Elecciones en Cuba: opositores candidatos denuncian una campaña de "intimidación"

La plataforma Otro 18 asegura que presentará candidatos a las municipales como primer eslabón de una cadena que, en teoría, podría llevarlos a formar parte del Parlamento que elige al jefe de Estado.


Este artículo es de hace 3 años

Opositores cubanos denunciaron este jueves una campaña de "intimidación" oficial que busca impedir que opositores cubanos se presenten como candidatos al proceso electoral que llevará, presuntamente, al relevo de Raúl Castro en febrero de 2018.

En rueda de prensa, Manuel Cuesta Morúa ―dirigente de "Otro18", plataforma que agrupa a pequeñas organizaciones opositoras― afirmó que se presentarán 171 candidatos independientes. No obstante, precisó que:

"Ya tenemos en la Plataforma 'Otro18' a dos candidatos que han sido (...) condenados para que simplemente no se puedan presentar en las elecciones".

El portavoz de Otro18 mencionó los casos de Rolando Columbié, "condenado a seis meses de prisión domiciliaria y a 500 pesos de multa por un supuesto delito de hurto"; y de Rolando Cáceres, sentenciado "a cinco años de prisión" por "una vieja causa pendiente por desorden y desacato en 2011, que fue activada".

La plataforma "Otro 18", ilegal como toda la oposición en la Isla, asegura que presentará esos candidatos a las municipales del próximo mes de octubre como primer eslabón de una larga cadena que, en teoría, podría llevarla a formar parte del Parlamento que elige al jefe de Estado.

En las elecciones municipales de abril de 2015, la oposición logró presentar dos aspirantes, que finalmente fueron derrotados.

Los precandidatos a "delegados" son electos en reuniones barriales de vecinos, propuestos a mano alzada, y electos en las urnas en votación directa y secreta.

Según cree Cuesta Morúa:

"De hecho, la preocupación del gobierno es justamente esa, que estos ciudadanos pueden llegar y ganar", y añadió que por ese motivo "muchos de estos candidatos están siendo intimidados en sus propias circunscripciones".

Cuesta precisó que la campaña de intimidación incluye arrestos temporales, decomiso de bienes materiales de los opositores y hasta la persuasión de los electores para que no voten por los candidatos independientes.

Y sentenció:

"El gobierno lo que quiere es evitar la legitimación de las voces alternativas (independientes)".

 

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