Un total de 478 cubanos respaldaron con sus firmas una queja presentada ante la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Ministerio de Justicia y el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).
El documento de Queja y Petición, entregado a las referidas autoridades por la plataforma Articulación Plebeya, hace reclamos sobre la campaña de difamación, odio y llamados a la violencia propiciados por medios de prensa oficiales e instituciones del gobierno contra ciudadanos en particular.
Va dirigido a Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado; a Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República de Cuba; a Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro de Justicia; y, a Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).
Esta Queja llama la atención sobre las campañas en plataformas oficialistas de las últimas semanas, surgidas al calor de las protestas del Movimiento San Isidro (MSI) y la manifestación del 27N, cuando cientos de artistas pidieron un diálogo con las autoridades culturales, cuyas condiciones fueron rechazadas.
En tal sentido, el documento se refiere a publicaciones concretas que llamaban a la violencia, como el post en redes sociales del medio estatal Cubadebate (“Machete, Machete que son poquitos”, expresaba la publicación en un supuesto homenaje al aniversario de la muerte de Antonio Maceo).
También recuerda la realizada por el Ministerio de Justicia, en su cuenta de Facebook, de una comunicación del Ministerio de Cultura (Mincult) en la que son calificados como “mercenarios” los 32 ciudadanos que participaron en la reunión del 27N en el Mincult.
“Es nuestro deber ciudadano expresar preocupación por las actuaciones de varios medios de comunicación estatales, en especial después de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de noviembre del año en curso”, expresa el documento, refiriéndose igualmente a la fecha en que los huelguistas del MSI fueron desalojados a la fuerza de la casa donde se hallaban, en la calle Damas 955, en La Habana.
“Este tipo de acusaciones públicas tienen trascendencias sociales adversas y deterioran el desarrollo de una cultura jurídica de respeto al estado de derecho, y la legalidad, comprometen el rol de instituciones que desempeñan por ley funciones vinculadas a la administración de justicia, afectan el cumplimiento del debido proceso en acciones legales en curso o futuras, y cuestionan la presunción de inocencia a que tiene derecho toda persona”, señala.
Asimismo, cita el Artículo 10 de la Constitución vigente, “en tanto establece que los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados están obligados a respetar, atender y dar respuesta al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control, en las formas establecidas en la Constitución y las leyes”.
A este, añaden el Artículo 61 de la Carta Magna sobre los derechos de queja y la obligatoriedad de las instituciones en atenderla y el Artículo 24.1, de la Ley de Fiscalía, No. 83 de 1998, el cual sostiene que ese órgano debe atender, investigar y responder, en el plazo de sesenta días, las denuncias, quejas y reclamaciones que en el orden legal formulen los ciudadanos.
Al finalizar, el escrito solicita “una retractación pública en los mismos espacios en que pudieron haberse emitido materiales degradantes y lesivos a la integridad moral de los individuos afectados. Este sería el único camino posible para restablecer la legalidad quebrantada, de acuerdo con la legislación cubana vigente”.
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