
El Concejo Municipal de Doral bloqueó por segunda vez el debate sobre su acuerdo de cooperación migratoria con ICE, al aprobar por 4 votos contra 1 la moción para aplazar la discusión hasta recibir una opinión jurídica del fiscal general de Florida.
El Nuevo Herald informó que la concejal Maureen Porras intentó por segunda vez, sin éxito, someter a debate público la revisión o cancelación del acuerdo 287(g), el programa federal que permite a agentes policiales locales recibir capacitación para realizar funciones de control migratorio junto a ICE.
Su propuesta fue bloqueada, esta vez a través de una moción del vicealcalde Rafael Pineyro, quien propuso esperar a que el fiscal general James Uthmeier responda a una carta enviada semanas atrás por la alcaldesa Christi Fraga. Está previsto que ambos se reúnan a principios de diciembre.
Porras fue la única que votó en contra del aplazamiento.
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«Deberíamos discutirlo ahora», declaró Porras al Miami Herald, explicando que su voto negativo se debió a que la moción de Pineyro impediría al concejo abordar su propuesta hasta nuevo aviso.
Decenas de activistas pro-inmigrantes que asistieron a la sesión respondieron con dureza. Yareliz Méndez-Zamora, coordinadora de políticas del American Friends Service Committee, lanzó una acusación directa a los concejales: «Son lo suficientemente valientes para pedir los votos de esta comunidad, pero no lo son para protegerla».
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, describió el clima de miedo que viven los residentes: «La gente siente pánico de llamar a la policía porque no sabe si esa llamada podría terminar llevándola a un centro de detención del ICE. ¡Basta de excusas!».
Otro activista calificó el aplazamiento de «acto de extrema irresponsabilidad» y acusó a los funcionarios de cobardía mientras las familias viven con miedo, los negocios pierden clientes y los residentes evitan sus actividades cotidianas.
El primer intento fallido fue rechazado por el abogado municipal Lorenzo Cobiella, quien advirtió que incluso debatir públicamente la salida del acuerdo podría exponer a la ciudad a consecuencias legales bajo la legislación de Florida.
Uno de los datos más llamativos del debate es que Doral reconoce que ninguno de sus agentes ha recibido la capacitación requerida bajo el 287(g), pese a que el acuerdo fue aprobado en abril de 2025 y formalizado en enero de 2026.
«El año pasado nos aconsejaron aprobar el acuerdo y lo hicimos, pero nuestros agentes no han recibido capacitación para ese fin», admitió el propio Pineyro.
El vicealcalde se presentó como el único concejal dispuesto a apoyar la rescisión del acuerdo una vez recibida la opinión legal, pero advirtió que cancelarlo no impediría que ICE continuara operando en Doral. «Si nos preocupa nuestra comunidad latina, debemos empezar a trabajar en una reforma migratoria», afirmó.
El impacto económico de los operativos de ICE en la zona es considerable. La Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida estimó caídas de ventas de entre el 40% y el 45% en negocios del área. Las detenciones de ICE en Doral pasaron de tres en diciembre de 2025 a 17 en julio de 2026.
Unas 17 ciudades de Miami-Dade y Broward tienen acuerdos 287(g), entre ellas Hialeah, Coral Gables, Sweetwater, Hollywood y Davie. Recientemente, los congresistas republicanos cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez admitieron que la ofensiva migratoria de Trump les costó apoyo hispano en Miami.
La próxima cita clave será la reunión entre Fraga y el fiscal general Uthmeier, prevista para principios de diciembre, que podría determinar si el concejo retoma finalmente el debate sobre un acuerdo que, hasta ahora, existe sobre el papel pero no se ha aplicado.
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