Varias personas están siendo procesadas por pertenecer a la presunta "Red del Cerro", una supuesta organización dedicada a la falsificación de documentos en La Habana, especialmente relacionados con migración interna.
La red operó entre 2013 y 2016 y se dedicaba a cambiar de dirección principalmente a personas provenientes del centro y oriente de Cuba hacia la capital. Se tramitaron, por ejemplo, cambios de dirección de Guantánamo, Granma, Camagüey, Artemisa e Isla de la Juventud a municipios como Guanabacoa y La Habana Vieja.
Los involucrados actuaban desde la oficina de Vivienda del municipio Cerro, de acuerdo con las actas oficiales del caso.
La líder del grupo era Sonia Milagro Barban, abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro desde 2012, quien fue detenida por agentes de la Policía y separada del cargo, de acuerdo con un reporte de Diario de Cuba.
Según el informe final elaborado por la Fiscalía General de la República, una amiga de Barban, identificada como Iluminada Machado, exempleada del Consejo de Administración Provincial de La Habana, "tuvo acceso a los modelos de Resolución por el Decreto 217/97 y preparaba los expedientes" en 2013.
Machado y Barban se unieron "con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo, y aprovechando Barban las facultades que le brindaba el cargo en que se desempeñaba", según el documento.
La tercera persona que encabezaba la red era Niuvis Marily García, quien fungía como técnico de Ordenamiento Territorial y que se suicidó en 2016, luego de que le notificaran una revisión del papeleo legal que manejaba, especialmente los modelos de Resolución por el Decreto 217/97, relacionados con expedientes de migración interna.
El pasado martes, los acusados comparecieron en el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Machado y Barban enfrentan sanciones de 15 y ocho años de cárcel, respectivamente, por los delitos de "falsificación de documentos públicos" y "cohecho".
Hay cinco acusados más, entre oficinistas y ciudadanos que estaban involucrados en la red y podrían enfrentar condenas de tres años de privación de libertad. Todos, además, quedan inhabilitados de ejercer profesionalmente como empleados administrativos.
Según las autoridades, el método del grupo consistía en identificar a individuos necesitados del trámite y que habían agotado la vía legal ante la burocracia.
De acuerdo con la investigación del caso, la red llegó a armar, como mínimo, una veintena de cambios de dirección falsos.
Una abogada que pidió permanecer en el anonimato dijo a Diario de Cuba que "la reconstrucción de los hechos a cargo de la fiscal Esmerlinda Betancourt llegó solo hasta ese punto, pero me parece que fueron más. Es lógico porque la 'demanda' es mucha (basta con pasar por las abarrotadas oficinas de Vivienda), y quienes resolvían su situación con los corruptos recomendaban ese camino a otros conocidos, y después estos a otros, y así quién sabe hasta dónde".
"Asumo que algunos participantes no dijeron todo lo que sabían", dijo.
Los abogados cobraban entre 40 y 150 dólares a quienes querían residir en La Habana, principalmente jóvenes que terminaban sus carreras y querían ejercer su profesión en la capital.
Una joven implicada, quien también pidió no ser identificada, dijo: "Pagué lo que pedían porque cuando me gradué de la universidad quería quedarme acá, donde hay mejores oportunidades de trabajo dentro de la especialidad que estudié y hasta un buen lugar me había pedido para cumplir los dos años de Servicio Social. Volver a mi provincia hubiera significado estancarme profesionalmente".
"Estaba entre la espada y la pared. Si existieran iguales posibilidades laborales en otros sitios del país las cosas serían distintas, pero esta centralización de la vida financiera, cultural y económica en la capital es propio del subdesarrollo nacional", dijo la joven.
Éste es un tema bastante polémico en Cuba: para poder ejercer en La Habana, y vivir, hay que tener documentos legales de estancia, lo cual ha incrementado la ilegalidad entre las personas de provincia que pretenden vivir en la capital, donde siempre hay más y mejores oportunidades.
Como esta red, hay muchas más en la ciudad. Este grupo fue descubierto a finales de 2016 porque funcionarios de las Oficinas de Trámites de Vivienda y supervisores de las del Carné de Identidad en los municipios Regla, El Cotorro, San Miguel del Padrón, La Lisa y Habana del Este, denunciaron irregularidades en expedientes recibidos.
Las audiencias judiciales de la Causa 41/18 concluyeron ayer miércoles. No obstante, todos los procesados y sus abogados terminaron con muchas inquietudes, porque creen que no son objetivos en el caso.
"Este caso está muy politizado", dijo uno de los acusados, a quien se pide hasta tres años de cárcel.
"Lo del cohecho lo entiendo y reconozco que pagué por algo que sabía era ilegal —dijo a Diario de Cuba un recién graduado de la Universidad de La Habana—, pero que se me impute además la falsificación es totalmente injusto".
"Yo creí que pagaba por agilizar el trámite, no por falsificar ningún documento. Los funcionarios de Vivienda son los timadores, no quienes procuramos sus 'servicios'. Ellos nos engañaron a nosotros tanto como nosotros creímos que engañábamos a la dirección de Ordenamiento Territorial", agregó.
Según el joven, "este juicio, por la cantidad de personas involucradas, se pretende que sirva de escarmiento a corruptos y a corruptores y hasta eso lo puedo comprender porque en Cuba es un verdadero problema social, pero ¿piensan combatirla con injusticias, imputándole a la gente cargos que no le corresponden?"
Por ahora, los acusados esperan que en los próximos días el tribunal les comunique el veredicto final.
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