Destrucción en Cuba: Antiguo taller de la óptica Almendares Foto © CiberCuba

Las cuentas cubanas están espesas, como el chocolate

La liquidación del presupuesto del Estado cubano, correspondiente el ejercicio 2019, ha revelado un escenario de descontrol absoluto de las cuentas públicas y la insistencia gubernamental en que la culpa de todo la tiene el recrudecimiento del embargo económico de Estados Unidos que provocó "fuertes" restricciones en la disponibilidad de combustibles e impactó en la producción agropecuaria, las inversiones y el transporte, según el diagnóstico de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

No todo es culpa del embargo norteamericano. Ellos lo saben.

Dejando de lado las acusaciones populistas, lo cierto es que la gestión presupuestaria realizada por el Gobierno cubano ha sido muy deficiente, obligando a realizar numerosos ajustes, como consecuencia de la gobernanza aplicada en distintos momentos. Dado el peso del presupuesto del estado en la economía, estos movimientos erráticos han ejercido una influencia claramente negativa sobre la evolución de la actividad económica.

La gestión presupuestaria realizada por el Gobierno cubano ha sido muy deficiente, obligando a realizar numerosos ajustes

En principio, el descontrol de los gastos no tuvo que ver con las partidas ejecutadas en materia de desarrollo social, servicios básicos de la población, inversiones de infraestructura, vivienda y apoyo financiero al sector empresarial, que se desarrollaron según lo previsto. En cambio, la decisión del Gobierno de incrementar parcialmente el salario del sector presupuestado y las pensiones de la Seguridad Social generó un aumento del gasto, por encima del presupuesto, con un impacto económico de cuatro mil 198 millones de pesos cubanos, un 7% más.

Hecha esta salvedad, los gastos totales del ejercicio fueron 65 mil 775 millones de pesos; el 98,1% de lo aprobado y alrededor del 64% del PIB de la economía, una cifra algo menor de la que había sido planificada, como de aplicar medidas restrictivas en todos los sectores que constituyeron fuentes para el incremento parcial del salario al sector presupuestado antes señalado. Es decir, el incremento de salarios se pagó con reducciones en el presupuesto en programas y partidas que si no se hubieran ejecutado, tampoco pasaría nada. Esto ofrece una idea de la calidad del presupuesto.

En la actividad que depende directamente del Gobierno, el gasto ascendió a 41.387 millones de CUP (el 62% del total) para financiar los servicios básicos a la población. De ese total, el 67% (un 41% del presupuesto) fue destinado a los sectores de la educación, salud pública y la asistencia y seguridad social. Otros sectores como la cultura y el deporte ejecutaron gastos por más de dos mil millones de pesos (el 3% del total).

En la ejecución del presupuesto del año, se destinaron, en subsidios, 795 millones de pesos para financiar las necesidades de construcción de vivienda para personas de bajos ingresos, lo que benefició a unas 16 mil personas, una cifra insuficiente para atender las necesidades reales del país. También se destinaron 44 millones de pesos a viviendas de madres con tres o más hijos menores de 12 años. El informe de la comisión parlamentaria subraya que “en visitas y controles realizados por los diputados a la ejecución de este programa, se comprobó la justeza de esta política, pero persisten problemas e insuficiencias que exigen se trabaje en su erradicación”. No parece que el Gobierno esté de acuerdo con este tipo de subsidios.

La partida destinada al sector empresarial transfirió 19 mil 470 millones de pesos (el 30% de los gastos totales) para favorecer su proceso productivo, en particular, un 57% de dicha cantidad se destinó a la financiación de producciones exportables para sustituir importaciones. Se dijo en el informe que “el destino de estos recursos financieros requiere de mayor control de los organismos y de las organizaciones empresariales, en función de lograr mayor eficiencia en su utilización”. Una vez más insatisfacción.

Para la canasta familiar racionada para la población con precios subsidiados, se ejecutaron tres mil 444 millones de pesos (el 4,5% del presupuesto, cada vez menos se destina a esta partida en línea con la reducción de gratuidades) señalando el informe “que benefició a todas las personas y generó estabilidad a las familias, por lo que significa disponer de estos bienes”.

En el apartado de infraestructuras esenciales para el desarrollo económico, los gastos y transferencia de capital ascendieron a cuatro mil 918 millones de pesos (el 7,5% del presupuesto) correspondiendo de este total un 68% a inversiones de infraestructura y de la vivienda.

Los presupuestos locales del Poder Popular alcanzaron el 96,5% del superávit planificado con un descenso significativo respecto del año anterior, apareciendo déficit en los presupuestos de las provincias orientales de Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud.

