
Ramón Labañino Salazar, uno de los cinco agentes cubanos condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con el espionaje, presentó una serie de propuestas para frenar la inflación y abaratar los alimentos en Cuba antes de que termine 2026, , entre ellas establecer topes de precios, aumentar los impuestos sobre determinadas ganancias comerciales y ofrecer descuentos especiales a jubilados y trabajadores de bajos ingresos.
En un artículo publicado este miércoles en la revista oficialista Bohemia, titulado «¿Cómo bajar los precios y la inflación para diciembre de 2026?», Labañino defendió la aplicación inmediata de medidas económicas –según él– para aliviar el deterioro del poder adquisitivo de la población.
«Después de un 2026 tan duro, todos merecemos llegar a diciembre con un respiro económico», afirmó el exespía admitiendo la crisis económica que el régimen no ha sido capaz de resolver.
El exagente, que regresó a Cuba en diciembre de 2014 como parte del acuerdo de restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington, sostiene que es posible reducir los precios mediante una mayor intervención estatal, el control de los márgenes comerciales y la participación de organizaciones de trabajadores en la vigilancia de los establecimientos.
Sus planteamientos no constituyen medidas anunciadas ni aprobadas por el Gobierno cubano, sino propuestas económicas que el propio Labañino considera realizables a corto plazo dentro del modelo socialista.
El autor reconoce la gravedad de la inflación y cita datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), según los cuales los precios aumentaron un 24,85 % entre enero y septiembre de 2026, mientras la inflación interanual alcanzó el 28,44 %.
También señala que el salario mínimo, situado en 3,210 pesos cubanos desde julio según las cifras que presenta en el artículo, continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.
Topar alimentos básicos y sancionar los precios abusivos
Una de las medidas más concretas de Labañino consiste en establecer precios máximos para entre 15 y 20 productos de primera necesidad, entre ellos arroz, frijoles, azúcar, aceite, huevos, carne de cerdo, pollo, leche, papas y viandas.
Propone que esos límites se calculen a partir de los costos de los productores más eficientes y que sindicatos y consejos de trabajadores participen en las comisiones municipales encargadas de comprobar su cumplimiento.
El exagente también reclama reducir los intermediarios en la comercialización de alimentos y considera abusivos los márgenes que multipliquen por 2,5 veces o más el precio de origen de los productos.
Para esos casos plantea investigaciones de oficio, multas proporcionales a las ganancias consideradas excesivas, decomisos de mercancías y la divulgación pública de los nombres de los infractores reincidentes.
Asimismo, propone que cada producto básico tenga una ficha pública con su costo de producción o importación, los márgenes aplicados durante la comercialización y el precio final de venta al consumidor.
Según su planteamiento, las autoridades municipales y la ONEI deberían divulgar mensualmente los precios promedio de los alimentos por provincia, para facilitar la comparación y la vigilancia ciudadana.
Impuestos de hasta el 50 % y descuentos para jubilados
Otra propuesta consiste en aplicar un impuesto temporal de entre el 30 % y el 50 % sobre los márgenes comerciales extraordinarios que superen el promedio del sector, especialmente cuando existan grandes diferencias entre los precios mayoristas y minoristas.
El dinero recaudado se destinaría a un fondo específico para subsidiar temporalmente alimentos básicos, en lugar de incorporarse sin una finalidad concreta al presupuesto estatal.
Para los jubilados y trabajadores que reciben salarios bajos, Labañino plantea descuentos de entre el 20 % y el 30 % en productos esenciales vendidos en establecimientos estatales, cooperativos y puntos de comercialización directa de los productores.
El acceso a estos beneficios se realizaría mediante documentos que acrediten la condición de beneficiario de la asistencia social o los bajos ingresos del trabajador.
El autor también defiende acelerar el cambio de los subsidios generalizados a los productos hacia ayudas dirigidas a personas y hogares de menores ingresos, mediante una canasta de alimentos a precios regulados o transferencias monetarias específicas.
