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El gobierno cubano ha anunciado una serie de reformas en la normativa de importación, venta y transferencia de vehículos con el objetivo de modernizar el parque automotor y aliviar las tensiones en el acceso al transporte.
Publicada en la Gaceta Oficial No. 128 del año 2024, esta normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2025. El texto legal busca actualizar un marco regulatorio que ha permanecido rígido durante décadas, con el objetivo declarado de mejorar la gestión del transporte y flexibilizar el acceso a vehículos. Sin embargo, estas medidas, aunque significativas en el papel, parecen ser insuficientes para abordar las profundas raíces de la crisis del transporte en la isla, caracterizada por décadas de ineficiencia estatal, precios inaccesibles y restricciones excesivas.
Principales medidas anunciadas en la Gaceta Oficial
- Flexibilización en la transmisión de propiedad: Se permite la transmisión de vehículos entre personas naturales y jurídicas, incluyendo organizaciones religiosas y empresas privadas, aunque la venta de entidades estatales a naturales requerirá aprobación del Consejo de Ministros.
- Nuevas tarifas arancelarias: Los vehículos eléctricos y de bajo consumo tendrán aranceles preferenciales del 10%, mientras que los de combustión interna enfrentarán tasas de hasta el 30% según su categoría y segmento.
- Reducción de márgenes comerciales: Los márgenes comerciales de las entidades importadoras y comercializadoras estatales se limitan al 20%, con la intención de reducir los precios finales.
- Incentivos para vehículos eléctricos: Se prioriza la importación de automóviles eléctricos y su infraestructura de carga, con impuestos reducidos y apoyo logístico para la adquisición.
- Acceso restringido por periodicidad: Cada persona natural podrá importar un solo vehículo cada cinco años, con limitaciones adicionales para vehículos de lujo.
- Comercialización de autos usados provenientes del turismo: Los vehículos que han cumplido su ciclo en la renta turística se ofrecerán en moneda nacional, a precios formados por correlación al mercado secundario.
Datos adicionales sobre la normativa
- Impuestos especiales progresivos: Se aplicarán tasas de hasta el 200% en vehículos de lujo y un 100% en autos utilitarios, dependiendo de la gama.
- Modelos priorizados: La normativa incluye una lista preliminar de marcas y modelos aprobados, favoreciendo autos eléctricos de bajo consumo.
- Fondos destinados al desarrollo del transporte público: Los ingresos generados por estos impuestos serán destinados al mantenimiento y mejora de la infraestructura de transporte público.
Puedes consultar la gaceta del lunes 30 de diciembre del 2024 en Cuba aquí
A pesar de estas disposiciones, los precios finales continúan siendo exorbitantes para el ciudadano promedio. Un automóvil tiene un precio inicial 15,900 USD, una cifra astronómica considerando que el salario medio en Cuba apenas supera los 3,000 pesos cubanos mensuales (aproximadamente 10 USD). El margen comercial y los impuestos especiales continúan inflando los costos, perpetuando la inaccesibilidad para la mayoría de la población.
La evolución de las normativas sobre importación y compraventa de vehículos en Cuba ha generado múltiples expectativas entre los ciudadanos. En septiembre de 2024, el gobierno cubano anunció una significativa rebaja en los precios de los vehículos importados. Según las autoridades, un automóvil que anteriormente costaba entre 55,000 y 60,000 USD, ahora tendría un precio inicial de aproximadamente 15,900 USD. Este cambio busca aliviar los costos inflados, derivados de márgenes comerciales que alcanzaban hasta un 500% y altos impuestos especiales.
Asimismo, se aprobó la autorización para la compraventa de vehículos entre personas naturales y jurídicas, incluyendo mipymes, organizaciones religiosas y oficinas extranjeras. Estas medidas están acompañadas por ajustes en los impuestos y márgenes aplicados a las transacciones, aunque las entidades estatales siguen requiriendo la aprobación del Consejo de Ministros para transferencias hacia individuos. Además, la entrada en vigor de estas disposiciones ha enfrentado retrasos debido a ajustes normativos, lo que ha generado incertidumbre sobre su implementación y efectividad en el corto plazo.
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