Las autoridades cubanas desalojaron, a golpe de mandarriazos, a una pareja que habría ocupado un local abandonado del barrio Aldecoa, en La Habana, tras una temporada durmiendo en las calles de la capital, según declaraciones de las víctimas.
Ignacio Arias y su esposa Ivette decidieron ocupar un local vacío de La Habana luego de quedarse sin domicilio propio tras un primer desalojo. Las circunstancias de la primera expulsión de su vivienda no fueron esclarecidas por la pareja, la cual se limitó a asegurar que su casa les había sido arrebatada. “Yo tengo los papeles ahí, y me la quitaron (la casa)”, indicó Ignacio.
En un video publicado en la cuenta de Youtube de la organización DELIBERA, puede escucharse a la pareja explicando las circunstancias por las cuales decidieron ocupar el nuevo local.
“¿Por qué ustedes están aquí, ocupando esta vivienda?”, pregunta una persona que no se identifica durante el video. “Bueno, porque no tenemos donde vivir. Estamos en la calle. Nos están metiendo multas cada vez que nos cogen en la calle, no tenemos donde vivir, porque no tenemos casa. Nos quitaron mi casa”, indica Ignacio.
Por su parte, Ivette se lamenta de la situación inmobiliaria que padece el país.
“Hay gente durmiendo en las calles. Las calles Yumurí y Belascoaín están llenas de locos. ¿Con qué moral van a hablar? ¿De qué me están hablando? Cuando ellos recojan a toda esa cantidad de locos y gente viviendo en la calle, pasando hambre y necesidad, entonces ellos pueden pedirme que me calle la boca”, aseguró la joven antes de ocupar el local vacío.
Luego de las declaraciones de la pareja, pueden verse en el video a varias funcionarias de instituciones estatales en un intento por amenazar a los ocupas para que abandonaran el inmueble voluntariamente.
Según las identifica el video, las funcionarias pertenecían a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una organización de la sociedad civil operada por el gobierno cubano; la directora de la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza de la Revolución; y una delegada de la Asamblea Municipal a la cual nombraron Vivian, sin que ofrecieran otro dato al respecto.
En el encuentro entre los ocupas y las tres funcionarias, se les escuchaba, a ambas partes, asegurar que no tenían miedo. “Nosotros no le tenemos miedo a nada”, indicaban las funcionarias del estado, al tiempo en que Ivette les respondía “que ella tampoco”.
“Aquí cada cual defiende su problema de la vivienda como puede. Con el mayor respeto, mi problema no es con la policía ni con nadie. Estoy resolviendo mi problema”, indicaba Ivette a través de unas persianas a las 3 funcionarias, las cuales no accedieron al local.
Ante la imposibilidad de que los ocupas se marcharan bajo la presión de las amenazas, un grupo de “factores de la comunidad” comenzaron a derribar las paredes del local con mandarrias.
Los llamados “factores de la comunidad” no son otros que civiles, pertenecientes a organizaciones políticas o adscritas al estado, así como miembros de la sociedad civil conectados a la policía política o al directamente al gobierno.
Tras derribar las paredes, los “factores de la comunidad” informaron a la policía y estos detuvieron a los ocupas. En el video puede apreciarse cómo arrestan a Ignacio, y lo introducen en un carro patrulla para ser trasladado a una unidad policial.
La ocupación de locales vacíos es un fenómeno recurrente en la isla a consecuencia de la crisis inmobiliaria que sufre el país desde hace décadas. A la incapacidad del estado de cubrir la demanda inmobiliaria de la ciudadanía se le suma la vulnerabilidad que sufre la isla ante la inclemencia de huracanes, eventos que generan una considerable cifra de familias que, tras la pérdida de sus hogares cada año, se ven obligadas a vivir en albergues durante largos períodos.
Ante estas ocupaciones ilegales, las autoridades proceden a los desalojos forzosos. El pasado abril, la activista y periodista ciudadana, Dairis González Ravelo, residente en el municipio de Morón, en Ciego de Ávila, expuso ante el mundo la situación de dos madres con hijos menores de edad que fueron desalojadas por ocupar ilegalmente locales del Estado y, en contraste, reveló imágenes de las viviendas y los privilegios que el gobierno local entrega a militares y altos dirigentes.
También en abril las autoridades cubanas echaron abajo un asentamiento ilegal de más de 50 casas levantadas en el poblado Jamaica, ubicado en el municipio San José, en Mayabeque.
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