Para financiar esas medidas propone utilizar parte de los ingresos provenientes de los impuestos a los márgenes comerciales extraordinarios y los ahorros obtenidos mediante la sustitución de importaciones.
Un mercado cambiario oficial y mayor producción nacional
Labañino también considera necesario estabilizar el peso cubano mediante un mercado cambiario oficial más transparente, en el que el Estado intervenga para evitar variaciones bruscas del tipo de cambio.
Su propuesta incluye combatir la manipulación de las cotizaciones informales y reducir el financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión de dinero sin respaldo productivo, una práctica que identifica como una de las causas de la inflación.
En el sector agropecuario plantea ampliar la agricultura urbana, suburbana y familiar, abrir más puntos de venta directa y financiar la producción nacional de fertilizantes, piensos y envases para disminuir los costos asociados a las importaciones.
El objetivo, según explica, sería aumentar la cantidad de alimentos disponibles y reducir los gastos que terminan trasladándose al precio que paga el consumidor.
Para supervisar las nuevas medidas propone crear consejos populares de precios en cada municipio, integrados por representantes del Poder Popular, sindicatos, Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y estudiantes.
Estas estructuras recibirían denuncias de la población y revisarían la evolución de los precios, mientras las autoridades locales de Finanzas y Precios tendrían que rendir cuentas públicamente cada mes.
Las experiencias que Labañino presenta como ejemplo
El artículo de Bohemia menciona varias iniciativas comerciales desarrolladas durante 2026 como ejemplos de mecanismos que, a juicio del autor, podrían extenderse a otras localidades cubanas.
Entre ellas aparecen los topes de precios y márgenes comerciales aplicados en Villa Clara y Artemisa, donde las autoridades establecieron límites de hasta el 30 % para determinados márgenes de comercialización.
También destaca las ferias agropecuarias de Guantánamo, los puntos de venta directa de productores en La Habana y los mercados de barrio que ofrecen descuentos frente a otros establecimientos.
Sin embargo, los resultados de estas experiencias también muestran las limitaciones de las rebajas. En octubre, el periódico estatal Juventud Rebelde reconoció que los mercados de barrio, pese a ofrecer descuentos de hasta el 15 %, seguían vendiendo alimentos a precios que muchos consumidores no podían pagar con sus salarios.
La investigación recogió testimonios de compradores que valoraban la disponibilidad de productos y los precios ligeramente inferiores a los de las mipymes, pero que continuaban sin disponer de ingresos suficientes para adquirir los alimentos necesarios.
Labañino reconoce la necesidad de aumentar la producción y reducir la escasez para que los controles de precios tengan resultados.
El exagente rechaza que la solución sea una liberalización general de los precios y defiende que las medidas contra la inflación se apliquen sin abandonar el modelo socialista cubano.
Las propuestas de Labañino, a todas luces realizados desde el oficialismo y la defensa del régimen cubano, contrastan con los análisis de otros economistas sobre la eficacia de los controles estatales.
En octubre, Ayuban Gutiérrez Quintanilla advirtió que los topes de precios han favorecido la corrupción y el traslado de productos al mercado negro, sin resolver las causas de la inflación.
«En Cuba los topes de precios no han dado resultados más allá de unas pocas semanas», afirmó en un análisis publicado en el portal oficialista Cubadebate.
También los economistas Pedro Monreal y Elías Amor criticaron en agosto la reimplantación de topes en varias provincias, apenas semanas después de que el Gobierno eliminara controles nacionales sobre determinados alimentos.
Monreal cuestionó la falta de coherencia de las reformas económicas, mientras Amor advirtió que fijar administrativamente los precios podía provocar un desabastecimiento inmediato de productos básicos.
Un análisis más reciente del economista Omar Everleny Pérez sitúa la crisis en un escenario todavía más grave: una contracción estimada del producto interno bruto (PIB) del 10,2 % en 2026 y una inflación interanual del 28,44 % al cierre de septiembre, con un incremento del 42,66 % en los precios de los alimentos.
El especialista atribuye el deterioro económico a los desequilibrios estructurales, la crisis energética y las dificultades para aplicar reformas efectivas.
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