
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, respondió a las autoridades de Doral con una opinión jurídica que advierte que cancelar un acuerdo de cooperación migratoria ya vigente con ICE, sin una justificación suficiente, probablemente violaría la legislación estatal contra las llamadas ciudades santuario, complicando los intentos de poner fin al convenio que mantiene la policía de esa ciudad del condado de Miami-Dade.
La respuesta fue enviada el miércoles a la alcaldesa Christi Fraga y está firmada por el fiscal general adjunto Greg Slemp, según informó este jueves Florida's Voice.
El documento responde a dos preguntas centrales: si los municipios están obligados a suscribir acuerdos del programa federal 287(g) y si pueden retirarse de los que ya firmaron.
La conclusión establece una diferencia importante entre ambas situaciones. Según Slemp, negarse a firmar un convenio 287(g) no constituye, por sí solo, una violación de las leyes de Florida, aunque puede servir como indicio de una política santuario ilegal dependiendo de las circunstancias.
Sin embargo, el criterio es más restrictivo cuando una ciudad ya ha firmado el acuerdo. En ese caso, rescindirlo sin motivos suficientemente justificados podría demostrar, según la Fiscalía, que el gobierno municipal está obstaculizando la cooperación migratoria y no está realizando sus mejores esfuerzos para apoyar a las autoridades federales.
La interpretación se apoya en dos disposiciones del capítulo 908 de las leyes de Florida. El artículo 908.103 prohíbe las políticas santuario, mientras que el artículo 908.104 exige a las agencias policiales estatales y locales utilizar sus mejores esfuerzos para apoyar la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La opinión contempla la posibilidad de circunstancias excepcionales que justifiquen cancelar un convenio. Como ejemplo, Slemp mencionó una agencia policial de apenas uno o dos agentes, para la cual mantener esa colaboración podría representar una carga desproporcionada. Sin embargo, señaló que Doral no se encuentra en esa situación.
El pronunciamiento representa un obstáculo importante para los residentes, comerciantes y activistas de Doral que llevan meses reclamando el fin del acuerdo, especialmente en una ciudad con una numerosa población venezolana y una importante comunidad cubana.
La respuesta que esperaba Doral ya existe
La posición de la Fiscalía se conoció apenas un día después de que el Concejo Municipal de Doral aplazara nuevamente el debate sobre su colaboración con ICE, mediante una votación de cuatro votos contra uno.
La moción presentada por el vicealcalde Rafael Pineyro condicionó la discusión a recibir la opinión jurídica solicitada por Fraga. La concejala Maureen Porras, quien impulsa la revisión o cancelación del convenio, fue la única que votó en contra del aplazamiento.
«Deberíamos discutirlo ahora», declaró Porras al Miami Herald, en desacuerdo con la decisión de posponer nuevamente el asunto.
La alcaldesa había solicitado orientación a Uthmeier semanas atrás, y ambos tienen prevista una reunión a principios de diciembre.
La respuesta firmada por Slemp adelanta una posición desfavorable a la cancelación del acuerdo, aunque la cita todavía podría servir para discutir sus implicaciones y las opciones que tendría el municipio.
La opinión jurídica no constituye una nueva ley ni una sentencia judicial vinculante. Se trata de la interpretación de la Fiscalía General sobre normas estatales que ya están vigentes.
No obstante, los antecedentes en otras ciudades de Florida muestran que esa interpretación puede ejercer una presión considerable sobre los funcionarios municipales.
El abogado municipal Lorenzo Cobiella ya había advertido anteriormente que incluso debatir la rescisión del acuerdo podría exponer a la ciudad y a sus concejales a posibles consecuencias legales.
Las organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen una interpretación diferente. Sam Lester, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Florida, ha afirmado que los municipios pueden abandonar voluntariamente estos acuerdos y ha cuestionado que el gobernador tenga autoridad para destituir a funcionarios simplemente por adoptar esa decisión.
La controversia radica en que la legislación de Florida exige expresamente participar en el programa 287(g) a los responsables de centros de detención de los condados, pero no establece esa misma obligación de manera explícita para todas las policías municipales.
¿Qué significa para los cubanos y venezolanos de Doral?
Para las familias inmigrantes de Doral, la respuesta de Uthmeier reduce las posibilidades de que las autoridades locales cancelen el convenio sin enfrentarse a un conflicto con el gobierno estatal.
