
Yohamnys Thomas González lleva más de 23 años encerrado en la prisión de Guanajay, en Artemisa, condenado a cadena perpetua por su participación en el secuestro de la lancha Baraguá en 2003. Este miércoles, la activista e historiadora del arte Anamely Ramos publicó su caso en Facebook como parte de una serie dedicada a los llamados «cadenas»: cubanos que cumplen condenas de veinte años o más sin perspectiva real de libertad.
El 2 de abril de 2003, once personas tomaron el control de la embarcación Baraguá, que cubría la ruta entre Regla y La Habana Vieja, con el propósito de alcanzar las costas de Estados Unidos. La lancha se quedó sin combustible y fue remolcada de regreso a Cuba. El episodio no dejó muertos ni heridos entre los pasajeros; varios de ellos, incluidas ciudadanas extranjeras, estuvieron dispuestos a testificar que no fueron maltratados, pero sus declaraciones no fueron tomadas en cuenta durante el proceso.
El juicio sumarísimo se celebró entre el 5 y el 8 de abril de ese mismo año. Tres de los acusados —Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac— fueron condenados a muerte y fusilados en la madrugada del 11 de abril, apenas nueve días después del secuestro y tres días después de la sentencia.
Las familias no pudieron despedirse. Según relató Ramos, la madre de Lorenzo, Ramona Castillo, recibió la tarde anterior la garantía de un coronel de que la sentencia no estaba firme. «A las cinco de la mañana del día siguiente fueron a avisarle que su hijo había sido ejecutado y ya estaba enterrado», escribió la activista.
Yohamnys fue uno de los cuatro hombres condenados a cadena perpetua en aquel proceso, junto a Maykel Delgado Aramburo, Harold Alcalá Aramburo y Ramón Henry Grillo. Entró a prisión con 24 años y hoy cumple condena en el área de máxima seguridad de Guanajay, la misma donde permanece Joel Dorta García, cuyo caso Ramos publicó la semana pasada como primera entrega de esta serie.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado cubano violó los derechos a la vida, a la justicia y al debido proceso de los tres jóvenes fusilados, al juzgarlos sin las debidas garantías. Ramos calificó el proceso como «la cortina de humo de una decisión tomada a dedo y ejecutada de inmediato, más al estilo de una ejecución extrajudicial».
Todos los intentos de revisión judicial han fracasado. La Fiscalía rechazó revisar la causa en 2019; el Tribunal Supremo negó el indulto a Delgado y Alcalá en junio de 2020. El indulto masivo de 2,010 personas anunciado por el régimen en abril de 2026 excluyó expresamente a quienes cometieron «delitos contra la autoridad», categoría bajo la que suelen encuadrarse los casos de presos políticos.
Cubalex advirtió en octubre de 2026 que la cadena perpetua en Cuba es incompatible con la protección de los derechos humanos, y que la legislación cubana solo permite valorar excepcionalmente la libertad condicional de un condenado a perpetua después de 30 años de reclusión, lo que significa que Yohamnys no podría acceder a ese mecanismo hasta 2033 como mínimo.
Ramos destacó que Yohamnys está próximo a ser padre por primera vez, y que ese nacimiento renueva su esperanza en un indulto. «El cuerpo de Yohamnys no es el mismo, mucho menos su mente, pero aún tiene ganas de salir al mundo y moverse más allá de los tres o cuatro espacios cerrados que lo han rodeado por más de veinte años», escribió.
«Que vuelvan a casa, abracen a sus familias y vivan los años que les quedan con un poco de paz, sería TODO para ellos y mucho, muchísimo, para ese país que existe todavía en nuestro deseo, y que no podemos dejar de soñar», concluyó la activista.
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