La Gaceta Oficial de Cuba publicó el actual Código Penal de la isla que entrará en vigor dentro de 90 días, tras haber sido aprobado en mayo último por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
“El Código Penal ya está publicado en Gaceta y entra en vigor dentro de noventa días. Nuestra organización ha alertado sobre las graves violaciones que este Código recoge”, apunta este jueves en Twitter la organización defensora de los DD.HH., Cubalex.
También difunde una infografía con once puntos de alarma de la Ley 151/2022 “Código Penal”, publicada durante esta jornada en la edición 93 de la Gaceta Oficial de Cuba.
Cubalex considera que en esta Ley se tipifica conductas penales ambiguas, amplias y discrecionales; además de que en esta unos 32 delitos amenazan la libertad de expresión.
Asimismo, este Código Penal afecta la libertad de reunión, de asociación y manifestación pacífica, y en el mismo se pone al uso del ciberespacio como un agravante de la responsabilidad penal.
La organización incluye entre las alarmas también a que en esta Ley se mantiene la pena de muerte, el uso de las medidas de seguridad terapéuticas y que la responsabilidad penal se mantiene a partir de los 16 años.
Tampoco el Código Penal reconoce al feminicidio como un delito de carácter especial y en el mismo hay una criminalización de la difusión ilegal de señales satelitales, televisivas, radiales o similares con sanción máxima de hasta ocho años de cárcel.
La organización alerta, además, sobre la permisibilidad de la vigilancia electrónica, el monopolio de la acción penal en conductas electorales que se deben tramitar por vía no penal y la mayor criminalización del periodismo independiente.
Tras la aprobación en mayo último del actual Código Penal por el órgano legislativo cubano, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo calificó como una ley retrógrada.
Dijo, además, que la legislación penal cubana retrotrae al país a "épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios".
También lamentó que se criminalicen aún más las libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la libre asociación y reunión.
"El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar", sostuvo la organización que defiende y promociona la libertad de prensa y de expresión en las Américas.
Asimismo, señaló que este Código Penal, mantiene la pena de muerte por fusilamiento en 24 delitos y formaliza sanciones de cadena perpetua, además de que en el mismo se estipula hasta tres años de cárcel a quien insulte a altos funcionarios públicos.
La organización sin fines de lucro alertó que con esta ley se podrá imponer hasta 10 años de prisión a quien "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales usados para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional".
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, lamentó en el comunicado que las "autoridades cubanas viajen al pasado, a contrapelo del mundo desarrollado, hacia épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios".
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación tras su aprobación en mayo último por los legisladores cubanos.
“Ante la aprobación del nuevo Código Penal el 15 de mayo, la CIDH y la Relatoría Especial de la CIDH expresan preocupación por tipos penales que pudieran emplearse para criminalizar el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y asociación”, dijo la institución desde su cuenta oficial en Twitter.
“La CIDH y la RELE advierten que el nuevo Código Penal mantiene un lenguaje amplio e impreciso para tipificar delitos como el de 'sedición' y 'contra el orden constitucional', y recrudece penas relacionadas con los mismos como de prisión perpetua y muerte. Preocupa también la inclusión de un tipo penal que criminalizaría el financiamiento de organizaciones y periodistas críticos al 'Estado y su orden constitucional'”, agregó este organismo internacional en su post.
“Como Relator de la CIDH para Cuba manifiesto mi preocupación por el nuevo Código Penal, ante las múltiples denuncias que mediante tipificaciones ambiguas se busca silenciar y perseguir a quienes exigen libertad y democracia en la Isla”, apuntó también en esa ocasión el abogado guatemalteco Stuardo Ralón.
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