Miami, 1 jul (EFEUSA).- Un grupo civil contra delitos raciales demandó este lunes judicialmente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por firmar una ley que obliga a expresidiarios a pagar multas y costos de corte para poder recuperar el derecho al voto.
Se trata de "un impuesto electoral inconstitucional y discrimina a las personas por su riqueza", manifestó este lunes el Southern Poverty Law Center (SPLC), que presentó la demanda.
Más de 1,4 millones de exreos pueden restaurar sus derecho al voto a partir de este año gracias a la aprobación en noviembre de 2018 de una enmienda constitucional por cerca del 65 % de los votantes.
Sin embargo, una nueva ley aprobada este año por el Legislativo y firmada el pasado 28 de junio por DeSantis obliga a los expresidiarios a ponerse al día con las deudas al sistema judicial antes de poder votar.
La demanda, interpuesta a nombre de Rosemary McCoy y Sheila Singleton, dos mujeres de raza negra de escasos recursos de Jacksonville, en el norte de Florida, sostiene que la nueva ley viola las enmiendas 8, 14 y 24 de la Constitución de EE. UU. que garantiza "la igual protección de la ley y la ausencia de impuestos y multas excesivas".
"El estado de Florida tiene una larga historia de negar a las personas pobres, a las minorías raciales y a las mujeres el derecho a votar", subrayó el SPLC.
El SPLC presentó la demanda en el Distrito Norte de Florida contra el republicano DeSantis, su secretaria de Estado, Laurel M. Lee, y el supervisor de Elecciones para el condado de Duval, Mike Hogan, de donde son las demandantes.
"Trabajamos, pagamos impuestos, pero no tenemos voz en nuestras comunidades", manifestó McCoy en un comunicado del SPLC.
"Deberíamos tener el derecho de responsabilizar a nuestros funcionarios electos y participar en nuestro proceso político local", agregó.
McCoy y otros expresidiarios en su situación corren el riesgo de ser marginados nuevamente, expresó Nancy Abudu, directora legal adjunta para los derechos de voto en el SPLC.
"Bajo esta ley, a las personas que tienen multas pendientes, aranceles judiciales y restitución, incluso cuando hayan sido convertidas de sentencias penales a gravámenes civiles, se les negará su derecho fundamental a votar", lamentó Abudu.
La demanda señala que la nueva ley contradice la intención y el lenguaje claro de la Enmienda 4.
Los votantes de Florida aprobaron de manera abrumadora la enmienda constitucional después de reconocer que la ley, que prohíbe de forma permanente votar a las personas con condenas por delitos graves incluso después de cumplir sus condenas, "fue injusta y discriminatoria", dijo Abudu.
Señaló que en Florida las tasas de pobreza entre los niños, las mujeres y las minorías raciales siguen siendo "desproporcionadamente altas, especialmente entre las mujeres afroamericanas".
La Enmienda 4 no cobija a aquellos que cumplieron penas de prisión por asesinato o delitos sexuales.
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