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El régimen cubano excarceló a los presos políticos del 11 de julio de 2021, Luis Frómeta Compte e Iván Arocha Quiala, como parte del proceso de "beneficios de excarcelación anticipada" anunciado en enero por las autoridades judiciales de la isla.
Luis Frómeta Compte, ciudadano cubano-alemán, fue arrestado en el contexto de las protestas del 12 de julio de 2021 en La Güinera, La Habana, por grabar y transmitir en video la manifestación. Inicialmente, la fiscalía solicitó una condena de 24 años de prisión por el delito de "sedición"; fue sentenciado a 25 años, reducidos posteriormente a 15 tras un recurso de casación.
Su salud se había deteriorado gravemente en prisión, lo que generó llamados de su hija y organizaciones internacionales para exigir su liberación y traslado a Alemania. En febrero, se reportó que padecía una crisis hipertensiva severa con un cuadro médico preocupante.
Su familia confirmó la noticia de su liberación, solicitando privacidad y agradeciendo el apoyo recibido.
Su excarcelación se produjo dentro del marco de las liberaciones recientes de prisioneros políticos.
Iván Arocha Quiala fue detenido en El Caney, Santiago de Cuba, durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Fue procesado por varios delitos, entre ellos "propagación de epidemias", "desórdenes públicos", "instigación a delinquir", "desacato", "atentado" y "resistencia". La fiscalía pidió 7 años de prisión, pero fue sentenciado a 10, sin que prosperara su apelación.
Es uno de los seis miembros de la familia Arocha Quiala que fueron arrestados en las protestas del 11J. Su padre, Iván Mauricio Arocha, fue excarcelado el 27 de febrero, tras la reanudación del proceso de liberaciones. La familia denunció que los seis habían sido enviados a prisiones diferentes como estrategia para debilitarlos emocionalmente. Hasta hace unos meses, varios de ellos continuaban en prisión.
En los últimos días, al menos 15 personas detenidas por razones políticas han sido excarceladas. Las autoridades cubanas han dejado claro que no se trata de una amnistía ni de un indulto, sino de un "beneficio de excarcelación anticipada" que impone condiciones a los liberados, como la obligación de demostrar "buen comportamiento" bajo la amenaza de ser reencarcelados.
Las liberaciones recientes se producen tras más de un mes de pausa en el proceso, interrumpido a finales de enero. El régimen había prometido la excarcelación de 553 prisioneros en el marco de un acuerdo con el Vaticano; hasta la paralización del proceso solo había liberado a alrededor de 150.
Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que el régimen cubano ha inflado las cifras de excarcelaciones al mezclar a presos políticos con reos comunes y que la mayoría de los liberados ya tenían derecho a libertad condicional desde hace meses o a un régimen abierto. Además, activistas han denunciado que el gobierno mantiene aún a cientos de prisioneros de conciencia en cárceles cubanas y que los excarcelados siguen sometidos a vigilancia y restricciones.
Mientras, el régimen sigue advirtiendo que quienes no cumplan con las condiciones impuestas podrían ser devueltos a prisión en cualquier momento.
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