El gobierno cubano despilfarra el dinero público

La economía cubana padece de un abultado gasto público -más del 65% del PIB- debido a su ineficiencia crónica y al erróneo desempeño del estado como propietario de los medios de producción.

Hace dos años, el 65,5% del PIB era absorbido por los gastos públicos, un porcentaje que supone más del doble de la media de países de América Latina. Como consecuencia de la combinación de estos dos factores, la economía cubana necesitaría crecer por encima del 5% anual, una quimera en la actual coyuntura.

No se conocen estudios académicos en Cuba destinados a medir y evaluar la eficiencia del gasto público y las propuestas de mejora que aparecen, se acaban archivando por los estamentos políticos, como consecuencia de la presión desmedida de todos los organismos y unidades del sector presupuestado.

El régimen cubano siempre ha utilizado los indicadores intermedios (médicos por habitante, alumnos por profesor) en los informes comparativos a nivel internacional, pero nunca ha medido los niveles de calidad en la prestación de los servicios. Desde esta perspectiva, no es posible comparar la situación de Cuba con la de otros países, y por ello, el gasto público, lejos de ser un instrumento que promueva la mejora del funcionamiento de la economía, la frena, la traba y le impide crecer.

Pese la magnitud absoluta y relativa del sector público, Cuba se aleja notablemente de los indicadores y mejores prácticas en la gestión del gasto, y los intentos por mejorar su forma de gastar acaban siendo un fracaso, porque nadie en el gobierno quiere conseguir tales objetivos.

Si Cuba pretendiera reducir el gasto para equilibrar sus cuentas públicas, acabaría provocando serias distorsiones en el funcionamiento de los sectores económicos y no solo en los servicios públicos. Se alejaría de cualquier opción de superávit y podría acabar generando una brecha mayor entre gastos e ingresos.

Atrapado en este modelo estatal y centralizado, que relega la actividad privada a una cuota marginal en el conjunto de la economía, el régimen tiene cada vez más dificultades para afrontar sus necesidades de gasto público, y se encuentra atrapado en un círculo vicioso del que no sabe salir.

Cada vez que una voz autorizada solicita control y reducción del gasto público, la reacción inmediata es la oposición a reducir las prestaciones sociales o los llamados “logros de la revolución”, una posición que está justamente en contra de la necesidad de gastar mejor y de forma más responsable.

En los últimos 61 años, Cuba no ha aplicado experiencias de modernización en la gestión de las finanzas públicas. Ha permanecido aislada de las tendencias existentes en otros países, de economía mixta, donde se ha apostado por modelos de externalización del gasto estatal con el objetivo de reducir la presión de la demanda social sobre el presupuesto estatal.

Y esta renuncia del régimen, y su voluntad de hacerse cargo de todo el gasto, va en contra de un modelo de colaboración público y privada, que según muchos economistas es un instrumento fundamental para mejorar la gestión pública.

En términos comparados, los niveles de externalización de la administración cubana se encuentran completamente alejados de la media de otros países de la región y presentan notables contradicciones. Mientras que en inversiones, los porcentajes tienden a ser elevados, en la prestación de servicios, la externalización es prácticamente nula.

El contraste de datos no admite discusión. Cuba se sitúa entre las economías que menos gasto público ejecuta en externalización. De este modo, el país destina menos del 0,5% del PIB a externalizar servicios, frente a un 7,6% del PIB de promedio en América Latina, un 9,7% en la Unión Europea. Alemania alcanza un 13,3% y Holanda o Finlandia un 16%.

En digitalización que, para muchos expertos es una de las actuaciones más adecuadas para contener el gasto público, Cuba se encuentra notablemente atrasada, y apenas acaba de empezar a desarrollar procesos en el ámbito de algunos servicios. Pero en materia de gestión pública del gobierno abierto el avance de la digitalización es muy limitado.

No existen planes para su puesta en marcha, ni la digitalización en todas las administraciones Y mucho menos se apuesta por un gobierno abierto, que abra las puertas de los trámites a los ciudadanos en libertad y con pleno respeto a sus derechos.

El uso del papel está generalizado en las resoluciones administrativas, farragosas y complejas. En el ámbito de la prestación sanitaria, los avances en la digitalización en Cuba son inexistentes, y en las escuelas cubanas, pensar en pizarras digitales o equipos informáticos para el aprendizaje de las nuevas tecnologías parece imposible. +

Todo ello, a pesar que la introducción de estas nuevas tecnologías permitiría reducir los gastos y promover una gestión mucho más eficiente y, como a gusta a los comunistas, totalmente pública.

Otra vía para mejorar la eficiencia en la gestión de los gastos públicos se consigue por medio de la reducción intensa y coordinada de la administración paralela. En el caso de Cuba, las organizaciones de masas dependientes del partido único y hegemónico, muchas de ellas improductivas y de dudoso sentido en términos de servicio público, podrían ser objeto de un proceso de racionalización, estableciendo mecanismos que aseguren su funcionamiento bajo control, incluso su desaparición.

Estas medidas de racionalización tampoco han ido acompañadas de procesos de evaluación de los empleados del sector público acompañados de mejoras salariales para incentivar su desempeño. Las subidas salariales acordadas en 2019 en el sector presupuestado no tuvieron como base procesos de evaluación previos, sino decisiones políticas, para reforzar la cadena de mando.

En Cuba, técnicas modernas como la la retribución por objetivos ni están ni se las espera, a pesar de que en numerosos países han permitido mejorar el rendimiento de los empleados públicos, con el consecuente beneficio para los ciudadanos.

La transición a la democracia y la economía de mercado van a exigir de los responsables políticos futuros un gran esfuerzo para aumentar la eficacia y eficiencia del gasto público, mejorar su distribución y promover una mayor eficacia en el empleo de recursos estatales en cada ámbito, una vez se decida el lógico adelgazamiento del desproporcionado aparato estatal y su maquinaria burocrática.

Un gobierno democrático deberá realizar una evaluación rigurosa y externa de las políticas públicas desarrolladas por el conjunto de las administraciones, a fin de determinar cuáles se deben revisar por sus posibles deficiencias y solapamientos, y en qué medida hay que orientar el gasto para que el estado no sea una traba o un freno al desarrollo económico, sino una palanca para su crecimiento.

Una revisión somera de los presupuestos públicos en Cuba permite identificar numerosas áreas de mejora asociadas, sobre todo, a los mecanismos de intervención directa del estado en la economía, por medio del efecto combinado de los subsidios a las empresas, que movilizan cuantiosos recursos todos los años para la cuota de la Libreta de Racionamiento.

En la coyuntura actual, el Estado comunista detrae directamente recursos de empresas estatales para cubrir un 15% del PIB, en lo que se conoce técnicamente como contribución no tributaria.

Estos sistemas de intervención son susceptibles de eliminación, conforme la economía de mercado consolide sus posiciones, se liberen los precios y las decisiones de los agentes económicos se adopten en un marco de racionalidad y eficiencia.

Los resultados de la educación en Cuba deben ser sometidos a pruebas internacionales como las que realizan organismos internacionales especializados y determinar la eficiencia del gasto en educación (8% PIB). Posiblemente, los resultados apuntarían a la búsqueda de vías de colaboración público y privada que permitan mejorar los niveles de calidad del sistema educativo y avanzar hacia su modernización tecnológica.

Los gastos desorbitados en defensa, policía y seguridad del estado o administración pública, que consumen el 9% del PIB, alejan a Cuba de los estándares internacionales, donde la aplicación de modelos de servicios digitalizados permiten una racionalidad y contención del gasto público.

En relación con los gastos e ingresos de las entidades estatales provinciales y municipales, hay mucho que hacer para corregir las desigualdades que la intensificación de los procesos de autonomía territorial pueden provocar. Los gobiernos locales, vinculados con las empresas que operan en sus ámbitos, registran un superávit en sus cuentas del 6% del PIB, frente al negativo 12,2% que soportan las cuentas del estado central, un déficit de más del doble con respecto a las adminitraciones territoriales.

En el ámbito de la salud pública (11% del PIB, al que se suma el 6,5% de la seguridad social) igualmente, la participación privada podría ayudar al estado a compensar el esfuerzo que se debe realizar para propiciar la prestación general de los servicios a toda la población, sin merma de calidad y distorsiones de corruptelas, como viene ocurriendo en los últimos años.

Tras 61 años de régimen comunista, el ámbito de la gestión pública democrática en Cuba abriría oportunidades extraordinarias para la modernización y la eficiencia, sin pérdida de los niveles de prestación. Gastar mejor no es difícil si se sabe en qué dirección se tiene que actuar.

El estado no puede ser una traba para el funcionamiento de la economía, sino un estímulo que, a partir de una adecuada definición de sus funciones clásicas de distribución, asignación y estabilidad, que le atribuye la ciencia económica moderna, promueva una regulación eficaz para que los agentes económicos privados puedan conseguir sus objetivos.

El futuro de Cuba pasa, irremediablemente por una clave de contención y eficacia del gasto público; empezar a transitar ese camino o mirar para otro lado es responsabilidad de los actuales mandatarios.