El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que 171 de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio cuentan ya con sus bases jurídicas completadas y que el gobierno ha aprobado 215 normas para respaldar su implementación.
Sin embargo, un estudio académico advierte que la apertura anunciada no garantiza por sí misma los derechos y la seguridad jurídica que necesitan empresarios e inversionistas.
Las cifras fueron presentadas por el gobernante el 2 de noviembre, durante un encuentro con directivos de empresas estatales. Díaz-Canel reconoció que todavía faltan los procedimientos de cinco medidas, a las que calificó como las más polémicas, sin identificar cuáles son ni precisar cuándo estarán listas.
El balance supone un avance respecto a la situación de agosto, cuando buena parte de las reformas todavía esperaba su desarrollo normativo. Pero deja abierta una cuestión fundamental: ¿basta con aprobar nuevas leyes y regulaciones para transformar una economía sometida durante décadas al control del Estado?
Esa es precisamente la pregunta que aborda Sofía Lagos en el ensayo «Las recientes reformas económicas de Cuba: ¿apertura jurídica o ilusión legislativa?», publicado el 27 de agosto en Horizonte Cubano, proyecto académico de la Universidad de Columbia.
Su análisis distingue entre permitir nuevas actividades económicas y establecer un sistema jurídico capaz de protegerlas frente a decisiones administrativas, incumplimientos contractuales o cambios en la política gubernamental.
Una apertura que no garantiza derechos
Lagos reconoce que las 176 medidas incluyen modificaciones significativas respecto al sistema anterior.
Entre ellas destacan la posibilidad de crear bancos y casas de cambio privados, ampliar las inversiones extranjeras en empresas no estatales, eliminar determinadas restricciones a la contratación laboral y permitir una mayor participación privada en el comercio exterior.
Son cambios que, de aplicarse plenamente, ampliarían las posibilidades de actuación de empresarios cubanos e inversionistas extranjeros.
Pero la autora advierte que eliminar una prohibición no equivale a establecer un derecho que pueda hacerse valer efectivamente ante las autoridades y los tribunales.
Un inversionista necesita conocer no solo si puede abrir una empresa, sino también si conservará su licencia, si podrá exigir el cumplimiento de un contrato, convertir sus ganancias en divisas o recurrir una decisión administrativa que perjudique sus intereses.
Según Lagos, el paquete aprobado en junio no ofrecía respuestas suficientes a esas cuestiones.
El estudio señala, por ejemplo, que las autorizaciones para determinadas inversiones extranjeras siguen dependiendo de decisiones discrecionales de las autoridades, mientras las reformas no establecen garantías generales sobre las condiciones para suspender o revocar licencias.
El problema no es menor: una empresa puede recibir autorización para funcionar y, sin embargo, continuar expuesta a una incertidumbre regulatoria que dificulte la financiación y las inversiones a largo plazo.
El obstáculo de la seguridad jurídica
Otra de las críticas centrales de Lagos se refiere a la ausencia de mecanismos suficientemente independientes y previsibles para resolver conflictos comerciales.
La investigadora cuestiona las garantías de independencia del sistema judicial cubano y recuerda que el país no forma parte del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), uno de los principales mecanismos internacionales utilizados en controversias entre inversionistas y Estados.
Aunque Cuba cuenta con tratados bilaterales de inversión y otros mecanismos de arbitraje, la autora considera que el problema fundamental sigue siendo la capacidad de hacer cumplir efectivamente las obligaciones contractuales.
También señala que la autorización de instituciones financieras privadas no resuelve automáticamente la escasez de divisas ni asegura que los beneficios obtenidos en pesos cubanos puedan convertirse y transferirse al exterior.
A estas dificultades se suman los riesgos asociados a las sanciones estadounidenses, especialmente cuando las operaciones involucran entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA.
Son obstáculos que afectan particularmente a los proyectos industriales, energéticos y de infraestructura, cuyos inversionistas necesitan comprometer grandes cantidades de capital durante años antes de recuperar su dinero.
Más normas, pero ¿mejores garantías?
El balance presentado ahora por Díaz-Canel obliga a actualizar una parte del diagnóstico de Lagos.
Cuando publicó su investigación, en agosto, la autora cuestionaba la lentitud con que avanzaba el desarrollo legislativo de las 176 medidas. Dos meses después, el gobierno asegura haber aprobado 215 disposiciones y completado las bases jurídicas de casi todo el paquete.
Ese avance modifica y actualiza la situación normativa, pero no responde automáticamente a las objeciones de fondo del estudio.
La cantidad de disposiciones aprobadas no permite conocer por sí sola si los nuevos derechos cuentan con protección efectiva, si se han reducido las facultades discrecionales de la administración o si existen procedimientos fiables para resolver controversias.
Para determinarlo resulta necesario examinar el contenido de las normas, su aplicación práctica y las garantías que ofrecen a quienes decidan invertir o desarrollar actividades privadas.
En su ensayo, Lagos sostiene que las reformas funcionan menos como una liberalización general que como una ampliación de excepciones autorizadas dentro de un sistema que conserva el control estatal sobre las decisiones económicas fundamentales.
Esa interpretación contrasta con la presentación gubernamental de las 176 medidas como un proceso de transformación capaz de liberar las fuerzas productivas y modernizar el funcionamiento empresarial.
La diferencia entre ambas perspectivas no radica en negar que existan cambios, sino en determinar hasta dónde llegan y qué derechos concretos establecen.
El desafío de convertir las reformas en resultados
Las dudas jurídicas se añaden a las objeciones económicas formuladas por otros especialistas.
En agosto, el economista cubano Pedro Monreal advirtió que las 176 medidas carecían de un eje específico de estabilización macroeconómica, pese a los graves desequilibrios monetarios y productivos del país.
Su crítica y la de Lagos examinan dimensiones diferentes del mismo programa: una cuestiona sus fundamentos macroeconómicos; la otra, las garantías jurídicas necesarias para que las nuevas oportunidades puedan convertirse en inversiones y actividades sostenibles.
Para el régimen, la aprobación de centenares de normas representa un avance en la implementación de las reformas. Para los inversionistas, sin embargo, el valor de esas disposiciones dependerá también de la estabilidad de las reglas, la seguridad de los contratos y la posibilidad de ejercer sus derechos frente a las instituciones estatales.
El estudio de Lagos plantea así una distinción que las cifras anunciadas por Díaz-Canel todavía no permiten despejar: una cosa es ampliar legalmente las actividades económicas autorizadas y otra garantizar que quienes las desarrollen puedan operar con autonomía, previsibilidad y protección jurídica efectiva.
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