El joven cubano Jimmy Johnson Agosto fue acusado de sabotaje, un delito contra la seguridad nacional, en relación con las protestas en Nuevitas, Camagüey, informaron este lunes sus familiares.
Las pruebas que dice tener la Seguridad del Estado en Camagüey en contra de Johnson son dos balines de cemento (llamados quingles por los nueviteros), un tirapiedras y una llamada anónima inculpándolo.
Los balines son pequeñas bolas de desechos provenientes de la fábrica de cemento de Nuevitas, cuya cantera se encuentra detrás de un caserío del barrio La Gloria, donde vive el joven acusado.
Inicialmente, lo acusaban de apedrear una tienda de la localidad el 23 de agosto, dos días después de la última protesta de que se tienen noticias. Horas más tarde, el mismo instructor policial de nombre Axel, cambió el lugar del supuesto delito e imputó el de sabotaje por apedrear la planta eléctrica.
Las manifestaciones en Nuevitas fueron reportadas los días 19, 20 y 21 de agosto, y en ningún momento el discurso oficial documentó o se refirió a daños contra las propiedades estatales, como sí lo hizo cuando el 11J.
Más aun, la localidad ha estado totalmente militarizada después de las protestas, y el propio día 23 trascendían las imágenes y denuncias de cercos policiales o detenciones arbitrarias, en represalia contra quienes exigían que les repusieran el fluido eléctrico.
Además de acusarlo de tan grave delito, a Johnson le impusieron prisión preventiva como medida cautelar, por lo que deberá permanecer en prisión probablemente hasta el día del juicio, a menos que las autoridades emitan un cambio de medida.
“Ellos dicen que lo que usaron en la planta fueron bolas de quingle y piedras como esas fue lo que encontraron en casa de Jimmy, pero ahí en Nuevitas cualquiera tiene eso. Hasta yo tenía”, dijo a CiberCuba Isabel Cristina Agosto Grimal, madre del joven, en referencia a la versión de las autoridades.
Otra persona de la familia había dicho a nuestro portal de noticias que el muchacho siempre ha tenido en su domicilio balines y tirapiedras para cazar pájaros.
De acuerdo con el abogado de Cubalex, Alain Espinosa, las autoridades “tendrían que demostrar de manera fehaciente la participación que le imputan y el mero hecho de encontrar un tirapiedras y balines en su casa no lo demuestra”.
“Por otra parte, el delito de sabotaje tiene elementos técnicos y básicamente ellos tendrían que demostrar que la intención de la persona era obstaculizar el normal uso o funcionamiento del lugar que se trata, y que lógicamente tiene que ser una unidad socioeconómica”, agregó el letrado.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigor en poco más de dos meses, arrecia el marco sancionador con relación a su predecesor y establece en su artículo 125 el sabotaje como un delito contra la seguridad del estado.
Las condenas, que ahora tienen un mínimo de dos años de privación de libertad y un máximo de 20 o pena de muerte, pronto serán de cuatro a 30 con pena de muerte incluida, para quien de manera consciente ocasione “graves daños o perjuicios” a propiedades estatales y actividades socioeconómicas del país, poniendo “en peligro la seguridad colectiva”.
Johnson, de 26 años, fue detenido sobre las tres de la tarde del pasado 6 de septiembre a su regreso del hospital local, donde fue a atenderse un episodio de epilepsia, trastorno del que padece. El joven fue arrestado sin zapatos y aún débil, y conducido a la unidad de policía de Nuevitas.
Esa misma noche, luego de realizar un registro a su casa, las autoridades lo llevaron hasta la Seguridad del Estado en Camagüey, donde actualmente se encuentra detenido.
Al cabo de tres días de estar detenido y ser sometido a interrogatorios, sin poder acceder a sus medicinas para la epilepsia, ni a su ropa ni a un abogado, el joven finalmente pudo contar con asistencia letrada el viernes, tras insistir sobre sus derechos.
Aún la familia no lo ha visto y tampoco le han permitido comunicación directa con él, ya sea personalmente o a través de llamadas telefónicas.
Para el abogado de Cubalex, lo anterior constituyen violaciones al debido proceso a partir del artículo 95 incisos B, H y E, respectivamente, de la Constitución de la República. Al joven se le vulnera “el derecho a comunicarse con inmediatez con sus familiares y allegados, el derecho a contar con representación letrada desde el inicio del proceso, el derecho a no declarar en su contra o la de sus allegados”, dijo.
“Esas violaciones impiden determinar si existieron otras, como puede ser tratos contrarios a su dignidad e integridad física y moral, ser víctima de violencia o coacción para ser forzado a declarar”, explicó.
La familia asegura, abogado mediante, que Johnson mantiene su inocencia por los cargos que se le imputan.
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