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Seguridad del Estado cita a la académica Alina Bárbara López Hernández

López Hernández, quien es coordinadora del medio independiente La Joven Cuba, aseguró que no asistirá a ninguna reunión con la Seguridad del Estado ni participará de la lógica perversa que quieren imponerle.

Alina Bárbara López Hernández © Facebook / Alina Bárbara López Hernández
Alina Bárbara López Hernández Foto © Facebook / Alina Bárbara López Hernández

Este artículo es de hace 1 año

La Seguridad del Estado citó este martes para un interrogatorio a la académica matancera Alina Bárbara López Hernández, coordinadora del medio independiente La Joven Cuba.

“Vinieron a mi casa dos oficiales de contrainteligencia que me dejaron esta citación con fines de que asista a una entrevista a las 2 pm. No lo haré. No se trata de un problema de capricho, o de perreta infantil. Explicaré mis motivos”, denunció López Hernández, en un post de Facebook.

“En Cuba se ha entronizado una lógica perversa que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para encausar y que son amenazados y coaccionados por motivos políticos. Yo no me prestaré a ello. Creo necesario cerrar ese esquema”, agregó.

La historiadora, quien también se desempeña como editora en la casa Ediciones Matanzas, considera que la función de los órganos de contrainteligencia debe ser “investigar y, una vez armada la trama de un delito, pasarlo a Fiscalía para una acusación formal. Si tienen modo de probar un delito en mi caso, háganlo”.

“Yo no tengo nada que decirles, y tampoco nada de lo que quieran decirme lo aceptaré. Porque lo que ustedes quieren: que no ejerza mi libertad de pensamiento, expresión y reunión, es inaceptable para mí, como debería serlo para cualquier ciudadano e intelectual”, concluyó la académica, quien incluyo en su post una imagen de la citación que le fue cursada.

En la mañana, López Hernández había explicado que fue contactada por una coronel de la contrainteligencia, quien le propuso sostener una conversación informal en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), de la ciudad de Matanzas.

“Mi respuesta fue: yo no tengo nada que conversar con la contrainteligencia, si desean venir a mi casa serán recibidos. Les adelanto que el otro paso sería una citación oficial e iría con mi abogado llegados a ese punto”, explicó.

Tras la denuncia, la académica ha recibido el apoyo a través de las redes de intelectuales, activistas y miembros de la sociedad civil.

“Con indignación, leo que Alina Bárbara López Hernández, está siendo citada por oficiales de la contrainteligencia. No sé cuáles serán sus razones, pero sí creo conocer la honestidad, profesionalidad y ética demostrada en estos años por la coordinadora principal de la plataforma La Joven Cuba, espacio donde además he publicado una docena de textos”, comentó el crítico de cine Gustavo Arcos.

Por su parte, el joven católico Leonardo Fernández Otaño dijo “Alina es una de las intelectuales más honradas que conozco, pero más que eso Alina es mi amiga. Querida Seguridad del Estado vamos a ver si dejan de acosar a las personas valiosas y destinan el combustible que utilizan los agentes para llevar citaciones a los hospitales o la Guiteras”.

En los últimos días, la académica ha estado envuelta en la polémica, luego de que el encuentro de jóvenes escritores críticos “La peor generación”, donde López Hernández iba a participar como una de las presentadoras, fuera cancelado en varias ocasiones, debido a presiones de la Seguridad del Estado.

A mediados de octubre, López Hernández fue una de las firmantes de la carta donde más de un centenar de artistas e intelectuales respondieron al pronunciamiento de la oficialista Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC) que niega la represión en el país tras protestas masivas.

En la declaración, estos intelectuales ilustraron la crisis actual de la economía cubana, la pésima gestión gubernamental y las violaciones de los derechos humanos en Cuba.

Asimismo, tildaron de incoherentes a escritores, historiadores e investigadores por pretender enmascarar la violencia institucional que ellos mismos padecieron y por criminalizar las demandas del pueblo que un día defendieron.

En marzo, la historiadora firmó también una carta pública para exigir la excarcelación de los presos políticos de las protestas de julio de 2021.

El documento, titulado “Manifiesto contra el silencio, por la justicia”, argumentó que, ante los sucesos de julio, el Estado respondió con “una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos”.

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