Sin embargo, no significa que las reglas migratorias hayan cambiado este jueves ni que la policía municipal haya comenzado automáticamente a ejercer nuevas facultades.
De hecho, Doral reconoce que ninguno de sus agentes ha recibido todavía la capacitación necesaria para actuar bajo el programa 287(g), pese a que la ciudad aprobó su participación en abril de 2025 y formalizó el acuerdo en enero de 2026.
«El año pasado nos aconsejaron aprobar el acuerdo y lo hicimos, pero nuestros agentes no han recibido capacitación para ese fin», admitió el vicealcalde Pineyro durante la discusión municipal.
El programa 287(g) permite que determinados policías locales, después de recibir formación y autorización federal, desempeñen funciones específicas de control migratorio bajo la supervisión de ICE.
Para cubanos con documentos I-220A, venezolanos con parole (permiso de permanencia temporal) y otros inmigrantes con procesos pendientes, la opinión jurídica tampoco modifica por sí misma su situación migratoria individual.
La existencia del convenio debe distinguirse de las facultades que ya tiene ICE para realizar operaciones federales.
Incluso si Doral consiguiera cancelar su participación en el programa, los agentes federales podrían continuar efectuando detenciones y otras actuaciones migratorias en la ciudad, dentro de las atribuciones que les concede la legislación estadounidense.
Esta diferencia fue reconocida por Pineyro, quien advirtió que romper el acuerdo municipal no impediría que ICE continuara operando en Doral.
La controversia tiene también consecuencias para la relación entre residentes y autoridades locales. Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (Caucus Venezolano Estadounidense), expresó durante la reunión municipal que muchas personas temen llamar a la policía por la posibilidad de terminar involucradas en un procedimiento migratorio.
Los comerciantes también denuncian pérdidas. La Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida ha estimado caídas de ventas de entre el 40 % y el 45 % en negocios de la zona, mientras que establecimientos individuales han reportado reducciones todavía mayores en medio del temor generado por los operativos migratorios.
En octubre, activistas y comerciantes habían reclamado públicamente que Doral reconsiderara su convenio con ICE, argumentando que el miedo a las detenciones estaba afectando tanto la vida familiar como la actividad económica de la ciudad.
Uthmeier también advierte a Tallahassee
El fiscal general de Florida utilizó este jueves la opinión enviada a Doral para lanzar una advertencia a Tallahassee, donde los comisionados municipales votaron por unanimidad el miércoles para estudiar el procedimiento que permitiría terminar su propio acuerdo 287(g).
La votación de Tallahassee no canceló el convenio, sino que permitió incluir el asunto en una próxima reunión para examinar tanto el procedimiento de salida como sus posibles consecuencias legales.
En un mensaje publicado en X, Uthmeier recordó que su oficina había comunicado a Doral que retirarse de un acuerdo 287(g) podría demostrar la existencia de políticas santuario prohibidas y la falta de esfuerzos suficientes para apoyar la aplicación de las leyes migratorias federales.
«Apoyar a nuestros socios federales y proteger nuestra soberanía no es opcional, es la ley», afirmó el fiscal general.
El alcalde de Tallahassee, Jeremy Matlow, ha cuestionado esa interpretación y sostiene que la ley estatal no obligaba expresamente a su ciudad a suscribir el convenio. Por su parte, la comisionada Dianne Williams-Cox advirtió sobre las posibles sanciones que podrían enfrentar si deciden cancelarlo.
La disputa refleja las diferencias entre el gobierno estatal y varios municipios sobre los límites de la cooperación policial con ICE.
Los precedentes de Key West y Fort Myers
La presión estatal sobre las ciudades que intentan apartarse del programa 287(g) ya produjo cambios de decisiones en otros municipios de Florida.
En marzo de 2025, el Concejo Municipal de Fort Myers rechazó inicialmente un acuerdo con ICE, pero revirtió su decisión y lo aprobó por unanimidad después de recibir advertencias de Uthmeier sobre posibles sanciones, incluida la destitución de funcionarios.
Algo parecido ocurrió en Key West. En junio de 2025, sus comisionados votaron para anular la colaboración policial con ICE, pero cambiaron de postura tras las amenazas de consecuencias legales y destituciones formuladas por las autoridades estatales.
Los casos de Fort Myers y Key West muestran la presión política y jurídica que pueden enfrentar los municipios que cuestionan estos convenios, aunque la legalidad de cada decisión depende de sus circunstancias y puede ser examinada por los tribunales.
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