La Unión Europea (UE) destinó 8,5 millones de euros a un ambicioso programa de cooperación científica con el régimen cubano, en una alianza liderada por BioCubaFarma, la principal empresa biofarmacéutica estatal de la isla.
El proyecto, bautizado como Biotec-Cuba, tiene como objetivo declarado fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo y regulación sanitaria en Cuba, un país que atraviesa una de las crisis más agudas de desabastecimiento de medicamentos en su historia reciente.
Presentado en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), el programa se estructura en dos pilares. El primero, gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto a BioCubaFarma y la Universidad de La Habana, busca reforzar la capacidad nacional para producir insumos clínicos y terapias innovadoras.
El segundo, en alianza con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud Pública cubano (MINSAP) y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos (CECMED), apunta a mejorar la capacidad regulatoria del país, un paso necesario para que los productos desarrollados en Cuba puedan insertarse en mercados internacionales.
El proyecto se implementa dentro del Complejo Industrial Biotecnológico CIGB-Mariel, una infraestructura inaugurada en 2021 como símbolo de la apuesta del régimen por la biotecnología como sector estratégico.
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Las autoridades cubanas han insistido en que esta cooperación permitirá que la industria avance más rápido y alcance los estándares regulatorios exigidos por Europa y otras regiones, según reportó el Noticiero Nacional de Televisión (NTV).
Sin embargo, esta millonaria inversión ha despertado críticas fundadas y no pocas sospechas. Las alarmas no se deben al objetivo del programa, sino a la entidad encargada de ejecutarlo: BioCubaFarma.
Este conglomerado empresarial, creado por el régimen en 2012, agrupa a más de 30 empresas y centros de investigación, y ha sido la cara de los avances biotecnológicos cubanos. Pero también es una de las instituciones estatales más opacas del país.
A pesar de controlar buena parte de la producción y exportación de medicamentos de Cuba, BioCubaFarma ha sido objeto de severas críticas por parte de especialistas y organizaciones independientes, que cuestionan su gestión de recursos y su prioridad absoluta por el mercado externo, incluso mientras la población cubana enfrenta una escasez crítica de medicamentos esenciales.
Cientos de productos —desde analgésicos básicos hasta tratamientos para enfermedades crónicas— han desaparecido de las farmacias, mientras que los medicamentos se destinan a la exportación o al sistema hospitalario militar y turístico.
El acceso a información pública sobre los contratos, ingresos en divisas y ejecución de fondos extranjeros de BioCubaFarma es prácticamente inexistente.
Este patrón de opacidad no es exclusivo de BioCubaFarma. En el entorno biofarmacéutico cubano también opera Labiofam, una empresa estatal que durante décadas fue dirigida por José Antonio Fraga Castro, sobrino de Fidel y Raúl Castro.
Labiofam ha estado en el centro de diversas polémicas, incluyendo el impulso de productos sin aval científico y el uso de recursos estatales en campañas de imagen dudosas.
En 2019, el abogado cubano Sergio Osmín Fernández Palacios denunció que Fraga Castro habría participado en un esquema de lavado de dinero mediante una sociedad offshore en Bahamas, en operaciones que se habrían mantenido activas durante veinte años. Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han abierto ninguna investigación sobre estos hechos.
Aunque Labiofam no figura entre los actores oficiales del proyecto Biotec-Cuba, su historia forma parte del entramado que permite entender cómo funciona el ecosistema biofarmacéutico cubano: un modelo estatal cerrado, sin mecanismos de fiscalización independientes, vinculado directamente a la élite política y con acceso preferencial a fondos internacionales.
La preocupación sobre el uso de estos recursos no se limita a Cuba. En Bruselas, la participación de entidades estatales opacas vinculadas al poder del régimen totalitario en proyectos financiados por la Unión Europea ha sido duramente criticada por eurodiputados y organizaciones pro derechos humanos.
En 2022, el eurodiputado español Hermann Tertsch denunció que el Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político (ACDP) entre la UE y Cuba estaba siendo utilizado por el régimen para ganar legitimidad internacional mientras aumentaba la represión interna.
En 2024, varios eurodiputados exigieron sanciones contra Miguel Díaz-Canel y la suspensión del acuerdo, señalando la falta de avances en derechos humanos como una razón suficiente para cesar el respaldo financiero a La Habana.
Suecia, uno de los Estados miembros más críticos, ha cuestionado públicamente la viabilidad del acuerdo y ha pedido su revisión. Activistas como Carolina Barrero han reclamado que la UE adopte una postura más coherente frente a lo que consideran un uso político y represivo de los fondos de cooperación.
No obstante, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, ha defendido la continuidad del acuerdo con el argumento de que proporciona un marco de diálogo necesario. Pero esa narrativa no convence a todos.
Sin embargo, actores de la sociedad civil cubana denuncian que los proyectos financiados no han tenido un impacto tangible en la vida de los ciudadanos cubanos y que los mecanismos de control son insuficientes para garantizar que los fondos no sean desviados.
En este contexto, Biotec-Cuba se presenta como un caso paradigmático: un proyecto con fines aparentemente nobles, pero ejecutado por actores con antecedentes oscuros, en un país sin garantías de transparencia ni control institucional.
¿Puede un sistema diseñado para servir al poder político garantizar el uso honesto de millones de euros en cooperación internacional? ¿Tiene la Unión Europea herramientas reales para auditar estos fondos y exigir rendición de cuentas?
Mientras no haya respuestas claras, la duda seguirá flotando en el aire, junto con una certeza inquietante: en el sector farmacéutico cubano, los intereses políticos y económicos muchas veces prevalecen sobre el derecho a la salud de la población.
Y el financiamiento europeo, aunque bien intencionado, corre el riesgo de reforzar ese mismo sistema que contribuye a la escasez y al silencio.
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