La Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba (IPRC) envió una carta al ministro de Transporte en la que protesta por la inclusión de instituciones religiosas en una lista publicada por varios medios oficialistas por no recoger personas en las paradas de ómnibus.
La lista enumera los organismos estatales cuyos vehículos no recogen personas en las paradas de guaguas, una decisión gubernamental para paliar la crisis de transporte público que afecta a la isla.
La IPRC comienza recordando las dificultades que ha pasado para emitir las placas de sus autos, y que anteriormente ha denunciado la falta de coherencia en su estatus legal al momento de emitir dichas placas, lo cual le ha causado dificultades para comprar combustible, pues a sus choferes les exigen tarjetas de combustible como si fueran del sector estatal.
“Mucho antes de que se implementara esta medida, muchísimos de nuestros vehículos han tomado como parte de su compromiso recoger personas que solicitan la conocida botella, incluyendo los que transitan por las carreteras, que paraban en los puntos de recogida voluntariamente”, precisó la institución.
“Para nada lamentamos que la nueva coyuntura nos pida un poco más de sacrificio para paliar las dificultades que atravesamos (…)”, añade la misiva.
“Pero es sumamente vergonzoso que se nos exponga públicamente al juicio de aquellas personas que no tienen la información necesaria para, en primer lugar, distinguir entre los vehículos estatales y los que de las organizaciones no gubernamentales y mucho menos la iglesia; y en segundo lugar, para discernir entre una vocación de servicio y una realidad practica que por derecho nos exime de la obligación de detenernos en las paradas de mayor concentración, algunas de ellas a pocos metros de nuestros destinos”, precisa el texto.
Esta semana el gobierno de La Habana anunció que había sancionado a más de 700 conductores estatales por no apoyar la transportación de pasajeros, como indicaron las autoridades cubanas ante la escasez de combustible.
Las medidas fueron aplicadas a 773 de los 983 vehículos reportados en febrero pasado como infractores. La nota de la Dirección General de Transporte Provincial enumeró los organismos estatales propietarios de dichos autos, aunque no precisó las disposiciones impuestas contra ellos.
La escasez de combustible continúa en la Isla y el transporte público es caótico. En la capital hay largas colas para comprar el gasolina, y según denuncian los ciudadanos, solo la venden por tarjeta y no en efectivo.
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