En particular, la comisión destacó que “las provincias de Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila y Las Tunas se sobregiraron en el gasto planificado para el año, lo que denota una grave indisciplina financiera por falta de seguimiento, análisis y control sistemático, y exige adoptar las medidas para que situaciones como estas no se repitan”.

Se aprobaron por consejos de la administración 624 millones de pesos de la contribución territorial para el desarrollo local, según datos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Por último, la financiación destinada a la recuperación de daños provocadas por eventos climáticos, ascendió a 311 millones de pesos; y cumplió la política aprobada de bonificar el 50% del precio de los materiales de la construcción y el pago por la asistencia social a las personas imposibilitadas de asumir estos gastos.

En cuanto a los ingresos del presupuesto, lo más relevante fue la disminución en más de dos mil millones de pesos en la circulación mercantil minorista y de otros ingresos no tributarios (los que se detraen directamente de las empresas por el estado) lo que provocó un impacto negativo en la recaudación de ingresos. Los ingresos brutos recaudados en el año, ascendieron a 59 mil 546 millones de pesos, de modo que tampoco se alcanzó lo planificado para 2019 con una diferencia del -2,6%.

En el impuesto sobre los servicios se recaudó el 98,8% de los ingresos previstos, volviendo a producirse incumplimientos por importe de 53 millones de pesos, que el Gobierno atribuyó al comportamiento de los servicios prestados por las personas naturales, donde se encuentran los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.

Significativo y para destacar, la recaudación obtenida de las formas de gestión no estatal, es decir, de los emprendedores privados y trabajadores por cuenta propia, se cumplió por encima de lo previsto en el plan en un 107%, registrando además un crecimiento del 19% con respecto a 2018. Frente al panorama de ineficiencia e improductividad de las empresas estatales, el régimen tiene en el sector privado emergente una fuente de recaudación de ingresos, pero no le otorga ni el rango ni la relevancia que merece. Por el contrario, en la comisión parlamentaria se hizo referencia a que “persiste morosidad en el pago de algunos tributos y subdeclaración de ingresos, lo cual requiere de un mayor control de la Administración Tributaria y de las administraciones locales”.

Frente al panorama de ineficiencia e improductividad de las empresas estatales, el régimen tiene en el sector privado emergente una fuente de recaudación de ingresos, pero no le otorga ni el rango ni la relevancia que merece

El impuesto sobre utilidades y el aporte de las empresas estatales se cumplió al 102 y 107%, respectivamente, a pesar de que 787 empresas declararon disminución de la utilidad (es decir menos beneficios) y hasta una cifra de 88 registraron pérdidas cuando previamente tenían utilidades planificadas. Otra vez el planificador equivocándose en sus datos.

Más gastos y menos ingresos da lugar a un déficit en aumento. Y aquí es donde viene el ejemplo de descontrol. Primero, porque el Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley No. 1, modificativo de la Ley No. 126 Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019, autorizando la subida del importe del déficit fiscal a 7 mil 29 millones de pesos, nada más y nada menos que 842 millones más de lo inicialmente aprobado, en tanto que la demanda financiera de bonos soberanos llegó a 10 mil 963 millones de pesos.

Sin embargo, la ejecución final del presupuesto del estado en 2019 situó el déficit en 6 mil 435 millones de pesos, inferior al aprobado en el Decreto Ley No. 1 de 2019 antes citado, en 594 millones de pesos. Quienes hacen estas cuentas, no informan realmente que el déficit final del ejercicio fue superior en 248 millones de pesos al planificado inicialmente, consecuencia de una política expansiva de dudoso impacto sobre el crecimiento económico (la economía se estancó, el PIB solo aumentó un 0,5%, según CEPAL).

En las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y en los controles del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) al presupuesto, “se evidenció que, a pesar de las tensiones económicas y financieras y la falta e inestabilidad del personal calificado, el sistema presupuestario garantizó el funcionamiento de los programas sociales y económicos del país”. No obstante, dichos informes, el gobierno considera que se debe continuar trabajando, en “reforzar las acciones de control y supervisar en la ejecución presupuestaria a todos los niveles”. A tenor de lo anterior, se propusieron una serie de recomendaciones en línea con las de ejercicios anteriores.

En ningún país del mundo, una ejecución presupuestaria como la presentada por el Gobierno cubano en 2019 tendría el visto bueno de una Comisión de Asuntos Económicos, y mucho menos del parlamento, sin debate y cuestionamiento. El presupuesto del estado cubano en 2019 ha sido un buen ejemplo de la creciente separación entre economía y estado. Una buena noticia, pero que no es suficiente para dejar atrás las rémoras y trabas del modelo.

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Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.

Elías Amor

Economista Presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos Miembro del Consejo del Centro España-Cuba Félix

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