Alina Bárbara López anuncia que este miércoles hará su protesta pacífica a las puertas del Tribunal Provincial de Matanzas

Alina Bárbara López Hernández © Facebook / Alina Bárbara López Hernández
Alina Bárbara López Hernández Foto © Facebook / Alina Bárbara López Hernández

La  historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández anunció en Facebook que su protesta pacífica mensual no se realizará este miércoles en su lugar habitual —el Parque de la Libertad de Matanzas— sino frente al Tribunal Provincial Popular de esa ciudad, en respuesta a lo que califica como una maniobra política para bloquear su proceso penal.

El detonante del cambio de escenario es la sustitución del presidente de ese tribunal, decidida el 20 de octubre por el Tribunal Supremo Popular. El órgano jurisdiccional acordó trasladar a José Ángel Fernández Castañeda —hasta entonces al frente del Tribunal Provincial de Camagüey— para asumir la presidencia del tribunal matancero, en sustitución de Humberto González Figueroa.

La coincidencia de fechas resulta llamativa: ese mismo 20 de octubre, la Oficina de Atención a la Población del Tribunal Provincial había comunicado a López Hernández y a la socióloga Jenny Pantoja Torres que la vista oral de su causa se celebraría «próximamente». Apenas cinco días antes, el 15 de octubre, ambas habían acudido personalmente al tribunal a exigir que se convocara el juicio, paralizado desde hace más de un año y medio.

«Las casualidades no existen en casos así. Es evidente que el traslado de un funcionario de otra provincia tiene que ver con nuestra visita al Tribunal Provincial. Arriesgo la hipótesis de que el presidente saliente no quisiera seguir postergando la vista oral y eso determinó su sustitución. Es especulativa, sí, pero tiene toda la lógica del mundo», escribió la activista.

Captura de Facebook / Alina Bárbara López Hernández

El proceso penal contra López Hernández y Pantoja Torres arrancó en junio de 2024 cuando ambas fueron interceptadas por agentes policiales cuando se dirigían a La Habana para participar en una protesta.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para López (por atentado, desacato y desobediencia) y tres años para Pantoja (por atentado). El juicio, fijado para el 30 de enero de 2026, fue suspendido en el último momento por la jueza Ysenia Rodríguez Vázquez con la justificación de una «reorganización de la actividad judicial», sin que se fijara nueva fecha.

Desde entonces, ambas permanecen bajo medidas cautelares de reclusión domiciliaria y regulación —prohibición de salir del país— impuestas por el propio Tribunal Municipal, la misma institución que se niega a convocar el juicio.

López denuncia la paradoja que eso genera: «Saldré mañana alrededor del mediodía, si soy detenida por la PNR, como casi siempre pasa, se creará una tremenda paradoja: me advertirán que incumplo la reclusión domiciliaria por protestar para que se cumpla la ley de procedimiento penal».

La activista también presentó una denuncia por «prevaricación» ante la Fiscalía Provincial de Matanzas contra la presidenta del Tribunal Municipal, a quien acusa de dilatar maliciosamente el proceso. Advirtió que si el nuevo presidente del tribunal provincial ignora esa denuncia, quedará demostrado que «el relevo tiene detrás a Contrainteligencia, que extiende sus redes e involucra en una trama delictiva a todas las instituciones».

En lo que va de año, López Hernández ha sido detenida al menos cinco veces al intentar realizar su protesta mensual, con retenciones de hasta 12 horas.

El 31 de octubre relató públicamente la golpiza que sufrió a manos de agentes de la Policía durante una de esas detenciones.

La protesta mensual de López Hernández comenzó en marzo de 2023, vinculada al centenario de la Protesta de los Trece encabezada por Rubén Martínez Villena, con demandas de amnistía para presos políticos, fin de la represión y una Asamblea Constituyente.

Este miércoles, el cartel que portará frente al tribunal exigirá el cumplimiento de la Ley de Procedimiento Penal. «El único antídoto ante la arbitrariedad y el despojo es el ejercicio decidido de nuestros derechos ciudadanos», concluyó la activista.

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