Miguel Díaz-Canel dedicó este miércoles el quinto episodio de su programa radial quincenal «Criterio Compartido» al fenómeno del «peloteo institucional»: la práctica de trasladar una queja ciudadana de organismo en organismo sin que nadie asuma responsabilidad ni ofrezca solución concreta.
El episodio, titulado «Ninguna queja sin respuesta», se transmitió desde las 7:15 de la mañana por Radio Rebelde y la cadena nacional de emisoras cubanas, con una duración de aproximadamente una hora y 17 minutos. Sin embargo, los primeros 26 minutos no aportaron información nueva: fueron dedicados al recuento y seguimiento del programa anterior.
«Aquí llegamos a expresiones que son intolerables, que es el regaño (desde las instituciones) a las personas que hacen las quejas. Eso es una falta de respeto y a quienes hay que regañar es a quienes actúan así. Hay que regañarlos por indolentes e insensibles con la población», dijo Díaz-Canel.
Los casos de «peloteo institucional» abordados en el espacio afectan cuestiones esenciales de la vida cotidiana de los cubanos. Entre ellos destacan los locales asignados oficialmente que nunca llegan a entregarse, interrupciones del servicio eléctrico cuyo restablecimiento, según los reclamos, lleva meses pendiente, demoras injustificadas en la atención a jubilados y trámites que pasan de una oficina a otra sin solución.
Son situaciones en las que los ciudadanos deben acudir reiteradamente a distintas instituciones para reclamar derechos o servicios básicos, mientras las responsabilidades se diluyen entre organismos y funcionarios.
Díaz-Canel aseguró que cada llamada recibida en el programa queda registrada y es respondida desde las estructuras del Partido y el Gobierno.
En este programa radial, el mandatario vinculó la eficacia burocrática con la cohesión política del sistema: «Donde se quiebra la institución cubana se quiebra nuestra unidad. Es una premisa preservar la unidad», dijo.
También sostuvo que la principal responsabilidad de las instituciones es «escuchar al pueblo y no quedarnos en la escucha», entendiendo que escuchar debe traducirse en organizar, planificar, actuar y controlar.
La crisis del agua dominó la primera parte del programa. De las 41 quejas recibidas en emisiones anteriores, 18 correspondían al abasto de agua, consolidándose como la principal preocupación de la audiencia. Del total de 46 casos revisados —41 quejas y cinco opiniones—, solo 20 habían sido solucionados, mientras que 13 permanecían pendientes de respuesta por falta de recursos.
Díaz-Canel insistió en que las limitaciones materiales no justifican el silencio institucional y que ninguna queja debe quedar sin respuesta aunque la solución definitiva no pueda ejecutarse de inmediato.
Durante el programa intervino Yaliet Peña, viceministra primera de Justicia, quien recordó que la Ley 167, vigente desde el 13 de marzo de 2025, regula la atención a las quejas y peticiones ciudadanas.
Peña explicó que las instituciones estatales y las entidades que prestan servicios públicos tienen la obligación de responder a las reclamaciones en un plazo general de 30 días naturales, con respuestas oportunas, fundamentadas y ajustadas a los procedimientos establecidos.
Además, señaló que los ciudadanos pueden acudir a los tribunales cuando se vulneren sus derechos y recomendó conocer esta legislación para exigir su cumplimiento.
Díaz-Canel presentó su propio programa como un modelo de cómo deben funcionar los servicios públicos en Cuba, una afirmación que resulta llamativa cuando la crisis del agua afecta a más de 2,6 millones de cubanos y el 66% de las fallas se atribuye a la falta de electricidad para operar las estaciones de bombeo.
El «peloteo institucional» que el programa dice combatir es un fenómeno ampliamente documentado en la Isla. Vecinos de San Miguel del Padrón denunciaron un año de apagones y falta de agua sin obtener respuesta de la Unión Eléctrica, Etecsa ni el gobierno municipal, y calificaron las gestiones de «demagogia y peloteo».
En el episodio anterior, dedicado a la crisis hídrica, Díaz-Canel reconoció que solo nueve de 23 quejas del programa previo habían sido resueltas, un 39% de efectividad que el propio mandatario calificó como insuficiente.
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