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El estado de Florida se ha convertido en el primero del país en adoptar oficialmente la “Declaración Phoenix”, un marco educativo promovido por la Fundación Heritage, organización conservadora conocida también por su proyecto político Project 2025.
La medida fue aprobada por la Junta Estatal de Educación en su reunión del 13 de noviembre, celebrada en el condado de Wakulla.
El documento, descrito por sus autores como una guía para “fomentar lo bueno, lo verdadero y lo bello”, establece una serie de principios que incluyen la libertad de elección de los padres, la transparencia educativa, la formación del carácter y la enseñanza basada en la “verdad objetiva”.
Con esta aprobación, las escuelas públicas de Florida serán las primeras en implementar este marco ideológico, que busca reorientar los contenidos educativos hacia valores considerados tradicionales y patrióticos.
El comisionado de Educación de Florida, Anastasios “Stasi” Kamoutsas, defendió la medida argumentando que “no hay nada de malo en enseñar responsabilidad parental, transparencia curricular y excelencia académica”.
“Queremos que los padres tengan poder. Queremos un currículo transparente y excelencia académica para todos nuestros estudiantes”, declaró Kamoutsas.
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“Esto refleja lo que queremos ver, no lo que queremos prohibir”, agregó.
El funcionario aseguró que el objetivo del plan es “alinear la educación con los principios fundacionales de Estados Unidos” y fomentar el amor a la patria, el respeto y la disciplina, en contraposición a lo que denominó “la imposición de ideologías progresistas en las aulas”.
No todos recibieron la medida con entusiasmo. La Asociación de Educación de Florida criticó duramente la adopción de la Declaración Phoenix, calificándola de “campaña política disfrazada de declaración educativa”.
“Los estudiantes y las familias de Florida merecen inversión en sus escuelas públicas, no un compromiso político redactado por grupos externos”, expresó la organización sindical en un comunicado.
Otros educadores también advirtieron sobre el aumento de la carga de trabajo y la creciente interferencia política en el sistema educativo.
Marihelen Wheeler, maestra jubilada del condado de Alachua, sostuvo que el estado debería “aumentar el salario de los docentes antes de imponerles más tareas ideológicas”.
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