La prensa oficialista de Cuba volvió a la carga contra los robos y las violaciones de los precios de los productos que se venden en los agromercados, hechos que agravan la habitual preocupación de la población ante la escasez de alimentos básicos para llevar a la mesa.
Un reportaje del semanario Escambray, de la provincia de Sancti Spíritus, describe algunas de las ilegalidades que abundan en placitas, mercados, puntos de venta, carretilleros y ferias mensuales, donde la creatividad de los “listos” para delinquir va de la mano con las deficiencias en el control.
Según denunció Belkis Morales Enríquez, jefa del grupo de Inspección de la Dirección Provincial de Comercio, muchas de las unidades no poseen la lista oficial de precios. En otras, aunque tienen la pizarra actualizada, venden a un precio mayor. Violaciones como esas conllevan una sanción que puede llegar hasta la separación del puesto de trabajo, pero prevalece la inacción. “Se detecta, se hace un informe, se entrega a la Agricultura y no pasa nada”, recalcó.
Asimismo, existen más de 100 puntos de la Agricultura Urbana que operan de forma ilegal, pues no están inscritos en el Registro Central Comercial.
Al respecto, Belkis Bernal, directora del Registro Comercial de Sancti Spíritus, fue tajante al decir que “el relajo mayor está en Trinidad y Fomento, donde se vende en casas particulares y no están autorizados, por pertenecer a una empresa estatal. En las bases productivas existe desconocimiento y venden, asimismo, a entidades del Estado. Hemos tratado el tema con el bufete y los juristas, pero los abogados dicen que se cansaron porque eso no está en sus manos. Los inspectores no están acreditados para actuar y debo solicitarle al Ministerio de Comercio para que se ponga una multa”, subrayó.
Otras transgresiones muy comunes son robar en el peso u ofertar productos fuera de los parámetros de calidad.
“Las violaciones son estratosféricas: hay personas ajenas vendiendo en Acopio, en la declaración jurada no está todo lo que se vende, a veces no está ni la declaración y ese dinero va al bolsillo de esas personas”, subrayó Nuris Mena, subdirectora general del Ministerio de Comercio Interior en el territorio.
Por hechos como los descritos, la Dirección Integral de Supervisión de dicho organismo ha aplicado desde enero a septiembre más de 19.000 multas (solo en septiembre fueron 1.842), por valor de 766.000 pesos.
Sin embargo, ello no impide ni impedirá que se siga violando la ley, pues la causa fundamental, la baja producción de alimentos, persiste. El gobierno ha intentado suplir esa deficiencia con más regulaciones e inspectores. Este año, las administraciones provinciales recibieron la orden de topar los precios de los productos agropecuarios que se comercializan tanto en el sector estatal como en el privado: en los mercados de oferta y demanda, concurrentes, puntos de venta y carretilleros.
Esa medida trajo otros problemas. En octubre, un reportaje del telecentro Solvisión, de la provincia de Guantánamo, ilustró la situación creada tras el límite de los precios, cuando comenzaron a escasear productos muy demandados como la malanga, la carne de cerdo y el tomate.
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