El abogado Santiago Alpízar, del proyecto Cuba Demanda, anima a las víctimas de las croquetas explosivas que han causado quemaduras de diversa consideración en la Isla, a reclamar por la vía judicial una indemnización al Estado cubano.
Cuba Demanda se compromete a asesorar gratuitamente a los reclamantes para que interpongan queja y petición, recurso de alzada y demanda judicial.
En un comunicado de prensa, Alpízar explica los pasos a seguir para conseguir que el tema se dirima en los tribunales y, de esta forma, obligar al Estado a compensar los daños sufridos por los consumidores.
Pero para llegar hasta ahí hay que empezar por interponer una queja al ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, pidiéndole que declare ilícita la producción estatal de croquetas que estallan al freírlas, e incluso después de fritas, provocando quemaduras.
Este paso hay que cumplirlo porque "el Código Civil cubano prescribe que los hechos que causan daño o perjuicio a otro son actos ilícitos (artículo 81) y que las reclamaciones por daños humanos contra funcionarios o agentes del Estado en ejercicio de funciones propias tienen como presupuesto que el acto ejecutado haya sido declarado ilícito por la autoridad estatal superior correspondiente (artículo 96)", señala Alpízar.
Por tanto, las quejas deben ir dirigidas a: Manuel Sobrino Martínez. Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL). Avenida 41 No. 4455, entre 48 y 50, Playa. Código Postal 11300, La Habana.
El abogado también recomienda escribir a la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda para exigirle el control de la inconstitucionalidad de la producción de este tipo de croquetas explosivas.
Alpízar llama la atención sobre el etiquetado del producto, que no incluye indicaciones sobre cómo deben ser consumidas las croquetas, pese a que la empresa que las produce está obligada a ofrecer esta información al consumidor y así lo recoge el artículo 78 de la Constitución de 2019, que garantiza el derecho a consumir bienes y servicios de calidad.
Además, la producción de este tipo de alimentos peligrosos viola, añade Alpízar, el artículo 77 de la Carta Magna aprobada hace dos años, que consagra el derecho a una alimentación sana y adecuada.
La misiva reclamando la inconstitucionalidad de la producción de croquetas explosivas debe ir dirigida a Yamila Peña Ojeda. Fiscalía General de la República (FGR). Avenida Primera No. 1801, entre 18 y 20, Playa. Código Postal 11300, La Habana.
Asimismo, Santiago Alpízar recomienda canalizar las quejas publicadas en redes sociales a través de la sección "Contáctenos" de la web del MINAL (https://www.minal.gob.cu/) y el correo electrónico de la Fiscalía General de la República (atencionciudadano@fpch.fgr.gob.cu).
Desde el proyecto Cuba Demanda, aclaran que si tanto el MINAL como la Fiscalía General de la República no responden a las quejas interpuestas o dan una respuesta insatisfactoria al cliente, toca interponer un recurso de alzada. O sea, repetir la misma operación mostrando desacuerdo con el silencio administrativo o la respuesta negativa del ministro o la fiscal jefa.
Llegados a este punto, ya las víctimas de la croquetas explosivas pueden acudir a la vía judicial para reclamar una indemnización. La demanda puede interponerse con o sin abogado, tanto si la compensación es inferior a 500 pesos como si pasa de esta cifra, aclara el letrado.
Será la víctima la que fije "libremente" la cuantía de la indemnización y corresponderá al tribunal valorarlo, atendiendo al precedente sentado por la sentencia 110, de 2 de noviembre de 1999, en el caso 88/99 sobre daños, juzgado por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, acota Alpízar.
Las croquetas explosivas son producidas en Cuba por el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria Cubana (GEIA). Prodal, que pertenece a este conglomerado, salió al paso al escándalo de las quemaduras que estaba causando el producto, diciendo que se debía a que las víctimas no saben freír las croquetas a la temperatura o en la cantidad adecuada y a la densidad de la masa con que se elaboran.
"Cuba Demanda estima que alegación de Prodal no es justificación, sino evasión de responsabilidad para descargar la culpa en el consumidor sin que conste advertencia previa del productor sobre el riesgo de daños y perjuicios por quemaduras en acto tan inofensivo y tradicional como freír croquetas", señala Alpízar en su comunicado.
El escándalo de las croquetas explosivas en Cuba llegó incluso a la prensa nacional estadounidense. Varios damnificados se negaron a ser entrevistados, temiendo por las represalias del gobernante Partido Comunista.
Las croquetas que explotan se venden en pesos cubanos. Vídeos de damnificados muestran cómo estallan incluso una vez fuera del fuego.
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