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Luis Mario Jerez Estrada, residente en la ciudad de Bayamo, provincia Granma, denunció este martes en las redes sociales haber sido multado con 16,000 pesos por ejercer su trabajo, a pesar de contar, según afirma, con los papeles en regla y pagar impuestos al Estado cubano.
“Cosas de la vida, qué condena vivir en un país donde trabajar es un delito”, escribió en su perfil de Facebook, en la que relató el incidente con oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quienes lo habrían acusado de estar “ilegal”, pese a presentar su documentación.
Jerez se refirió al acoso policial que enfrentan los trabajadores por cuenta propia, afirmando que en Cuba “da más resultado salir de noche, asaltar y matar a alguien para quitarle un teléfono o algo de valor, que trabajar honestamente”.
El joven advirtió que podría enfrentar represalias por hacer pública la situación, como el decomiso de su móvil u otras sanciones, pero aun así decidió denunciar lo ocurrido.
“Eso no me importa, lo que no puedo es dejar pasar ese incidente sin denunciarlo”, expresó.
Su testimonio refleja el malestar creciente entre muchos cubanos que intentan sobrevivir con actividades económicas fuera del sistema estatal, en un contexto de crisis, inflación y escasas oportunidades formales de empleo.
En la sección de comentarios, numerosas personas expresaron su indignación ante lo sucedido, mientras que otras señalaron que este tipo de situaciones son cada vez más comunes en Cuba.
Yordanis Perdomo Leyva expresó: “Esa es la cruda realidad de nuestro día a día, y así todas las noches salen criticando a otros países por sus problemas, cuando el mayor problema lo tenemos aquí, entre nosotros mismos”.
“Después el pueblo habla y los comunistas dicen que están en contra del gobierno y no se dan cuenta que es el gobierno que está en contra del pueblo”, subrayó Adrián Zamora.
Arletis Mojena recalcó: “Esa es la cruda y triste realidad que se vive en Cuba, como dice la canción ‘Cuba necesita un cambio y ese cambió es ya’”.
En los últimos años se han intensificado las denuncias en redes sociales sobre injusticias en Cuba, muchas de ellas protagonizadas por ciudadanos comunes que buscan visibilizar situaciones críticas.
En 2024, una mujer residente en Las Tunas denunció la presunta detención de su esposo por publicar en Facebook una queja sobre los apagones.
Según su testimonio, tras subir el mensaje, agentes de la Seguridad del Estado intentaron coaccionarlo para que lo retirara, y horas después la policía se presentó en su vivienda con una orden de registro y se llevó detenido al joven.
Ese mismo año, una cubana identificada como Sairis Castillo, publicó un video en el que refutaba la narrativa oficial que minimiza la crisis en la isla.
En su mensaje, expresó que los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, y la falta de libertades políticas son razones más que suficientes para que el pueblo proteste. Su testimonio ganó visibilidad por la fuerza emocional con que denunció la precariedad cotidiana de los cubanos y la sensación generalizada de vivir bajo una constante supervivencia.
El caso de Roelbis, un niño de Camagüey que vendía tamales para ayudar a su abuela, generó en septiembre pasado una ola de solidaridad tras ser difundido en redes sociales por el periodista independiente José Luis Tan Estrada.
El niño, conocido como “Titingo”, logró captar la atención de numerosos usuarios que organizaron donaciones para evitar que tuviera que seguir trabajando en la calle.
En octubre, la indignación se reavivó tras el decomiso de camiones con alimentos pertenecientes a campesinos en Santiago de Cuba. La denuncia fue realizada por el periodista Yosmany Mayeta Labrada en su perfil de Facebook.
Las publicaciones generaron un intenso debate sobre la falta de apoyo institucional al campo cubano, y muchos usuarios en los comentarios criticaron la actuación policial, resaltando que mientras el pueblo padece hambre, las autoridades obstaculizan el acceso a alimentos.
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