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Gobierno culpa a privados de precios abusivos: más de 600 licencias retiradas y 750 decomisos en lo que va de mes

El estado pretende crear un ejército de inspectores para controlar la inflación económica generada por su propias medidas.

Puntos de ventas de alimentos cerrados en pleno día debido al acoso de los inspectores estatales © Granma
Puntos de ventas de alimentos cerrados en pleno día debido al acoso de los inspectores estatales Foto © Granma

Este artículo es de hace 3 años

El gobierno cubano intenta culpar a los negocios y vendedores privados de los elevados precios que han alcanzado muchos de los productos alimenticios y de primera necesidad, tras la unificación monetaria implementada este primero de enero.

Según el diario oficialista Granma, el estado ya ha retirado este mes más de 600 licencias y realizado 750 decomisos a trabajadores privados.

El artículo publicado en el órgano oficial del único partido cubano relata cómo un vendedor de tomates y ajo intenta estafar a la población con altos precios y un inspector estatal se lo impide y se convierte en el héroe de la situación.

Para el control de los precios y evitar que lo anterior suceda, el periódico asegura que, además de los decomisos y el retiro de licencias, el gobierno cubano “ha realizado más de 52 500 inspecciones al comercio minorista, tanto estatal como no estatal”, y que en el “47 % de estas inspecciones se han adoptado 33 910 medidas, ante violaciones de precios”.

El gobierno de Cuba pretende saldar con un ejército de inspectores la inflación económica generada por su propias decisiones, como es el caso de la unificación monetaria.

Para muchos economistas, la medida no será efectiva sino se acompaña con estímulo para hacer posible el desarrollo de medianas y pequeñas empresas privadas nacionales que puedan producir riquezas y equilibrar el valor de la moneda.

El pasado diciembre, en declaraciones a la agencia oficial Prensa Latina, el doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, Ricardo Torres, criticó la nueva medida argumentando que, “dado que la riqueza creada no se modifica en los momentos iniciales, cualquier aumento del poder adquisitivo en un grupo implica una pérdida equivalente en el resto de los actores”.

Sin embargo, el sector privado ha llevado la peor parte y continúa siendo atacado por el gobierno.

Con respecto a los precios, es el gobierno cubano el que ha subido los costos de todos los servicios y productos (electricidad, transporte, gas, alimentos), al elevar el precio de la canasta básica precaria de servicios y bienes a 1500 pesos y mantener altísimos precios en tiendas en dólares a los que la mayoría de los cubanos no tienen acceso.

El gobierno ha desabastecido a propósito las tiendas en pesos cubanos, antes en CUC, con el objetivo de obligar a la población a comprar los productos necesarios para la vida en una moneda ajena y hacerse con toda la divisa que entra al país, además de devaluar la moneda nacional.

Tras el primero de enero, el precio del dólar en el mercado negro, el único lugar donde los cubanos que no reciben ayuda del extranjero pueden conseguirlo, se disparó hasta costar de 42 a 47 pesos por una unidad, mientras que la tasa oficial registra 23,50 pesos cubanos por un dólar. El aumento es de más de un 80%.

Muchos cubanos han dejado constancia de su inconformidad e incertidumbre ante los nuevos precios impuestos por el estado a los productos necesarios para la vida.

Incluso, no pocos han dejado de comprar los alimentos debido a la mala calidad del producto ofrecido por el gobierno a pesar de su nuevo precio aumentado, como es el caso del pan, que pasó de costar 0.05 centavos a 1 peso.

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