La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó la Ley 182 «General de Ciencia, Tecnología e Innovación», la primera norma cubana dedicada integralmente a este ámbito, publicada este martes en la Gaceta Oficial No. 94 Ordinaria de 2026 e impulsada como parte de las reformas económicas que el régimen intenta aplicar en medio de una profunda crisis.
La norma, aprobada el 18 de diciembre de 2025 durante el VI Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura y promulgada por el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, entrará en vigor 60 días después de su publicación, previsiblemente el 8 de enero de 2027.
Su principal novedad es la incorporación formal del sector privado al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La ley reconoce como actores del sistema a empresas privadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y trabajadores autónomos, equiparándolos en el acceso a instrumentos de capacitación y financiamiento junto a universidades y centros de investigación estatales.
También autoriza alianzas público-privadas para crear empresas de base tecnológica, permite contratos con regalías y pagos por transferencia de paquetes tecnológicos entre entidades estatales y privadas, y habilita la creación de empresas sustentadas en patentes y marcas para canalizar inversión externa o privada.
Entre los instrumentos de financiamiento previstos figuran capital semilla, fondos no reembolsables, microcréditos blandos, capital de riesgo y fondos de inversión de mediano y largo plazo.
El viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Daimar Cánovas Casado, presentó la norma en conferencia de prensa en La Habana y subrayó que «uno de los objetivos de la ley es justamente que la participación (en proyectos de ciencia) sea creciente tanto en el ámbito de lo estatal como no estatal, de lo público como de lo privado».
Cánovas añadió que «en la medida en que haya más innovación en todos los actores económicos, podremos avanzar con más velocidad como país».
La misma Gaceta No. 94 recoge tres normas complementarias: el Decreto-Ley 139 del Consejo de Estado, que actualiza el régimen jurídico de la Academia de Ciencias de Cuba; el Decreto 154 del Consejo de Ministros, reglamento de la propia Ley 182, que crea el Registro Nacional de Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Decreto 155, que regula la actividad de innovación y racionalización y establece el Fondo de Innovación y Racionalización.
La Ley 182 deroga el marco normativo anterior, integrado por el Decreto-Ley 323 «De las entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación» (2014) y el Decreto-Ley 7 «Del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación» (2020), y se enmarca en el paquete de 176 medidas económicas presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en junio de 2026, que incluye un eje específico de digitalización, inteligencia artificial y economía del conocimiento.
La publicación de la norma coincide con la entrada en vigor de la Ley 186 «De Organización de la Administración Central del Estado», que disuelve el propio CITMA y distribuye sus funciones entre dos nuevos ministerios.
El viceministro Cánovas aseguró que esa reestructuración «no es un obstáculo para la implementación de la nueva ley», dado que la disolución del organismo se realizará de forma gradual en un plazo de entre seis meses y un año, aunque la medida ya había generado críticas de especialistas que advirtieron sobre los riesgos de desmantelar el ente rector de la ciencia cubana.
Según datos oficiales citados por la agencia EFE, más de 16,000 empresas privadas operan actualmente en Cuba, un sector que la nueva ley busca integrar formalmente al ecosistema científico y tecnológico de la isla.
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