La Seguridad del Estado cubano habría ofrecido a Roilán Zárraga Ferrer un pacto para que declarase en contra de su primo José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, revela una denuncia de la organización opositora.
En un material publicado por Amel Oliva Torres, que CiberCuba no ha podido contrastar con fuentes independientes, Ana Gloria Zárraga Ferrer, hermana de Roilán, narra lo que conoció hace pocos días durante una visita que le hizo en la unidad donde está detenido desde el pasado 1 de octubre, cuando fue arrestado por la policía junto a Ferrer y otros miembros del grupo opositor.
Según el testimonio,"la semana pasada fueron dos oficiales de la policía política, lo sacaron del calabozo y lo llevaron a una oficina proponiéndole casa, carro y un buen trabajo", dice. Todo esto a cambio de decir que José Daniel es el responsable de dar una paliza a otra persona. "Roilán se negó a aceptarle su propuesta", asegura la hermana del detenido.
Se pudo conocer también que Ana Gloria le preguntó al instructor encargado de la investigación cuándo terminaría todo el proceso, y este respondió que hoy 30 de noviembre cerraban el caso, a pocas horas de cumplirse 61 días de que fueran arrestados por la policía de Santiago de Cuba. Según la mujer, el oficial le aseguró que entre el sábado y el lunes su hermano sería trasladado a la prisión de Aguadores, donde se encuentra José Daniel Ferrer.
A estos opositores el Gobierno de La Habana trata de involucrarlos en un delito común, ya que sobre ellos pesa una denuncia por una supuesta golpiza a Sergio García González, miembro de UNPACU, así como su secuestro. Para sustentar los hechos las autoridades hicieron públicos videos e imágenes donde se puede ver a esa persona con algunos golpes en la espalda y su testimonio verbal asegurando que fue víctima de un hecho violento.
Los medios de prensa oficialistas de la isla publicaron esta semana un video donde se juzga y emiten criterios sobre la presunta culpabilidad de Ferrer sin que se haya efectuado todavía un juicio y un tribunal avale las pruebas que en estos momentos son de dominio público, algo que ha recibido fuertes críticas, porque viola el principio de presunción de inocencia que tiene cada acusado.
El Parlamento Europeo emitió una resolución donde se exige que La Habana libere a estos detenidos teniendo en cuenta la violación de derechos humanos a la que son sometidos y que denuncian los familiares y activistas políticos vinculados al caso.
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