Una serie de denuncias desestimadas por las autoridades movió a un ciudadano cubano a reclamar una revisión de los procedimientos seguidos, gracias a los cuales una serie de presuntas ilegalidades cometidas por la policía han quedado impunes.
“Terrorismo policial y abuso de poder y autoridad” es como titula Dariem Lázaro García López su publicación en redes sociales, en la cual relata hechos ocurridos en julio de 2015.
Su denuncia argumenta “los daños causados a todos los afectados: físicos, mentales, legales, sociales, de nuestro derecho, de nuestra inocencia y sobre todo de la verdad y la justicia por sobre todas las cosas”.
Falsas acusaciones, coacciones a testigos, brutalidad policial con resultado de fracturas, lesiones y hasta una amputación de un pie por la gangrena producida por heridas, forman parte del rosario de atropellos que García López denuncia que han quedado impunes.
“Esto ocurrió el 24 de Julio de 2015 en Marianao y la 6ta Unidad de la PNR en dicho municipio. Se negó la atención médica para eliminar evidencias, se nos sancionó a todos con lo que se les ocurrió, se nos amenazó, se nos injurió, se evidenció el racismo, se puso en peligro potencial nuestra vida”, describe García López en un post de Facebook que detalla los hechos y las subsiguientes denuncias interpuestas por los ciudadanos involucrados y las respuestas de las autoridades.
Aunque no queda muy claro el origen de las actuaciones policiales, García López precisa que a resultas de ellas su padre quedó lesionado y con varias costillas fracturadas. La denuncia de la familia contra siete oficiales por lesiones y amenaza se formuló el 20 de agosto de 2016 con número 763/2015, pero no se tramitó por quedar fuera de término luego de una serie de dilaciones injustificadas.
Tampoco recibió respuesta por escrito, sino que se les comunicó que “las lesiones y costillas partidas a mi padre fueron por reducción a la obediencia, en una acción policial de excelencia”, y que nadie había resultado víctima del maltrato. A su vez, los denunciantes remitieron otro escrito el 22 de agosto de 2016.
Lo mismo sucedió con las otras denuncias a que dio origen la presunta mala actuación policial: la 763/2015 por lesiones y amenazas, formulada en “Fiscalía Militar PNR” el 31 de julio de 2015; la 764/2015 por “actitud deshonrosa”, formulada por mi madre Victoria de la Caridad López Nicot; y la 767/2015, formulada por un oficial de criminalística del MININT, nieto de Carmen Nancy, una de las afectadas.
Al parecer, las actuaciones denunciadas por los afectados se relacionan con una serie de malas prácticas y dejación de funciones cometidas por el oficial superior Osmany Pérez Calzadilla, con número 09288, quien actuó con “parcialidad con la parte agresora” ante la denuncia presentada por la familia de García López, relacionada con amenazas y agresiones cometidas presuntamente por el ciudadano José Manuel García Rosales, con antecedentes penales por homicidio.
Esto dio origen a una serie de reclamaciones y nuevas denuncias que fueron escalando en las instancias administrativas pero, a juicio de los afectados, ninguna ha resarcido el daño hecho y la injusticia cometida.
La familia y vecinos suyos sufrieron golpes y otros atropellos que denunciaron, pero los informes de la policía justificaron la actuación y encubrieron hechos constitutivos de delito, según García López. “Reducción a la obediencia”, en lugar de llaves innecesarias; “caídas” en lugar de violentos empujones y contusiones, forman parte del arsenal de eufemismos empleados en los informes policiales.
Frases como, “por ser negro, en el tiempo de Batista ya te habrían fusilado”, denotan otra de las ilegalidades cometidas presuntamente por la policía, según refiere García López. Ante las constantes reclamaciones de los afectados, el oficial Pérez Calzadilla exclamó: “Próxima denuncia que hagan, tanto ustedes como la otra parte, los meto presos a todos y justifico con riña tumultuaria y hasta la vieja va presa”.
Según relata el afectado, las denuncias llegaron hasta la Fiscalía General de la República y el periódico Granma. Este último no pudo publicar el caso en sus páginas por su “complejidad”, mientras que la fiscalía afirmó que no se violó ningún procedimiento y que se actuó acorde a la Ley y el Derecho, dejando la queja cerrada.
Ante la impunidad manifiesta de los cuerpos represivos y la existencia de pruebas “irrefutables”, según García López, los ciudadanos cubanos afectados por esta actuación policial exigen se examinen las denuncias de manera imparcial y se haga justicia en vez de proteger a agentes que atentan contra la seguridad y la paz ciudadana.
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