
El congresista cubanoamericano Carlos Giménez confrontó públicamente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes celebrada el miércoles, al afirmar que la administración Trump ha ido demasiado lejos en la aplicación migratoria.
El legislador republicano fue explícito en lo que no objeta: «No tengo ningún problema con cerrar la frontera; no tengo ningún problema con deportar a delincuentes; no tengo ningún problema con deportar a pandilleros, terroristas, etc., ni a personas con órdenes de deportación activas». Pero añadió: «Simplemente creo que han ido un poco demasiado lejos».
La crítica apunta directamente al trato que reciben personas con protecciones migratorias temporales, una categoría que incluye a miles de cubanos con formulario I-220A o con parole revocado que enfrentan detenciones y deportaciones a terceros países.
Las tensiones dentro del propio Partido Republicano sobre los límites de las deportaciones reflejan un debate que sigue evolucionando. Sigue de cerca todos los desarrollos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Mullin no cedió terreno. Reconoció que la aplicación ha sido agresiva, pero rechazó cualquier responsabilidad discrecional: «Insto al Congreso a que, si quieren cambiar las leyes que debo hacer cumplir, los estatutos por los que me rijo, háganlo, y también los haré cumplir. No estoy eligiendo qué ley aplico y cuál no».
En la misma sesión, el secretario declaró ante la congresista demócrata LaMonica McIver que «nunca» pedirá perdón por el trabajo de su departamento, y trasladó parte de la responsabilidad por decisiones anteriores a su predecesora Kristi Noem, destituida por Trump en marzo de 2026.
La intervención de Giménez llega tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que dejaron resultados ajustados para los republicanos del sur de Florida: el propio Giménez ganó la reelección con apenas siete puntos de ventaja, frente a los 29 puntos de diferencia que obtuvo en 2024. Los republicanos del sur de Florida atribuyeron esos márgenes al descontento de los votantes hispanos con la política migratoria.
El propio Giménez lo dijo sin ambages en Fox News días atrás: «Tenemos una gran cantidad de hispanos aquí que no les gustó la aplicación de la ley de inmigración».
El trasfondo para la comunidad cubana es especialmente grave. Un día antes de la audiencia, el Undécimo Circuito de Apelaciones determinó que el formulario I-220A no equivale al parole humanitario exigido por la Ley de Ajuste Cubano, dejando en situación de mayor vulnerabilidad a miles de cubanos que ingresaron al país entre 2021 y 2023.
A eso se suman las deportaciones a terceros países: aproximadamente 6,000 cubanos fueron trasladados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026, y al menos 92 fueron enviados a la República Centroafricana en vuelos realizados entre junio y agosto de este año.
En el plano legislativo, Giménez se sumó el 9 de noviembre a la Dignity Act de la congresista María Elvira Salazar, que busca ofrecer una vía migratoria para cubanos con I-220A. La propuesta acumula 56 copatrocinadores y ha sido remitida a siete comités de la Cámara, pero aún no ha sido sometida a votación en el pleno.
Por su parte, Mario Díaz-Balart, que en contiendas anteriores ganaba por cerca de 40 puntos, retuvo ahora su escaño por apenas 1,704 votos, con un margen de menos de un punto porcentual. El político, también de origen cubano, descalificó la ofensiva migratoria de la Casa Blanca. «No solo era un gran error político, sino, más importante, que era una mala política».
El propio Trump expresó en una entrevista con 60 Minutes, de CBS, que sus políticas de deportación pudieron haber sido «demasiado duras» y que probablemente perjudicaron a los republicanos en las urnas.
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