La administración de Donald Trump tiene en proceso más de 12 investigaciones sobre compañías extranjeras que trafican con propiedades confiscadas en Cuba y cuyos ejecutivos podrían verse impedidos de entrar a Estados Unidos en cumplimiento de la Ley Helms-Burton, confirmaron fuentes gubernamentales a CiberCuba.
El Departamento de Estado se encuentra actualmente analizado la elegibilidad para visados de representantes de compañías que se benefician de propiedades certificadas por la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros del Departamento de Justicia, y que estarían sujetos a sanciones bajo el Título IV de la Helms-Burton.
"El Departamento de Estado tiene más de una docena de investigaciones activas del Título IV, pero no revelamos los temas de las investigaciones pendientes o completadas", dijo a CiberCuba un alto funcionario de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado.
El Título IV de la controversial legislación estadounidense fue activado el 2 de mayo de 2019, y permite prohibir la entrada a Estados Unidos a las personas que se beneficien del uso de propiedades incautadas por el gobierno cubano, con independencia de si la firma extranjera está sujeta a demandas ante tribunales estadounidenses. Un total de 5,913 fueron certificadas por los reclamantes estadounidenses, incluyendo expropiados cubanoamericanos, hasta 1974.
"Debido a los requisitos de confidencialidad de los visados, no podemos identificar a las personas cuyos visados y elegibilidad para obtenerlos se han visto o pueden verse afectados por el Título IV", agregó el funcionario.
La confirmación sobre la pesquisa federal se produce luego de que la compañía Meliá Hotels International, con sede en España, revelara que había recibido unas 14 cartas del Departamento de Estado alertando sobre la prohibición de entrada de la cúpula empresarial y sus familiares en territorio de Estados Unidos. Entre los sancionados se encuentra Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente y primer ejecutivo de la compañía.
Las alertas sobre la prohibición a los ejecutivos de Meliá, que lidera las inversiones extranjeras en el sector turístico de la isla, fueron enviadas desde el pasado octubre. Washington ofreció a los afectados varias opciones para eludir la prohibición de los visados: renunciar a sus cargos en la compañía, revocar su posición como accionistas o llegar a un acuerdo con los reclamantes, pero la directiva de Meliá se negó a cumplir con ninguna de las alternativas propuestas.
Aunque el Departamento de Estado ha puesto en la mirilla inmediata a compañías foráneas con litigios entablados en los tribunales federales bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, las sanciones comprendidas bajo el Título IV se restringen exclusivamente a que la firma se vincule con una propiedad inscrita en el registro oficial de reclamaciones del Departamento de Justicia.
"Las sanciones a los ejecutivos de empresas que están registradas ante la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros puede ampliarse a miles de firmas, aunque no hayan sido demandadas", explicó a CiberCuba John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU (USCTEC), con sede en Nueva York.
Kavulich especificó que no importa que la firma extranjera haya sido eximida de una demanda interpuesta por los legítimos dueños, o si se produce un acuerdo entre las partes litigantes en el caso. El pasado enero, Meliá fue excluida incluso de una demanda colectiva interpuesta por la familia Mata, ex propietaria del Hotel San Carlos, en la ciudad de Cienfuegos.
"Podemos esperar muchos ejecutivos impedidos de entrar a Estados Unidos en los próximos meses", pronosticó el directivo de USCTEC.
Se calcula que las sanciones aplicadas en virtud del Título IV de la Ley Helms-Burton podría llegar en los próximos meses al centenar de ejecutivos, cuyos cónyuges e hijos tampoco podrían tener acceso a visitar Estados Unidos.
Un total de 21 demandas, a cargo de 35 firmas legales, han sido presentadas en tribunales de Estados Unidos tras la validación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton el pasado año. De ellas, solo seis afectan a compañías foráneas: las hoteleras españolas Melía y NH Hotel Group y sus subsidiarias; los bancos BBVA (España) y Société Générale (Francia), y los turoperadores Booking.com (Holanda) y Trivago (Alemania).
La Unión Europea considera que la legislación estadounidense, aprobada en 1996, tiene un carácter extraterritorial y ha manifestado que podría llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio o aplicar sanciones de represalia para proteger las compañías con presencia en Cuba.
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