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El represor del régimen cubano Eduardo Velázquez Infante, conocido como el “mayor Eduardo”, abandonó Estados Unidos voluntariamente y se encuentra actualmente en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, según confirmó la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba.
Su salida, ocurrida a inicios de abril, se produjo después de ser incluido en una lista de presuntos violadores de derechos humanos entregada por el congresista Carlos A. Giménez al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo la entidad en un post de X.
Velázquez, de 55 años, llegó a EE.UU. en marzo de 2023 bajo el programa de parole humanitario, auspiciado por la administración de Joe Biden, pudo confirmar el medio independiente CubaNet.
El beneficio le fue otorgado con el patrocinio de una hermana residente en el país, aunque la medida está destinada a proteger a personas perseguidas por razones políticas, lo que activistas y miembros del exilio consideran un uso fraudulento en su caso, destaca la nota.
“Un represor de nuestra lista se autodeportó”, celebró el congresista Carlos Giménez en su cuenta de X. “Su estatus de parolado le impide regresar”, subrayó.
Velázquez Infante fue oficial operativo del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia de Las Tunas desde 1991 hasta su retiro en 2018. Durante ese tiempo, participó en múltiples operativos contra disidentes y activistas opositores.
Tras pasar a la reserva, ocupó un cargo civil en instalaciones del central Guiteras como jefe de aseguramiento, aunque seguía siendo identificado como agente vinculado a la Seguridad del Estado.
Poco antes de salir de Cuba, eliminó sus perfiles en redes sociales, una señal que, según activistas, denota su intento de borrar huellas de su pasado represivo.
Su inclusión en la lista entregada al DHS derivó en un creciente escrutinio legal y mediático, lo que habría motivado su salida voluntaria de EE.UU., especialmente después de los llamados de Giménez para que los exiliados en EE.UU. denunciaran a los represores que se habían asentado en la comunidad.
La autodeportación de Velázquez Infante ocurre pocas semanas después de que Misael Enamorado Dager, exprimer secretario del Partido Comunista en Granma y Santiago de Cuba y miembro del Comité Central del PCC, supuestamente también regresara a la isla tras ser denunciado públicamente.
Enamorado había ingresado a EE.UU. con parole humanitario y residía en Houston, Texas, junto a su hijo. Nunca obtuvo residencia permanente.
Ambos casos han sido denunciados por el exilio cubano como ejemplos de impunidad migratoria, al considerar que represores y exdirigentes comunistas buscan beneficiarse de las leyes estadounidenses para establecerse como si fueran víctimas del sistema que ayudaron a sostener.
“Primero viven del pueblo, luego lo abandonan, y cuando no son bienvenidos, regresan a disfrutar de sus privilegios en la dictadura que ayudaron a sostener”, denunció el periodista Mario Pentón, quien ha documentado ambos casos junto al activista Luis Domínguez, de la organización Cuba al Descubierto.
Los denunciantes consideran que estos casos representan victorias simbólicas, pero también advertencias contundentes: quienes hayan ocupado cargos de poder en el aparato represivo del régimen cubano no deben ser elegibles para beneficios migratorios como el parole humanitario o la Ley de Ajuste Cubano.
“Los victimarios del pueblo cubano no pueden aspirar a refugiarse en Estados Unidos como si fueran perseguidos políticos. Esa conducta no será tolerada”, concluyó Pentón.
La presión del exilio y la acción legislativa están comenzando a tener efecto en la detección de exfuncionarios del régimen que intentan pasar desapercibidos en EE.UU. mientras huyen del escrutinio social y político.
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