Las autoridades cubanas sancionaron con penas de entre tres y 24 años de prisión a cinco hombres, a quienes consideraron culpables de un delito de sabotaje al tren Mariel-Habana-Cárdenas, que se descarriló entre los puentes de La Lisa y la Cujae, en La Habana, el 25 de mayo de 2019.
Según una información del diario Granma, el juicio se celebró el 24 de diciembre de 2020 en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, y en el comparecieron como acusados Miguel Ángel Rodríguez Batista, Yoandris Ortiz Meriño, Raidel Sánchez Mayedo, Joaquín Camejo Corrales y Lázaro Yerson Ramos Salín.
De acuerdo con la sentencia, quedó demostrado que Rodríguez Batista contactó con dos cubanos residentes en Estados Unidos. Uno de ellos, nombrado Luis Mario Vela Reyes, le prometió darle mil dólares si descarrilaba un tren de los que comunican el Mariel, municipio de Artemisa, con la capital, y además grababa un video del suceso.
Rodríguez Batista se puso de acuerdo con el resto de los acusados, quienes aceptaron participar, a excepción de Yoandris Ortiz Meriño, que aunque se negó a intervenir directamente no denunció el hecho a las autoridades.
El día del acto los cinco acudieron al kilómetro 14,750 de la línea férrea citada. Ortiz Meriño se dedicó a vigilar desde un punto cercano, mientras el resto desprendió y separó uno de los raíles.
Ello provocó el descarrilamiento horas después del tren de carga 1223 con la locomotora No. 312031, que iba hacia la terminal de contenedores del Mariel, situada en Cárdenas, Matanzas. El evento causó daños en la vía férrea y afectaciones valoradas en 400.000 pesos.
El 19 de julio de ese año, menos de dos meses después del suceso, Luis Mario Vela Reyes viajó a Cuba y le dio a Miguel Ángel Rodríguez Batista 500 pesos convertibles (CUC), pues este no había filmado el hecho.
El tribunal asegura que las acciones descritas integran el delito de sabotaje, regulado en los artículos 104.1 a) y 105 c) y ch) del Código Penal, y el delito denominado 'Otros actos contra la seguridad del Estado', previsto en el artículo 128 de la misma ley.
Este último establece que "el que al tener conocimiento de la preparación o ejecución de cualquier delito contra la seguridad del Estado no lo denuncie, sin perjuicio de tratar de impedirlo por todos los medios a su alcance", podrá ser sancionado con hasta tres años de cárcel.
Los jueces impusieron por el cargo de sabotaje sanciones de entre 17 y 24 años de prisión, a excepción del acusado Yoandris Ortiz Meriño, que fue sancionado por otros actos a tres años de privación de libertad.
Los sancionados pueden interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
De acuerdo con reportes de la prensa oficialista en los días posteriores al evento, el tren saboteado transportaba unas 900 toneladas de productos destinados a los hoteles Meliá en Varadero.
En los contenedores averiados viajaban latas de atún, cervezas, pinturas, luminarias y materias primas para la fabricación de papel sanitario.
Orlando Mir, jefe del Grupo de Importaciones de la empresa Miramar S.A., reveló que en el convoy iban tres contenedores de pintura de su entidad valorados en casi 34 mil euros, uno de los cuales resultó "seriamente afectado".
El sabotaje al tren también dejó afectados más de 250 metros de la vía férrea, que tardaron varios días en ser reparados.
Directivos de la Unión de Ferrocarriles de Cuba insistieron en que dicho tramo estaba construido poco tiempo atrás y que la locomotora, importada desde Rusia, estaba "prácticamente nueva".
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