Campesinos en Pinar del Río “pinchan” tuberías de agua para regar sus cultivos

Autoridades de Recursos Hidráulicos en Pinar del Río denunciaron que campesinos de la provincia están “pinchando” las tuberías del sistema hidráulico para desviar el agua potable hacia sus cultivos, en medio de una situación cada vez más tensa con el abasto de agua en varios municipios del territorio.

Según un reporte del periódico oficialista Granma, las principales afectaciones se concentran en las cuatro conductoras que abastecen a la ciudad de Pinar del Río, y a los municipios de Consolación del Sur y Viñales.

En este último, se detectó recientemente que un productor agrícola desviaba el agua destinada al hotel Los Jazmines y a la comunidad aledaña, para utilizarla en sus siembras.

Las autoridades indicaron que este no es un caso aislado y que los llamados “pinchazos” a las redes hidráulicas con fines agrícolas se repiten constantemente.

“Las ilegalidades tenemos que enfrentarlas y resolverlas”, declaró Julio César Rodríguez Pimentel, delegado de Recursos Hidráulicos en Vueltabajo, aunque reconoció que “el problema es que siempre aparecen nuevas”.

En noviembre pasado se detectaron dos conexiones ilegales en el sistema Kilo 5, que abastece a la parte norte de la ciudad —una de las zonas con ciclos de entrega de agua más largos—, y en enero se descubrieron otras dos más, utilizadas para el riego de frijoles, plátanos y frutales.

Las autoridades explicaron que los infractores operan de distintas maneras: excavan para acceder a las tuberías subterráneas y conectarse de forma ilegal, o bien rompen válvulas del sistema para liberar el agua y conducirla por zanjas hasta los sembrados.

Según las autoridades, estas acciones no solo agravan el desabastecimiento, sino que también deterioran la infraestructura hidráulica de la provincia.

Engrasio Machín Iglesias, director de Inspección Estatal en la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, lamentó que las multas por este tipo de violaciones sigan siendo bajas y poco disuasorias.

No obstante, anunció que se están realizando acciones conjuntas con la Dirección Integral de Supervisión, que está facultada para imponer sanciones más severas.

“Este tipo de hechos no puede quedar impune”, advirtió el funcionario, aunque el reporte de Granma no especifica cuántas personas han sido multadas o procesadas por estos actos.

Mientras tanto, el pueblo pinareño continúa enfrentando problemas en el acceso al agua potable, agravados por la combinación de sequía, deterioro de redes y ahora, también, por estas prácticas ilegales que privilegian cultivos agrícolas por encima de las necesidades básicas de la población.

En medio de una creciente ola delictiva en Cuba, el régimen ha intensificado su retórica y acciones punitivas con el objetivo de ejercer mayor control social.

El pasado marzo, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció durante un ejercicio nacional contra la delincuencia que se aplicarían juicios ejemplarizantes para delitos cometidos especialmente dentro de instituciones estatales, como robos, vandalismo y corrupción.

Esta estrategia, apoyada por el Ministerio del Interior y el Partido Comunista, busca reforzar el papel del Estado en el enfrentamiento a las ilegalidades en un contexto de fuerte crisis económica y descontento popular.

Pocos días después, se conoció el caso de un ciudadano condenado a 10 años de cárcel por intentar sustraer computadoras del hospital Ernesto Guevara, en Las Tunas.

El juicio fue utilizado como ejemplo por la prensa oficialista para respaldar la campaña judicial del régimen. Ese mismo día, en Santiago de Cuba, la policía detuvo un vehículo estatal que transportaba más de tres millones de pesos cubanos en efectivo sin justificación legal, lo que elevó las alarmas sobre el uso indebido de medios del Estado y posibles delitos financieros, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre medidas tomadas.

Recientemente, las autoridades cubanas hicieron un llamado a la población para denunciar actos vandálicos contra el transporte público, luego de registrarse múltiples ataques con piedras a ómnibus en La Habana.

Estos hechos, que dañaron cristales y pusieron en peligro a conductores y pasajeros, reflejan no solo un aumento de la violencia urbana sino también el deterioro de los servicios públicos y la falta de respuestas eficaces del gobierno.