
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, renovó por vigesimocuarta vez la declaración de emergencia migratoria del estado, extendiéndola hasta el 16 de enero de 2027, mientras Florida supera los 1,200 millones de dólares gastados de su fondo de preparación para desastres en operativos de control migratorio.
Un reportaje del Tampa Bay Times publicado el miércoles detalla que el dinero proviene del Emergency Preparedness and Response Fund, un fondo creado por la Legislatura de Florida en 2022 para que el gobernador pudiera responder a desastres naturales sin necesidad de aprobación legislativa previa.
La renovación, firmada el 17 de noviembre, tiene además una implicación política directa. La emergencia vencerá días después de que el gobernador electo Byron Donalds asuma el cargo, lo que le permitirá heredar esa autoridad extraordinaria desde el primer día de su mandato.
El gasto de Florida en operativos migratorios y las políticas de DeSantis son parte de un panorama más amplio que sigue cambiando; mantente al día con todo lo que ocurre en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
El gasto acumulado incluye contratos con los 67 alguaciles de condado —que firmaron acuerdos 287(g) con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en febrero de 2025—, horas extra de personal, equipamiento y la operación de dos centros de detención estatales.
El más costoso fue Alligator Alcatraz, instalado en los Everglades entre julio de 2025 y junio de 2026, con una tarifa de 249 dólares por detenido por noche y capacidad para 4,100 personas.
El gobierno federal prometió reembolsar 608,4 millones de dólares a través del programa Detention Support Grant de FEMA, pero a mediados de septiembre Florida solo había recibido 84,5 millones, apenas el 14% del total comprometido.
DeSantis reconoció en agosto que los reembolsos «estaban comenzando a llegar, pero FEMA avanzaba lentamente», y cifró lo recibido hasta entonces en «cien y algunos millones».
La agencia estatal de gestión de emergencias (FDEM) proyecta un déficit de hasta 1,500 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2026-27, en un escenario que contempla dos huracanes mayores y 500 millones adicionales destinados a inmigración.
Ese escenario resulta especialmente preocupante esta semana, cuando el sur de Florida acumula más de 30 centímetros de lluvia en algunas zonas de Miami-Dade. Las escuelas públicas del condado cerraron este jueves y las inundaciones reavivan el debate sobre si el fondo de desastres debería reservarse exclusivamente para emergencias naturales.
El origen de toda esta maquinaria se remonta al 6 de enero de 2023, cuando DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 23-03 en respuesta a la llegada masiva de balseros cubanos y haitianos a los Cayos de Florida. Hoy ese mismo instrumento financia operativos que afectan directamente a la comunidad cubana.
Más de 4,000 cubanos recibieron órdenes de deportación en Florida entre octubre de 2025 y junio de 2026, convirtiéndose en la cuarta nacionalidad más afectada tras guatemaltecos, venezolanos y hondureños.
Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026, y al menos 612 fueron deportados en los primeros cinco meses de este año.
El impacto político de la ofensiva quedó en evidencia en las elecciones del 3 de noviembre. El congresista Mario Díaz-Balart ganó su reelección por apenas 1,704 votos, frente a márgenes anteriores de cerca de 40 puntos, y calificó la ofensiva migratoria de la administración Trump como un «gran error político».
La Legislatura de Florida intentó poner límites al uso del fondo. La Cámara propuso restringirlo a emergencias naturales, mientras el Senado prefirió mantener un uso más amplio. La ley SB 7040, vigente desde junio, sometió a revisión presupuestaria el uso del fondo en emergencias renovadas y estableció mecanismos de autorización legislativa.
Con la prórroga firmada esta semana, DeSantis deja abierta la puerta para que Donalds continúe la política migratoria con los mismos poderes de emergencia, en un estado cuyo fondo para desastres enfrenta un déficit proyectado que podría alcanzar los 1,500 millones de dólares.
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