La concejal de Doral Maureen Porras anunció este miércoles que evalúa llevar en diciembre una discusión pública ante el Concejo Municipal para revisar o rescindir el acuerdo 287(g) que la ciudad mantiene con ICE, tras meses de presión de residentes y comerciantes que denuncian el impacto devastador de los operativos migratorios en la vida cotidiana de esta ciudad del sur de Florida, según reportó Univision.
El movimiento de Porras llega después de un primer intento fallido: la concejal presentó un memorando para que el tema se incluyera en la sesión del 18 de noviembre, pero el abogado municipal Lorenzo Cobiella rechazó recomendarlo para la agenda, argumentando que incluso una propuesta pública para salir del convenio podría interpretarse como un «repudio anticipado» de las obligaciones de Doral y exponer a la ciudad y a sus concejales a consecuencias bajo la ley estatal de Florida.
«Ayer, presenté un memorando solicitando que el Concejo Municipal discuta el actual acuerdo 287(g) de Doral en la reunión del Concejo de noviembre. El asunto fue rechazado por el Abogado de la Ciudad, Lorenzo Cobiella, y estoy en desacuerdo con la base de esa decisión», escribió Porras en una declaración oficial.
La concejal, que acaba de ganar su reelección por apenas 12 votos tras un recuento manual, fue clara sobre sus intenciones: «Creo que nuestros residentes merecen la oportunidad de que este tema se discuta públicamente con mis colegas, el Abogado de la Ciudad y la comunidad».
El trasfondo legal convierte el debate en una encrucijada para la ciudad. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha advertido que cualquier municipio que cancele o rechace la cooperación migratoria federal podría ser catalogado como «ciudad santuario», lo que acarrearía sanciones civiles, penales y la destitución de funcionarios.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles disputan esa lectura: Sam Lester, de la ACLU de Florida, afirmó que Doral «es libre de abandonar este acuerdo» y que el gobernador «no tiene autoridad para destituir a funcionarios municipales por hacerlo».
La alcaldesa cubanoamericana Christi Fraga —quien admitió en septiembre haber firmado el convenio bajo presión directa del gobernador Ron DeSantis— ha insistido en que la Policía de Doral no ha colaborado con ICE en ninguna redada ni ha enviado agentes al entrenamiento vinculado al convenio.
Un documento oficial reconoce que, hasta la fecha, ningún agente local ha completado la capacitación requerida bajo el programa.
El impacto económico en Doral, ciudad donde cerca del 70% de sus 76,490 habitantes nació fuera de Estados Unidos y unos 27,000 son de origen venezolano, ha sido severo.
La Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida estimó que las ventas de negocios en la zona han caído entre un 40% y un 45% por el miedo a los operativos migratorios.
Eleazar Guevara, propietario de La Sabrosita Parrilla & Grill, contó a CBS Miami que su restaurante llegó a recibir unas 150 personas el 29 de agosto, mientras que ahora no recibe más de 10 clientes diarios. El empresario estimó que su negocio ha caído alrededor del 80% y que está «a punto de perderlo».
El restaurante Pipo Burgers reportó una contracción del 70% en sus ventas, y Al Pastel, un negocio de comida venezolana, cerró sus puertas a finales de octubre con una frase que resume el drama: «Un negocio no se puede mantener con sillas vacías».
A principios de octubre, en una concentración celebrada frente al Ayuntamiento de Doral, activistas exigieron a los funcionarios electos que reconsideraran la colaboración con ICE, respaldados por unas 170 firmas de familias residentes que reclamaban el fin del acuerdo 287(g). «Ya basta. Lo que está viviendo nuestra comunidad es totalmente vergonzoso», dijo Guevara en ese acto.
La sesión del Concejo prevista para el 18 de noviembre transcurrirá sin el debate sobre el 287(g) en la agenda formal. Si Porras logra articular el respaldo necesario, la discusión quedará aplazada para diciembre, cuando la comunidad cubana, venezolana y el resto de residentes de Doral esperan, por fin, ser escuchados.
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