El gobierno cubano negó este sábado las versiones que circularon insistentemente sobre la puesta en vigor de una nueva regulación migratoria para los médicos especialistas en Medicina General Integral o recién graduados.
“A partir de información falsa que está circulando en las redes sociales sobre el permiso que deben solicitar algunos profesionales de la salud, para viajar al exterior por asuntos particulares, el Ministerio de Salud Pública aclara que no existen nuevas regulaciones para la salida del país de los trabajadores del sector”, informó en una nota oficial el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP).
“El primero de diciembre de 2015 entró en vigor la Resolución No. 994 del Ministro de Salud Pública como procedimiento interno para aplicar por la administración de las unidades del Sistema Nacional de Salud, a los trabajadores que son sujetos de las regulaciones del Decreto 306 del 11 de octubre del año 2012 ‘Sobre el tratamiento hacia los cuadros, profesionales y atletas que requieren de autorización para viajar al exterior’”, agregó el comunicado.
La nota aclara que no existe “regulación migratoria para los médicos especialistas en Medicina General Integral, ni médicos recién graduados, se mantiene la política migratoria aprobada en el año 2015, no es política del sector de la salud añadir nuevas regulaciones”.
No es la primera vez que el MINSAP tiene que salir a atajar rumores sobre nuevas regulaciones para los médicos cubanos.
A finales del pasado año, la institución tuvo que salir a aclarar que no era su intención añadir nuevas regulaciones, luego de que filtrase un audio de una presunta directiva de Salud en Cuba haciendo alusión a nuevas restricciones a partir de noviembre de 2021.
En octubre de 2012, justo tres meses antes de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciara la derogación del permiso de salida del país, también conocido como Tarjeta Blanca, se modificó la legislación para evitar el éxodo masivo.
Se aprobaron los decretos leyes 302 y 306 modificativos a la ley 1312 “Ley de Migración” que establecen las limitaciones de entrada y salida de Cuba para todos los cubanos, con especial énfasis al personal de salud y, en general, altamente calificado.
Entre ellos, “graduados de la educación superior que realizan actividades vitales para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país en los programas estratégicos, proyectos de investigación y servicios de salud”, estipula el artículo primero, inciso b del Decreto-Ley 306.
El artículo segundo establece que, para salidas temporales, “pueden ser autorizados, previo análisis de cada caso”. Para residir en el exterior, solo serán autorizados cinco años después de solicitar la salida, supuestamente para garantizar el “relevo en la actividad vital de que se trate”.
Los cuadros y directivos del sector a todos los niveles también están sujetos a prohibición de salida del país si el MINSAP así los decide. Básicamente, el articulado de la legislación es ambiguo y permite que cualquier cubano pueda ser impedido por las autoridades de salir o entrar al país, fundamentalmente, por razones de interés del Estado. Este instrumento jurídico entró en vigor en 2015 y a el se refiere el MINSAP en su nota.
La historia de las restricciones migratorias a los médicos cubanos se remonta a la resolución ministerial No. 54 de 1999, que Impuso trabas para la emigración de los médicos.
En 2020, Yadira León Bermúdez, una licenciada en Farmacia que abandonó una misión médica en Venezuela, denunció el tratamiento que da el gobierno cubano a los profesionales, a quienes llama “desertores”, y contó que tras ser repatriada a Cuba estuvo 2 años y 3 meses indocumentada dentro de su propio país.
Los servicios médicos y profesionales son uno de los sectores que más dinero aportan a la economía cubana y, de esta manera, sostienen al régimen, por lo que el gobierno cubano hace todo lo posible por frenar el éxodo de estos profesionales.
A mediados de junio, el gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba en la “lista negra” del tráfico de personas, debido a las prácticas con que funcionan las brigadas de servicios médicos y profesionales que el régimen envía al exterior.
El gobierno de Estados Unidos identificó que Cuba participa de una “política o patrón documentado sobre trata de personas en programas financiados por el gobierno y trabajo forzoso en servicios médicos afiliados al gobierno”.
Las misiones médicas cubanas en otros países constituyen para el Departamento de Estado un claro ejemplo de tráfico de personas. La Habana “siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas” y sin abordar “violaciones laborales y delitos de tráfico”.
Entre otras alegaciones, EE.UU. acusó a Cuba de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que varían de país a país. También de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios, y amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.
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