significativa para los cubanos que esperan una solución a su situación migratoria, particularmente quienes fueron liberados por las autoridades estadounidenses con el formulario I-220A.
El legislador ha participado, junto con Mario Díaz-Balart y la propia Salazar, en gestiones ante la administración federal para buscar alternativas para este colectivo, que enfrenta dificultades para obtener la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.
Su adhesión al proyecto refuerza el respaldo de los congresistas republicanos cubanoamericanos de Florida a una iniciativa que combina medidas de seguridad fronteriza, reformas al sistema migratorio y mecanismos de regularización para determinados inmigrantes.
¿Qué cambiaría para los inmigrantes si se aprueba la Ley DIGNIDAD?
El proyecto contempla la creación del Programa Dignidad, dirigido a determinados inmigrantes indocumentados que puedan demostrar presencia física continua en Estados Unidos desde el 31 de diciembre de 2020.
Los solicitantes tendrían que someterse a verificaciones biométricas y de antecedentes, cumplir los requisitos legales establecidos y realizar un pago inicial de al menos 1,000 dólares.
Durante su participación, de siete años, recibirían una suspensión temporal de las medidas de deportación, además de autorización para trabajar y viajar conforme a las condiciones del programa.
También deberían informar periódicamente de su domicilio y situación personal, cumplir sus obligaciones fiscales y laborales y efectuar pagos de restitución hasta completar 7,000 dólares, con determinadas excepciones.
El texto establece, además, un gravamen del 1 % sobre los ingresos laborales sujetos a esa disposición.
Tras completar satisfactoriamente el programa, los beneficiarios podrían obtener un estatus legal de no inmigrante denominado Dignity Status, con una vigencia de siete años y posibilidad de renovación sucesiva.
Ese mecanismo no concede automáticamente la residencia permanente ni la ciudadanía estadounidense.
A diferencia de la propuesta legislativa de 2023, la versión de 2025 no incluye el antiguo Programa Redención como una vía general de acceso a la residencia.
No obstante, contempla disposiciones que podrían facilitar el ajuste de estatus por otras vías legales cuando se cumplan los requisitos correspondientes.
El proyecto también establece medidas específicas para los jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers, que podrían acceder a la residencia permanente bajo determinadas condiciones.
La disposición que podría beneficiar a cubanos con I-220A
Para los cubanos, una de las disposiciones más importantes aparece en la sección 1503(e) del proyecto.
Ese apartado establece que, a efectos de la Ley de Ajuste Cubano, las personas liberadas en Estados Unidos mediante una orden de libertad bajo palabra (Order of Release on Recognizance) emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) hasta el 31 de enero de 2023, inclusive, serían consideradas como personas que recibieron un parole.
La medida podría abrir una vía para que determinados cubanos con I-220A soliciten la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano, siempre que cumplan los demás requisitos exigidos.
Sin embargo, el beneficio no abarcaría automáticamente a todas las personas con un I-220A.
Sería necesario comprobar las circunstancias de la liberación, la autoridad que emitió el documento y los restantes requisitos migratorios.
La relevancia de esta propuesta aumentó tras el fallo del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito del 17 de noviembre, que determinó que la liberación bajo la sección 1226 de la legislación migratoria estadounidense no equivale al parole humanitario necesario para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
La sentencia establece un precedente vinculante en Florida, Georgia y Alabama sobre esa cuestión jurídica.
Si el Congreso aprobara la disposición propuesta por Salazar, podría cambiar el tratamiento legal de determinados casos que actualmente encuentran ese obstáculo. No obstante, la iniciativa todavía no tiene efectos jurídicos.
Más respaldo político, pero sin aprobación del Congreso
Según el comunicado de Salazar, la Ley DIGNIDAD cuenta también con el apoyo de más de 100 organizaciones nacionales vinculadas a sectores empresariales, agrícolas, industriales, religiosos y defensores de la reforma migratoria.
La iniciativa ha recibido además el respaldo formal del grupo bipartidista Problem Solvers Caucus, integrado por legisladores que promueven acuerdos entre republicanos y demócratas.
El proyecto, sin embargo, continúa generando resistencia entre sectores republicanos que consideran que sus mecanismos de regularización equivalen a una amnistía.
El congresista Brandon Gill lo calificó de «amnistía masiva», una interpretación rechazada por Salazar, quien insiste en que su propuesta exige controles, cumplimiento de la ley y responsabilidades económicas para los beneficiarios.
La Ley DIGNIDAD todavía no ha sido aprobada. Presentada el 15 de julio de 2025, fue remitida a siete comités de la Cámara de Representantes y no ha superado el trámite legislativo necesario para convertirse en ley.
El aumento de copatrocinadores no implica su aprobación ni garantiza una votación. Para entrar en vigor, la iniciativa tendría que obtener el respaldo de ambas cámaras del Congreso y la firma presidencial.
Vídeos relacionados:
Archivado en: