El régimen cubano aseguró este lunes que los sobrevivientes del enfrentamiento armado ocurrido en febrero cerca de Cayo Falcones, en Villa Clara, confesaron su participación en los hechos y colaboran con las investigaciones, mientras enfrentan la posibilidad de recibir condenas por terrorismo que, según la legislación cubana, pueden incluir la pena de muerte.
Las afirmaciones fueron realizadas por el coronel Francisco Estrada Portales, funcionario de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior (MININT), en declaraciones a AP.
Estrada sostuvo que los detenidos admitieron su participación en la presunta operación armada y proporcionaron información que permitió avanzar en la investigación.
También aseguró que los análisis forenses realizados a las armas y explosivos ocupados demostraron que estaban en condiciones de funcionamiento.
Sin embargo, AP advirtió que no pudo verificar de manera independiente el contenido de las grabaciones mostradas por las autoridades cubanas ni las circunstancias en que fueron obtenidas las supuestas confesiones.
La advertencia adquiere particular relevancia por las denuncias anteriores de familiares y activistas sobre amenazas, presuntos malos tratos y dificultades para acceder a los detenidos.
Según el coronel, los sospechosos podrían enfrentar cargos relacionados con terrorismo, específicamente por hechos que involucrarían dispositivos letales y explosivos.
El Código Penal cubano, aprobado mediante la Ley 151 de 2022, contempla la pena de muerte para determinadas modalidades graves de terrorismo, entre ellas algunas de las conductas previstas en su artículo 170.
Sin embargo, Estrada precisó que los fiscales todavía no habían solicitado penas específicas, según recogió AP.
Cuba mantiene la pena de muerte en su legislación, aunque no se conocen ejecuciones desde el 11 de abril de 2003, cuando fueron fusilados tres hombres condenados por el secuestro de una embarcación con la que pretendían llegar a Estados Unidos.
Las ejecuciones fueron condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestionó las garantías judiciales del proceso.
El nuevo pronunciamiento oficial se refiere al incidente ocurrido el 25 de febrero de 2026, cuando una lancha rápida procedente de Estados Unidos, con diez hombres de origen cubano a bordo, fue interceptada por las Tropas Guardafronteras cerca de Cayo Falcones, frente a la costa norte de Villa Clara.
Según la versión del régimen, los ocupantes de la embarcación intentaban entrar por la fuerza en territorio cubano y dispararon contra una patrullera que se aproximó para interceptarlos.
Las autoridades afirmaron que el jefe de la embarcación oficial resultó herido y que los guardafronteras respondieron con disparos.
La lancha fue localizada aproximadamente a 1,6 kilómetros al noreste de Cayo Falcones, de acuerdo con la información recogida por AP.
El balance inicial difundido por las autoridades cubanas fue de cuatro fallecidos y seis heridos entre los diez ocupantes de la embarcación procedente de Florida.
Posteriormente, el Ministerio del Interior confirmó la muerte de Roberto Álvarez Ávila, uno de los heridos, quien falleció el 4 de marzo como consecuencia de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento. Su muerte elevó a cinco el número de fallecidos.
En consecuencia, los reportes posteriores elevaron a cinco el número de fallecidos y dejaron en cinco la cantidad de sobrevivientes.
Además de las detenciones realizadas tras el incidente marítimo, las autoridades cubanas informaron del arresto de una persona en tierra a la que atribuyeron presuntas funciones de apoyo al grupo.
Estrada afirmó que las declaraciones de los capturados permitieron identificar a Amijail Sánchez González, residente en Estados Unidos desde 2016, como la persona que habría efectuado los primeros disparos durante el enfrentamiento.
Sánchez había sido incluido anteriormente en una lista de personas señaladas por el régimen como presuntos terroristas.
Su situación ya había generado atención después del incidente de febrero, cuando trascendió que La Habana lo había identificado como sospechoso de actividades terroristas antes de su detención.
Otro de los detenidos mencionado por el coronel es Leordan Enrique Cruz Gómez, quien también figura en la lista cubana de personas acusadas de terrorismo.
Las autoridades mostraron a AP grabaciones de declaraciones de los sospechosos. En una de ellas, atribuida a Cruz, el detenido afirmaba que el grupo pretendía asegurar una zona y alentar a los cubanos a derrocar al gobierno.
Pero la agencia estadounidense dejó claro que no pudo comprobar si esas manifestaciones fueron realizadas libremente ni verificar las circunstancias de los interrogatorios.
La falta de garantías verificables alrededor de las declaraciones constituye uno de los aspectos más delicados del caso, especialmente por la gravedad de las penas que podrían imponerse.
Las denuncias sobre las condiciones de reclusión de los sobrevivientes comenzaron meses antes del anuncio de este lunes.
En junio, familiares y organizaciones opositoras denunciaron que los sobrevivientes permanecían bajo amenazas y presiones psicológicas en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
Maritza Lugo, representante del Movimiento Partido Democrático 30 de Noviembre «Frank País», aseguró entonces que los detenidos estaban sometidos a vigilancia permanente y condiciones de reclusión extremadamente difíciles.
«Los han amenazado de muerte, los vigilan permanentemente y están sometidos a una presión psicológica constante», denunció la activista.
Lugo afirmó además que Sánchez González había sufrido golpes durante interrogatorios realizados en Villa Marista, con lesiones que habrían afectado su audición.
La activista también cuestionó las condiciones en que los sobrevivientes habrían sido entrevistados durante la visita de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a Cuba, el 1 de abril, para participar en las pesquisas sobre el enfrentamiento.
Según denunció Maritza Lugo en junio, los detenidos no pudieron hablar en privado con los investigadores estadounidenses porque agentes de la Seguridad del Estado permanecieron presentes durante los interrogatorios.
Según su testimonio, los detenidos no pudieron hablar en privado con los investigadores estadounidenses debido a la presencia de agentes de la Seguridad del Estado.
Las dudas sobre su situación también llegaron a Naciones Unidas.
En marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó a las autoridades cubanas información sobre el paradero, la situación jurídica y los fundamentos legales de la detención de los sobrevivientes, después de recibir acciones urgentes promovidas por Cubalex.
La organización había denunciado dificultades de familiares y representantes legales para obtener información sobre los arrestados durante los días posteriores al incidente.
El comité pidió aclaraciones sobre la ubicación de las personas detenidas, los cargos existentes en su contra y la documentación relacionada con su privación de libertad.
En junio también se había informado, a partir de denuncias de familiares y activistas, que la Fiscalía cubana imputó delitos de terrorismo a los sobrevivientes.
Por otra parte, el coronel Francisco Estrada Portales también se refirió al armamento y los equipos presuntamente incautados durante la operación.
El MININT había mostrado anteriormente fusiles, pistolas, explosivos, uniformes, botas, cascos, suministros médicos, alimentos, un generador eléctrico, equipos de comunicación satelital y miles de municiones.
Según el funcionario, los análisis forenses determinaron que las armas y los explosivos estaban en buen estado de funcionamiento y podían utilizarse para causar daños.
Finalmente, Estrada aseguró que La Habana compartió sus hallazgos con Estados Unidos, pero que hasta este lunes no había recibido respuesta.
Vídeos relacionados:
Archivado en: