El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, en Florida, investigan el caso de un hombre que fue acusado de estafar a cientos de inmigrantes indocumentados a los que cobró altas sumas de dinero por darles asesoramiento legal falso.
Elvis Harold Reyes, de 56 años y residente en Brandon, escogía personas que buscaban licencias de conducir y autorización de trabajo; se presentaba ante ellas como un abogado de inmigración, pastor, contador y exoficial de la ley federal que podía arreglar su estatus migratorio en Estados Unidos mediante una solicitud de asilo político.
Según relata un comunicado oficial de ICE, las víctimas le pagaron hasta 5.000 dólares mientras él presentó solicitudes de inmigración fraudulentas en las que pedía protección contra la deportación, invocando la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Para ello, Reyes aportó falsas historias de amenazas y persecución que sufrieron los solicitantes de asilo en sus países de origen, a escondidas de aquellos.
Según explicó al Tampa Bay Ksenia Maiorova, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Florida Central, este tipo de fraude abunda en las comunidades de inmigrantes y pocas veces es perseguido por la ley.
El cliente, aunque no calificara para el asilo, podría obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir temporal mientras el gobierno analiza su caso, algo que puede tardar años. Mientras, el inmigrante cree que sus documentos son legales, sin saber que le ha estado reclamando al gobierno basado en una mentira.
Finalmente, cuando llega la orden de deportación, los clientes se enteran que firmaron una petición de asilo fraudulenta, y su supuesto abogado huyó con su dinero.
“Vemos personas que han estado haciendo esto a la intemperie durante una década o más, con cientos o miles de víctimas. Desafortunadamente, no podemos obtener ningún tipo de acción de ninguna agencia”, precisó Maiorova.
Por ahora, Reyes fue acusado de una acusación de 25 cargos, incluidos ocho de fraude postal, ocho de hacer declaraciones falsas en documentos de inmigración y nueve de robo de identidad agravado.
Si es encontrado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años en una prisión federal por cada delito fraude postal, y hasta 15 años por cada uno de declaración falsa, además de otros dos años de prisión por robo de identidad agravado.
El caso fue destapado por Univision Tampa Bay. La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough alentó a todo los posibles afectados a denunciar.
“Nuestro trabajo como agencia local de aplicación de la ley es proteger a todas las personas, independientemente de su estado migratorio”, dijo el sheriff Chad Chronister en un comunicado.
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