Justicia 11J advierte sobre alto número de mujeres cubanas detenidas y procesadas por manifestarse

La organización exigió al Estado cubano, en el contexto de reflexión sobre las vulnerabilidades y los derechos de las mujeres a propósito de la jornada por el 8 de Marzo, que cumpla las Reglas de Bangkok, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010.

Facebook/ Cubalex
Lizandra Góngora. Foto © Facebook/ Cubalex

El grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, advirtió sobre el alto número de mujeres en la isla detenidas y procesadas por manifestarse pacíficamente el 11 de julio último

“Justicia 11J desea hacer un llamado de atención sobre el alto número de mujeres que han sido detenidas y procesadas por su participación en las protestas de julio: 214. Al menos, 22 de ellas son madres; 74 continúan en detención y 67 han sido juzgadas”, expuso la organización este martes en su perfil de Facebook.

También apuntaron que son mujeres casi el tercio de las personas juzgadas este lunes en el Tribunal de Güira de Melena por participar en las referidas protestas de julio último.

Asimismo, destacaron la situación de la opositora Lizandra Góngora, de 35 años, quien es miembro del Partido Republicano de Cuba y de la organización civil Vuelta Abajo por Cuba, además de madre con cinco hijos bajo su cuidado.

Refirieron sobre su caso que huyó de su casa cuando supo que estaba siendo buscada por los agentes de la Seguridad del Estado, a partir de su participación en las protestas, ya que temía por su vida y la seguridad de sus hijos.

Finalmente, fue detenida el 22 de julio y  estuvo en desaparición forzada hasta el 29.

“Entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, Lizandra estuvo aislada en una celda de la prisión de mujeres del Guatao, a manera de castigo, por haber denunciado mediante correspondencia personal las pésimas condiciones que enfrentan las reclusas en el penal. Lizandra, en lo personal, ha experimentado la violencia política de que son víctimas las mujeres que se han dedicado al activismo”, sostiene la organización defensora de derechos humanos.

Asimismo, puntualizaron que “la situación de Lizandra es o pudiese ser extensiva a otras mujeres como Mailene Noguera (vocera del Movimiento Opositores por una Nueva República, MONR); María Cristina (Partido Republicano de Cuba y Vuelta Abajo por Cuba) y Angélica Garrido Rodríguez, acusadas de liderar las protestas en Quivicán, provincia Mayabeque; Arrianna López Roque (miembro de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y de la Academia Julio Machado), Sissi Abascal (Dama de Blanco) y Saily Navarro (Dama de Blanco y miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel)”.

La organización exigió al Estado cubano, en el contexto de reflexión sobre las vulnerabilidades y los derechos de las mujeres a propósito de la jornada por el 8 de Marzo, que cumpla las Reglas de Bangkok, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010, oficialmente señaladas como Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes.

“Este documento se centra en la necesidad de dar prioridad a la aplicación de medidas no privativas de la libertad a las mujeres, de manera especial aquellas con hijos, y bajo consideración de que las reclusas son un grupo vulnerable, con necesidades y requisitos específicos”, argumentó el grupo, además.

Señalaron también los casos de mujeres que esperan sanciones de diez o más años de privación de libertad como Angélica Garrido (39 años), con petición fiscal de 10 años de privación de libertad; Daisy Rodríguez Alfonso (38), con petición fiscal de 20 años de privación de libertad; Iris Belkis Oduardo Rodríguez (55), petición fiscal de 14 años de privación de libertad y Jessica Lisbeth Torres Calvo (27), sentenciada a 15 años de privación de libertad, entre otras.

Justicia 11J consideró que es URGENTE la modificación de sus sanciones a otras, no privativas de libertad. También, la del resto de las mujeres que forman parte de su relación, aún cuando sus sanciones no sean particularmente prolongadas, además de anunciar que mantendrán su campaña para lograr la absolución o libertad inmediata de cada una de ellas, así como del resto de las personas en detención por motivos políticos.

Este grupo de trabajo recordó, además, el enorme costo de las sanciones administrativas que le han puesto a esas mujeres.

En este último aspecto, señalaron como inaceptables las soluciones aplicadas a Taimara Brown, condenada a un año de privación de libertad y a cinco de destierro de La Habana, donde había decidido recomenzar una nueva vida de luchas por la subsistencia propia y la de su hijo de 4 años.

A este caso, sumaron el de las altas multas (de hasta siete mil CUP) que al menos 25 mujeres han pagado, en medio de una crisis económica generalizada y con la implantación de tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) a la que muchas familias (y manifestantes) aún no tienen accesos.

“Justamente, las protestas en Güira de Melena, en las que participó Lizandra Góngora, sucedieron frente a una de esas tiendas, como respuesta a la impopular medida estatal, que ha agudizado las diferencias entre la población cubana”, apuntó el grupo en su red social.

Además, Justicia 11J recordó que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (adoptada en 1994), establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y propone el desarrollo de mecanismos que velen por su integridad física, sexual y psicológica.

La publicación señaló también la violencia sexual sufrida por la menor Gabriela Zequeira (absuelta), Amanda Dalai Matamoro Cabrera y Katia Beirut, además del trato degradante que recibieron Yessica Coimbra y su madre, por ser mujeres negras, y la violencia sufrida por las mujeres trans como Brenda Díaz, recluida en centros penitenciarios junto a hombres en los que ha recibido tratos que no reconocen su identidad de género.

Justicia 11J por último exigió al Estado cubano que respete y vele por el cumplimiento no solo de los protocolos internacionales relativos a la situación de las mujeres reclusas, sino a todos las personas bajo su responsabilidad, tanto en centros de reclusión penal, como en establecimientos de salud.

De acuerdo con su registra, hasta la fecha han documentado la detención de 1417 personas, en relación con las protestas de julio. Al menos, 747 de ellas continúan en detención; 486 han sido juzgadas en juicios sumarios u ordinarios; 281, esperan sentencias.

Este martes también la plataforma feminista Yo sí te creo en Cuba declaró que este 8 de Marzo no hay “nada que celebrar”, ya que la isla es un país donde ocurrieron 34 feminicidios en 2021 y cuatro en lo que va del actual año.

El grupo de apoyo y acompañamiento a personas en situación de violencia consideró que este “Día Internacional de la Mujer” en la isla no es para festejar por las 76 mujeres que permanecen en detención por razones políticas, el incremento y legitimización de la violencia policial, además del aumento de la mortalidad materna y el embarazo a temprana edad.

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