El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre celebró un juicio penal contra dos trabajadores de la refinería Ñico López, en La Habana, acusados del delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas del Estado.
De acuerdo con una publicación de Canal Habana en su perfil de Facebook, realizada este miércoles, los imputados no siguieron los procedimientos establecidos para la descarga de combustible desde un buque hasta los tanques de almacenamiento, lo que provocó un derrame de 280 mil litros de gasolina tipo B-90.CAP
Las pérdidas económicas, según el medio oficial, se estiman en más de 5 millones de pesos cubanos, una cifra significativa en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.
Las autoridades no revelaron las identidades de los acusados ni la sentencia impuesta, aunque informaron que el caso se encuentra en fase judicial.
“Más detalles en próximas emisiones de Habana Noticiario”, concluyó la escueta nota oficial, sin precisar posibles responsabilidades de supervisión, ni señalar a ningún otro responsable ni mencionar los daños al medio ambiente.
En los comentarios, varios internautas coincidieron en que un hecho de tal magnitud no puede recaer únicamente sobre los dos operarios enjuiciados, pues seguramente contaban con supervisores, personal administrativo y directivos que también debieron responder.
Otros subrayaron que dirigentes como el defenestrado exministro de Economía, Alejandro Gil, han estado implicados en hechos mucho más graves, y sin embargo el régimen no ha actuado con la misma severidad.
En el marco del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, iniciado el lunes, el régimen cubano prometió castigos severos y juicios ejemplarizantes por delitos graves en instituciones estatales.
En este sentido, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel pidió respuestas “contundentes” ante delitos cometidos en centros del estado, como robos, actos vandálicos y corrupción.
Como parte de esa cruzada, este martes trascendió el caso de un joven cubano que fue condenado a siete años de prisión por criticar públicamente a Díaz-Canel.
La sentencia, dictada en Santiago de Cuba, generó preocupación entre activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que vieron en el fallo una señal de represión política bajo el disfraz de sanciones penales.
Este miércoles también fue noticia que la exintendenta de Puerto Padre, en Las Tunas, recibió siete años de cárcel por delitos relacionados con corrupción administrativa.
El veredicto fue presentado por los medios oficialistas como una muestra del compromiso del sistema judicial con la “legalidad socialista”, sin mención de responsabilidades estructurales o institucionales.
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