Varias personas en Centro Habana han sido acusadas de propagación de epidemia por grabar un video en la azotea de un edificio, ubicado en calle Valle, entre Espada y Hospital, tras ser denunciados a la policía de la capital, aseguró un reporte de la estatal Televisión Cubana.
En el incidente habían involucradas al menos 30 personas, incluidos algunos menores de edad, quienes violaban las medidas sanitarias impuestas por el gobierno, según se notificó este sábado en una reunión del Consejo de Defensa de La Habana.
"El actuar de la policía fue para preservar la salud del pueblo", aseguró el periodista que dio a conocer la información en la emisión del Noticiero de la Televisión.
Sin precisar más detalles, el reporte oficial aseguró que los responsables del suceso se encuentran procesados por el delito de propagación de epidemia, según lo estipulado en el Código Penal cubano, en su artículo 187.
Centro Habana se mantiene a la cabeza de contagios por coronavirus en todo el país. Hasta este sábado el total de infectados era de 144, lo que representa el 6.18 % de todos los que ha reconocido oficialmente el MINSAP. No obstante, en los últimos 4 días no se han reportado nuevos casos en ese lugar, que tiene una población que supera los 137 mil habitantes.
Actualmente el país aplica medidas de control sobre la ciudadanía a partir de las indicaciones de la Resolución 128 del Ministerio de Salud Pública, la cual establece que el incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas "puede generar responsabilidad administrativa o penal, según se disponga por las autoridades correspondientes" y la obligatoriedad de cumplirla "hasta tanto perdure el riesgo epidemiológico".
Al amparo de diversas resoluciones y decretos el gobierno cubano intimida a la población con sanciones que se aplican en un estricto marco legal, una situación que en la comunidad jurídica cubana genera diferentes criterios encontrados.
Los tribunales interpretan "por analogía" determinadas normas penales y aplican fuertes sanciones por propagación de epidemia, un delito contemplado en el Código Penal cubano vigente, pero ese modo de actuación es "un dislate jurídico propio de países donde no existe estado de derecho", explicó a CiberCuba un abogado vinculado al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Hasta el momento el gobierno de la isla se ha resistido a decretar un estado de excepción en la isla, pero aplica medidas que se corresponden con esa situación, como el uso obligatorio de nasobuco, la suspensión total del transporte, el cierre de negocios y locales, así como la paralización de la economía, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad.
Algunos expertos reconocen que son medidas similares a las que se toman en el resto del mundo, pero que en el caso particular de Cuba tienen una tendencia al unilateralismo político, ya que no se tiene en cuenta la voz de la oposición y la sociedad civil a la hora de legislar.
Al amparo de ese marco legal atípico se aplican medidas como el Decreto Ley 370, considerado por muchos como Ley Azote y que sanciona la publicación de contenido contrario a los intereses políticos del gobierno comunista cubano. Ha servido para penalizar a activistas y opositores dentro de la isla, que utilizan el acceso a internet para mostrar otra realidad, diferente a la que enseñan los medios oficialistas de prensa.
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