Tras Doral, Tallahassee aprueba iniciar la ruptura de su acuerdo con ICE y planta cara a DeSantis

Agente de ICE (Imagen de referencia) © ICE
Agente de ICE (Imagen de referencia) Foto © ICE

La Comisión Municipal de Tallahassee aprobó el miércoles por unanimidad dar el primer paso para abandonar el programa federal 287(g), que permite a agentes policiales locales capacitados ejercer funciones de control migratorio bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en una votación que abre un posible enfrentamiento con el gobierno estatal de Florida.

Según reporta Fox49tv, el voto fue 5-0, pero no cancela el acuerdo de inmediato: solo ordena al personal municipal preparar un plan de retirada con los detalles legales y financieros, que la comisión deberá considerar en una reunión futura.

El resultado refleja el nuevo equilibrio político en la comisión, donde el recién elegido alcalde Jeremy Matlow y el comisionado PJ Perez se sumaron a la comisionada Jack Porter para conformar una mayoría que revierte la postura anterior: la comisión precedente había votado 3-2 para mantener el convenio con ICE.

La decisión de Tallahassee refleja la tensión creciente entre gobiernos locales y las políticas federales de control migratorio. Sigue todos los desarrollos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.

Porter fue directa al abrir el debate: «Estoy lista para avanzar hacia la salida del acuerdo 287(g)».

Uno de los momentos más reveladores de la sesión llegó cuando el comisionado Curtis Richardson presionó al jefe de policía Lawrence Revell para que explicara el alcance real de la participación del departamento en el programa.

La respuesta sorprendió a la sala: un solo agente ha recibido capacitación bajo el convenio y tiene acceso a la base de datos de control migratorio federal.

«Ese es nuestro nivel de participación», dijo Revell, marcando una diferencia significativa entre la adhesión formal de la ciudad al programa y su impacto operativo real.

El alcalde Matlow también cuestionó la obligatoriedad del acuerdo: «La ley estatal no nos obligó a suscribir el 287(g)», argumentó, añadiendo que la participación en el control migratorio federal supone una carga financiera para el municipio en un momento de posibles recortes de ingresos.

Sin embargo, el mayor obstáculo no está dentro del ayuntamiento, sino en Tallahassee misma: la capital del estado, sede del gobierno de Ron DeSantis.

La comisionada Diane Williams-Cox exigió respuestas sobre las consecuencias legales y financieras de la retirada, y el abogado municipal confirmó que la comisión tiene autoridad para ordenar la salida del acuerdo, aunque las implicaciones jurídicas más amplias permanecen sin resolver.

El antecedente más claro es el de Key West: en junio de 2025 votó 6-1 para cancelar su propio acuerdo 287(g), pero revirtió la decisión apenas semanas después, en julio de ese año, tras amenazas de sanciones, destituciones y litigios por parte de las autoridades estatales.

Ese precedente pesó en la sesión del miércoles, donde los comisionados discutieron explícitamente el riesgo de represalias.

El movimiento de Tallahassee se produce un día después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtiera a Doral que cancelar un acuerdo 287(g) ya vigente probablemente violaría la legislación estatal contra las ciudades santuario, contenida en el capítulo 908 de los Estatutos de Florida, que prevé multas de hasta 5,000 dólares para funcionarios que infrinjan sus disposiciones y autoriza al gobernador a iniciar procedimientos de suspensión.

Tallahassee se convierte así en la segunda ciudad de Florida que se mueve en esta dirección en pocos días. Doral bloqueó por segunda vez el debate sobre su propio acuerdo el miércoles, a la espera de una reunión entre su alcaldesa y Uthmeier prevista para principios de diciembre.

Para los inmigrantes cubanos con I-220A, venezolanos con parole u otros con procesos pendientes en Tallahassee, la eventual salida del programa no modificaría por sí sola su situación migratoria: ICE conserva plenas facultades federales para operar en la ciudad con independencia de cualquier acuerdo municipal.

El gobernador electo Byron Donalds respondió al voto con una advertencia directa: «Florida no es un estado santuario», declaró, y señaló que el alcalde Matlow tiene la obligación constitucional de cumplir tanto la ley federal como la estatal.

COMENTAR

Vídeos relacionados:

Archivado en:

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.






¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689


Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.


Sigue leyendo 👇

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada