Las autoridades de Matanzas han recrudecido las medidas contra coleros y acaparadores, como parte de la cruzada estatal contra ellos, y han impuesto penas de cárcel y multas a un número creciente de ellos.
Desde el 10 de agosto, cuando la presidencia del país arreció su lucha contra estas personas, a las que culpabiliza del desabastecimiento y la crisis que en las tiendas cubanas, en Matanzas han radicado 18 procesos judiciales y 13 han sido juzgados, explicó un reporte de la estatal televisión cubana.
Danaris Sanabria Padrón, presidenta del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, explicó que un 63,2 % de las penas aplicadas han llevado arresto, un 32 % han sido penas subsidiarias y el resto son multas.
"Evaluamos caso a caso y a veces el rigor está concentrado en una confiscación, un comiso o la prohibición de frecuentar un lugar", dijo Sanabria Padrón. "El rigor se va viendo según el caso que se presenta", añadió.
La pandemia del coronavirus en Cuba ha agudizado la crisis económica y social en el país. El desabastecimiento de las tiendas y mercados y el limitado acceso a productos de primera necesidad se han traducido en colas de varias horas para comprar alimentos o aseo; mientras el discurso oficial se empeña en culpar al embargo norteamericano de la crisis y a los revendedores de esta situación.
Desde el gobierno, por su parte, se incrementan las medidas para erradicar lo que consideran una ilegalidad y se aplican medidas que pueden incluir hasta el "destierro" en la capital para aquellas personas que no tienen residencia legal en La Habana, donde se centra actualmente el mayor número de contagios de COVID-19.
A lo anterior se suman los juicios ejemplarizantes que cada día transmite la televisión estatal, donde se muestran los supuestos culpables de acaparar alimentos o productos que escasean en el país, todo con la intención de desviar la atención del problema e intimidar a la población, según ha asegurado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Las medidas de hostigamiento han alcanzado incluso a quienes venden a través de redes sociales y plataformas digitales, amparadas en el delito de Especulación y acaparamiento, según lo establecido en el artículo 230 del Código Penal cubano y por el cual el acusado puede ser sancionado a hasta un año de privación de libertad y/o multa de hasta 300 cuotas.
Recientemente un ciudadano en Pinar del Río fue sancionado a 10 meses de cárcel por comprar aceite y detergente en "cantidades excesivas", según informó la prensa oficialista de esa provincia en el occidente cubano.
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