Las demandas presentadas contra la corporación CIMEX al amparo de la Ley Helms-Burton en tribunales de Estados Unidos podrían terminar reclamando compensación monetaria a la empresa Western Union, con posibles implicaciones para el envío de remesas a Cuba.
Desde la activación del Título III de la legislación, el pasado 2 de mayo, dos demandantes han enfilado sus querellas contra CIMEX y otras dependencias estatales cubanas. La megacorporación petrolera Exxon Mobil fue la primera en entablar un litigio contra CIMEX y Unión Cuba-Petróleo (CUPET), en un tribunal federal de Washington DC; luego le siguió la familia cubanoamericana Mata, que demandó en Miami a cuatro consorcios empresariales vinculados a la explotación del Hotel San Carlos-Meliá de la ciudad de Cienfuegos, entre ellos CIMEX.
Western Union, líder en servicios de pagos globales, tiene un acuerdo con FINCIMEX para el procesamiento de remesas a los residentes en la isla. Constituida en Panamá como una sociedad privada cubana en 1984, FINCIMEX es una subsidiaria de CIMEX y está bajo la sombrilla del Grupo de Administración de Empresas (GAESA), controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
"Potencialmente, Exxon Mobil u otro demandante podrían tratar de obtener tarifas que Western Union paga a FINCIMEX", dijo John S. Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba (USTEC), con sede en Nueva York.
Aunque los litigios bajo el Título III de la legislación apenas han comenzado y los procesos legales pueden prolongarse por largo tiempo antes de un dictamen judicial, no se descarta la posibilidad de que un fallo favorable a los demandantes de CIMEX termine apuntando a las ganancias de Western Union por sus envíos de dinero a Cuba. El controversial Título III de la Helms-Burton permite a compañías y ciudadanos estadounidenses demandar a empresas extranjeras que trafiquen y obtengan beneficios de propiedades incautadas por el régimen cubano a partir de 1959.
Tanto CIMEX como GAESA están en la lista de más de 200 entidades cubanas restringidas del Departamento de Estado, lo que les impide vínculos comerciales con compañías y empresarios estadounidenses.
Western Union, con sede en Denver y ganancias anuales calculadas en $6,000 millones de dólares, proporciona servicios de transferencia de dinero a Cuba a través de más de 420 sucursales radicadas en 168 municipios del país. Aunque la compañía no reporta datos sobre el valor de sus transacciones, es el mayor operador de los $3,500 millones que anualmente llegan en remesas a destinatarios radicados en la isla.
En 2016, Western Union recibió autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para tramitar envíos de dinero desde cualquier lugar del mundo a Cuba, utilizando su plataforma de pagos transfronteriza. Las remesas pueden ser enviadas a familiares, amigos o ciudadanos cubanos en general como respaldo a sus gastos o para la actividad económica privada.
Cuba recibió $29 mil millones de dólares en remesas en efectivo desde el exterior durante la última década, según la consultora The Havana Consulting Group. Las tarifas impuestas por Western Union oscilan entre el 9 y el 15 por ciento dependiendo del tiempo de entrega y el método de pago utilizado para la transacción, mientras que el gobierno cubano recibe aproximadamente el 20 porciento del recargo pagado por los clientes.
Pero el volumen de las remesas a Cuba se verá inevitablemente limitado en breve. La administración Trump anunció la reducción del monto del dinero que podrá enviarse desde Estados Unidos a $1,000 dólares por persona cada trimestre. Las nuevas regulaciones deberán ser anunciadas por el Departamento del Tesoro en las próximas semanas.
"Seguiremos monitoreando de cerca este asunto y esperamos que las autoridades proporcionen más detalles sobre la aplicación de la política propuesta antes de poner en práctica cualquier restricción", dijo Paula Barifouse, directora de Comunicaciones de Western Union para América Latina y el Caribe.
La funcionaria declinó referirse a otros asuntos legales y financieros de Western Union alegando "sensibilidades comerciales y confidenciales" de la compañía.
Kavulich explicó que el reclamo monetario a Western Union sería una opción viable considerando que demandas precedentes contra el gobierno cubano no han podido cobrar la remuneración ordenada por tribunales federales, debido a la inaccesibilidad de las cuentas congeladas y la falta de fondos en el sistema bancario de Estados Unidos.
"Buscar esos honorarios sería consistente con los esfuerzos realizados por Exxon para recuperar activos en Venezuela que les fueron nacionalizados por el gobierno de Hugo Chávez", argumentó Kavulich en referencia a la demanda millonaria interpuesta en cortes internacionales contra la estatal venezolana PDVSA en 2007. "Sin embargo, no hay garantía de que un tribunal estadounidense lo permita".
Pero expertos legales consideran que los intentos para obtener reclamos de las ganancias de Western Union en Cuba implicaría transitar un camino sumamente complicado y costoso.
A pesar de que el entramado político entre Washington y La Habana ha cambiado radicalmente, Western Union cuenta con autorización del Departamento del Tesoro para operar en Cuba desde 1999, un argumento que la compañía puede esgrimir como parte de un servicio humanitario al pueblo cubano.
"Las remesas enviadas por Western Union a Cuba no le pertenecen ni a la compañía ni al gobierno cubano, sino a quienes las mandan y a quienes las reciben, ese es un dinero intocable por ley", dijo a CiberCuba el abogado Pedro Freyre, presidente de Akerman's International Practice, con sede en Miami.
Freyre considera que una hipotética retribución monetaria por orden judicial tendría que restringirse a determinar los activos que pertenecen a la compañía, lo cual es un proceso tan escabroso como incierto. Actualmente el abogado forma parte del equipo legal que representa a Carnival frente a sendas demandas presentadas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton.
El caso de Western Union comporta además una singularidad, tratándose de una de las 5,913 compañías certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia. Su reclamo por expropiación forzosa del gobierno de Fidel Castro en 1960 asciende a $939,367 dólares, incrementados hasta $4.2 millones por los intereses acumulados.
Un reciente reporte de USTEC señala a Wester Union y Delta Airlines como dos compañías clave para resolver reclamaciones certificadas por vía de las negociaciones con el gobierno cubano, sin necesidad de apelar a la Ley Helms-Burton.
"Se trata de dos compañías con reclamaciones certificadas con las que Cuba gana mucho más de lo que les debe", indica el documento. "Western Union ha pagado mucho más a Cuba que su reclamación de US$939,367.20 dólares".
Los reclamantes certificados con presencia en Cuba representan el 10.9 por ciento del valor total de las reclamaciones que validó el Departamento de Justicia hasta 1974.
Kavulich opina que Cuba ha ganado en honorarios provenientes de Western Union por lo menos el valor de la reclamación certificada con intereses, lo que debía propiciar una liquidación inmediata del caso. "Elimine o reduzca la tarifa pagada por Western Union a FINCIMEX y la reclamación certificada se evaporará", aseveró el ejecutivo.
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